En el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la sociedad civil organizada y representada por redes, organizaciones, activistas y colectivos de derechos humanos, recuerdan al Estado boliviano que aún tiene una deuda pendiente para garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia.

Pronunciamiento

Organizaciones de la sociedad civil se pronuncian demandando medidas estructurales para garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia

En el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la sociedad civil organizada y representada por redes, organizaciones, activistas y colectivos de derechos humanos, recuerdan al Estado boliviano que aún tiene una deuda pendiente para garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia.

A pesar del mandato constitucional y la adopción de un marco normativo amplio para garantizar a las mujeres una vida libre sin violencia, en la práctica no se han logrado cambios significativos que encaminen al país hacia la erradicación de la violencia y cumplimiento de compromisos internacionales en esa materia.

Por el contrario, las cifras indican que Bolivia es el país sudamericano con mayores tasas de feminicidio, que durante los primeros seis meses del año el sistema de salud registró cuatro embarazos de menores de 15 años por día y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia registró un promedio de 82 denuncias por violencia diariamente. A ello se suma una tasa de mora procesal que supera el 90% de las causas y la ausencia de medidas efectivas para lograr una respuesta oportuna del sistema judicial, lo cual agrava la situación de re victimización, sesgos y violencia sistémica que impacta en las víctimas y sus familias durante la judicialización de sus causas.

Existen grandes brechas entre la norma y la práctica. Las disposiciones de la Ley No 348 que obliga al Estado, en todos sus niveles, a desarrollar un abordaje integral, no sólo legal, de la violencia contra las mujeres y a la adopción de medidas y políticas con la asignación de los recursos económicos y humanos suficientes, no se ha cumplido en la proporción que esta problemática demanda al Estado.

Ante una debilidad institucional para afrontar la lucha contra toda forma de violencia por razón de género, las organizaciones de la sociedad civil:

● Exigimos al Estado en todos sus niveles a adoptar medidas basadas en evidencia y una evaluación integral de las medidas desarrolladas a la fecha, para fortalecer las respuestas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas, entre ellas, las de carácter preventivo que aborden las causas estructurales de la violencia y las desigualdades de género en todos los ámbitos, que incluya el uso de los medios de comunicación del Estado para generar conciencia ciudadana de rechazo y censura a la violencia contra las mujeres y las niñas.

● Solicitamos mayor socialización de los protocolos de atención existentes y la adopción de herramientas específicas de actuación y cooperación en el contexto de la pandemia, que permitan reducir los márgenes de vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a toda forma de violencia, incluida la declaración de los servicios de atención como esenciales, ante la posibilidad de un rebrote de la pandemia.

● Demandamos al Ministerio Público, Policía Boliviana, Órgano Judicial e Instituciones Promotoras de la Denuncia, garantizar la provisión de sus servicios con personal institucionalizado y especializado; la actuación de oficio y sin costos para las víctimas, así como la sustanciación de los procesos sin dilaciones. Estas medidas deben considerar las brechas socioeconómicas, culturales, territoriales y tecnológicas que hoy confluyen como barreras en el acceso a la justicia.

● Exhortamos a las autoridades a incluir a la sociedad civil en cualquier escenario en el que se discutan, debatan y consensuen posibles reformas a la Ley No 348 y/o se adopten medidas para dinamizar su implementación, considerando la experiencia de trabajo y la información primaria que ha sido relevada para sustentar la agenda de reformas, incluidas aquellas aprobadas en la Cumbre Nacional de Justicia Plural que hoy son competencia de la Comisión creada por Ley No 898.