Las víctimas merecen justicia, no señalamientos. El Estado y la sociedad deben proteger, no callar.

Las redes, plataformas, colectivos y organizaciones de defensa de los derechos humanos que forman parte de la Alerta 348 expresamos nuestra profunda preocupación frente a los discursos y prácticas que, en el marco de denuncias de violencia sexual, culpabilizan a las víctimas, exponen aspectos de su vida personal y utilizan esta información para intimidarlas y desacreditarlas públicamente, generando que el proceso de denuncia se transforme en un hecho revictimizante y aún más doloroso para quienes denuncian.

Como organizaciones que trabajamos de manera permanente en la atención, orientación y acompañamiento a mujeres en situación de violencia, advertimos que la difusión de datos personales, historias íntimas o aspectos de la vida privada de las víctimas constituye una forma grave de amedrentamiento y revictimización. Estas prácticas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que buscan generar miedo, aislar a quienes denuncian y enviar un mensaje disuasivo a otras posibles víctimas.

Reconocemos y valoramos la valentía de las mujeres que se atreven a denunciar, muchas veces enfrentando estigmatización, ataques públicos, amedrentamiento y presiones sociales. Denunciar violencia sexual no es fácil, y menos aún cuando existen relaciones de poder, autoridad moral o religiosa, o respaldo institucional. Por ello, reiteramos que el tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia no invalida la palabra de la víctima ni disminuye la gravedad de la violencia sufrida. Las víctimas denuncian cuando cuentan con las herramientas y condiciones necesarias para hacerlo; muchas no lo hacen, lo que permite que los agresores permanezcan en la impunidad.

Alertamos, además, que estos hechos no son casos aislados, sino parte de un patrón reiterado de violencia y silenciamiento que se reproduce cada vez que una mujer decide hablar. A menudo, la indagación en la vida privada de las víctimas se utiliza como una estrategia para justificar los hechos y eximir de responsabilidad a el o los agresores. De este modo, la culpabilización y la exposición pública de las víctimas perpetúan la impunidad y refuerzan la normalización de la violencia sexual.

Reafirmamos que el debido proceso es un principio y un derecho que debe ser garantizado; sin embargo, advertimos que este no puede ser utilizado como excusa para justificar la revictimización, la intimidación ni la difusión irresponsable de información personal de las víctimas.

Desde Alerta 348 exigimos:

• El cese inmediato de los discursos que culpabilizan, desacreditan, atacan o intimidan a quienes denuncian hechos de violencia sexual.
• Investigaciones diligentes, eficientes y exhaustivas, con enfoque de género y de derechos humanos, como garantía para ambas partes del proceso.
• Un compromiso ético de los medios de comunicación, generadores de contenido digital y actores públicos para prevenir la violencia simbólica y la revictimización.
• La protección efectiva de las víctimas y el freno a su amedrentamiento, como responsabilidad indelegable del Estado y de la sociedad.

La Alerta 348 se mantendrá vigilante en resguardo del más innegociable de los derechos de las mujeres: vivir una vida libre de violencia.

¡Ni un paso atrás!

La Paz, 11 de febrero de 2026