Durante las manifestaciones se habría registrado casos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, con agresiones físicas y el uso de agentes químicos irritantes a corta distancia.

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresan su preocupación ante reportes recibidos sobre alegado uso excesivo de la fuerza pública durante las manifestaciones contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en Argentina. A su vez, instan al Estado para que respete y garantice los derechos de asociación, reunión pacífica y libertad de expresión, así como la seguridad de quienes participan en las manifestaciones.

El 9 de octubre, durante la sesión de la Cámara de Diputados que trató el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, se registraron manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en Buenos Aires. Según reportes recibidos por organizaciones de la sociedad civil, durante las protestas, en las que participaron estudiantes, docentes y personal no docente de las universidades, se observaron incidentes de violencia, que dieron lugar a un operativo de seguridad por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, durante las manifestaciones se habría registrado casos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, con agresiones físicas y el uso de agentes químicos irritantes a corta distancia. Como consecuencia, al menos 16 personas habrían resultado heridas, entre ellas tres periodistas que se encontraban cubriendo las protestas y dos policías.

El Estado, por su parte, informó que no se registraron incidentes entre los manifestantes y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, salvo una agresión a una persona simpatizante del partido de gobierno.

Además, organizaciones denunciaron la presunta participación de agentes de la policía sin uniforme o identificación, lo que podría comprometer la rendición de cuentas. Al respecto, el Estado indicó que los efectivos policiales llevan siempre su uniforme reglamentario y no actúan vestidos con ropa civil.

De otra parte, según información del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, en los operativos se registraron al menos siete detenciones, de las cuales seis personas habrían sido imputadas por el supuesto delito de "atentado a la autoridad agravado". Otra persona habría sido acusada de supuestos "daños a la propiedad". Entre las personas detenidas, se destaca la aprehensión de un menor de edad que, de acuerdo con reportes públicos, participaba de manera pacífica en la manifestación y fue liberado posteriormente en las cercanías del Congreso.

Frente a los hechos expuestos, la CIDH y su Relatoría Especial reafirman que la protesta pacífica es un pilar fundamental en las sociedades y gobiernos democráticos y que el Estado argentino tiene la obligación de respetar, proteger, facilitar y garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Asimismo, recuerdan que el uso de la fuerza pública debe ser considerado como un recurso de última instancia, excepcional, y su aplicación debe estar sujeta a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con los estándares interamericanos. En caso de denuncias sobre excesos por parte de las fuerzas de seguridad, el Estado está llamado a investigar los hechos con la debida diligencia y sancionar a los responsables.

Finalmente, recuerdan que el Estado argentino está llamado a garantizar las condiciones necesarias para que las personas periodistas puedan cubrir eventos de interés público, como las protestas sociales, dado el rol fundamental de la prensa en asegurar el acceso a la información y fortalecer el debate público.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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