Las organizaciones de derechos humanos, de mujeres, diversidades, niñez, juventudes, colectivos ciudadanos y entidades de la sociedad civil expresamos nuestra profunda preocupación frente al anuncio público del presidente Rodrigo Paz sobre el cierre del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Esta medida representaría un golpe directo a la institucionalidad encargada de proteger los derechos humanos de bolivianos y bolivianas en el país, en particular, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

El Ministerio de Justicia es el ente rector de políticas públicas esenciales para garantizar derechos, promover la igualdad de oportunidades, prevenir y atender violencias, asegurar acceso a la justicia y proteger a poblaciones en situación de vulnerabilidad en Bolivia.

Su cierre afectaría de manera inmediata a instancias clave como el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Viceministerio de Derechos Fundamentales, Viceministerio de Prevención y Gestión Institucional, Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, el SEPDAVI, el SIJPLU, el SIPPASE, la Defensoría Pública, las direcciones de género, generacional, niñez, discapacidad y adultos/as mayores. 

Estas instituciones cumplen funciones vitales para mujeres víctimas de violencia, niñas, adolescentes, juventudes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, adultos/as mayores, personas en riesgo de trata y todas aquellas personas que dependen del Estado para acceder a justicia gratuita y servicios de protección.

La medida vulnera principios constitucionales sobre derechos fundamentales y afecta la estructura institucional definida en las leyes 348, 548 y 263, entre otras. Además, contradice recomendaciones y compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, CEDAW, CIDH, CDPD, Belém do Pará y el Examen Periódico Universal, que han exhortado a Bolivia a fortalecer –no desmantelar–, su institucionalidad en derechos humanos, igualdad y políticas de prevención y atención a las violencias.

Es indispensable que el Gobierno garantice que los servicios esenciales vinculados a la protección de los derechos humanos no sean interrumpidos en ningún momento. Eliminar la institucionalidad de protección de los derechos humanos, en un país con altos índices de feminicidios, violencia sexual contra niñas y adolescentes, trata de personas, impunidad estructural y profundos niveles de desigualdad, significaría profundizar la desprotección y poner en riesgo los avances normativos, institucionales y sociales construidos durante décadas de lucha de organizaciones y movimientos de derechos humanos y de mujeres.

Por lo expuesto, las organizaciones de la sociedad civil organizada:

1. Exigimos garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la rectoría de las políticas públicas para la protección de los derechos humanos y de las mujeres, asegurando su jerarquía, recursos adecuados y plena capacidad de decisión.
2. Exigimos que cualquier propuesta de reestructuración estatal debe realizarse únicamente tras un análisis serio, técnico y participativo. 
3. Exigimos que la sociedad civil organizada sea parte del proceso de construcción de la arquitectura estatal, para contribuir al ejercicio pleno de los derechos humanos y de las mujeres.
4. Exigimos la continuidad plena de las políticas públicas y servicios, garantizando un presupuesto adecuado, suficiente para garantizar el acceso a derechos. Asimismo, demandamos la estabilidad del SEPDAVI, SIJPLU, SIPPASE, de las demás instancias desconcentradas que previenen violencia y brindan asistencia jurídica, cuya función es garantizar la seguridad de la ciudadanía boliviana.
5. ⁠Exigimos que las entidades encargadas de garantizar los derechos humanos, como el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), cuenten con un nivel jerárquico superior dentro de la estructura del Estado.
6. Requerimos un plan de transición institucional público serio y planificado, con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, que garantice atención a todas las personas.
7. Demandamos la ratificación y funcionamiento de la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Violencia, garantizando coordinación para la atención de casos.
8. Exigimos transparencia presupuestaria, evitando desvíos o recortes que afecten a las políticas de igualdad, acceso a la justicia y protección de poblaciones vulnerables.

Recordamos al Estado que tiene la obligación constitucional e internacional de proteger los derechos humanos. Cualquier medida que desmantele la institucionalidad constituye un incumplimiento grave y un retroceso inadmisible.

Las organizaciones firmantes estamos vigilantes y en estado de emergencia ante cualquier disposición que debilite la protección de los derechos en el país o que contravengan los principios constitucionales asumidos por el estado boliviano.