Redes, colectivos, instituciones y personas defensoras de derechos humanos manifestamos nuestra profunda preocupación debido a la falta de certeza sobre el rumbo que tomará la preselección de autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional y el riesgo que ello representa para garantizar el tercer proceso de elección judicial conforme las previsiones constitucionales plasmadas en los artículos 182.I, 188.I, 194.I y 198 de la CPE.

Desde el mes de marzo de 2023, el proceso de tratamiento legislativo y desarrollo de la preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional se ha retrasado; en principio por la falta de acuerdos oportunos entre las autoridades del legislativo, pero también, a raíz de acciones constitucionales que suspendieron las convocatorias y leyes en tratamiento, lo que sumado a la omisión de priorizar las respuestas oportunas de parte de las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional generó la imposibilidad de realizar las elecciones durante esta gestión.

La sociedad civil permanece vigilante de este proceso, emitiendo pronunciamientos públicos que advertían los riesgos de tales omisiones para el Estado de Derecho; pues el mandato de las actuales autoridades fenece el 31 de diciembre de 2023, y nuestro modelo constitucional reconoce a la elección judicial por voto popular, como única vía para el acceso a las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura.

En esa línea, habiendo conocido que el Tribunal Supremo de Justicia presentó mediante certificación N° 13/2023 SCTRIA – SP- TSJ una Consulta Previa de Control de Constitucionalidad sobre el PL C.S. N° 144/2022 – 2023 “Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2023” y que la misma fue admitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional comunicando tal decisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante oficio 619/2023 de 29 de septiembre, suspendiendo así el tratamiento de del proyecto de ley en consulta, este colectivo de organizaciones de sociedad civil emitimos un pronunciamiento público que exhortaba al TCP a priorizar el tratamiento de esta causa para posibilitar que se apruebe la norma y se lleve adelante la preselección en la gestión legislativa.

A pesar de esta exhortación, y, considerando que el TCP como último guardián de la Constitución Política del Estado, puede definir priorizar una causa, a la fecha todavía no se ha emitido un fallo, desconociendo las consecuencias que de ello pueden generarse para el Estado de Derecho.

De la revisión periódica que hace la sociedad civil del expediente de la causa 58030-2023-117-CCP a través del sitio web del Tribunal Constitucional Plurinacional, se identificó que el Tribunal Supremo de Justicia en fechas 8 y 10 de noviembre presentó dos nuevos memoriales solicitando ampliar la consulta efectuada, lo cual reviste de preocupación, porque – a diferencia de la primera petición – esta vez, no hubo explicaciones públicas sobre dicha solicitud, y tampoco se ha conocido la respuesta del TCP en ese sentido.

A la sociedad civil le preocupa que los máximos órganos de justicia en Bolivia no muestren voluntad para responder al desafío de allanar el camino en este proceso, y, tampoco expongan su compromiso con el Estado de Derecho; ya que es imposible efectuar el proceso eleccionario el 2023, teniendo como consecuencia directa que, a partir del 2 de enero de 2024, los cargos de magistradas, magistrados y concejeros/as del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional queden en acefalía. A esta falta de certeza jurídica sobre el desarrollo de la elección judicial, suma la preocupación de que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda emitir un fallo que establezca una forma distinta a la prevista constitucionalmente para la selección de las máximas autoridades judiciales

El Tribunal Constitucional Plurinacional es el guardián último de la Constitución Política del Estado y de la vigencia del Estado de Derecho; lo cual le supone obligaciones reforzadas frente a la población, la independencia de poderes, la democracia, los derechos humanos y las libertades ciudadanas, por tanto, bajo ningún parámetro es admisible que no resuelva con prioridad un tema de alta relevancia para Bolivia.

En ese orden las redes, organizaciones, colectivos y activistas firmantes:

• REITERAMOS que la sociedad civil organizada se mantendrá vigilante de este proceso y el fallo que debe emitir el Tribunal Constitucional Plurinacional.
• ACLARAMOS que las solicitudes de ampliación de consultas presentadas por el Tribunal Supremo de Justicia los días 8 y 10 de noviembre, se acumulan, pero de ninguna manera retrasan o suspenden los plazos para la emisión del fallo sobre la Consulta de Control Previo de Inconstitucionalidad sobre el PL C.S. N° 144/2022 – 2023 “Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2023”.
• EXHORTAMOS al Tribunal Constitucional Plurinacional a demostrar su compromiso como guardián último de la CPE y el Estado de Derecho, emitiendo a la brevedad posible la Resolución que resuelva la Consulta de Control Previo de Inconstitucionalidad sobre el PL C.S. N° 144/2022 – 2023. Dicha Resolución en el marco de lo previsto en los arts. 13 y 256 de la CPE debe adoptar los estándares más altos en cuanto al proceso de preselección de las máximas autoridades judiciales; así como debe resguardar el art. 411 de la CPE, en sentido de que el Tribunal Constitucional Plurinacional es el primero que debe respetar lo previsto en la norma suprema y en ese marco no tiene potestades para reformar la modalidad de elección prevista en la norma fundamental.
• REAFIRMAMOS nuestro pedido a las autoridades del Órgano Legislativo y las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras de asumir la transformación de la justicia como una prioridad nacional, deponiendo intereses partidarios y llegando a un acuerdo nacional para impulsar la preselección de magistrados/as y consejeros/as durante el mes de diciembre del año en curso con el fin de otorgar a la población certeza jurídica sobre la fecha en la que se desarrollarán las elecciones judiciales.
• RECORDAMOS a los órganos del Estado que la CPE contempla a la elección judicial por voto popular, como la única vía para el nombramiento de autoridades en el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional ya que en su artículo 7 dispone que la soberanía del pueblo es indelegable e imprescriptible y de ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los Órganos del Poder Público.
• En esa línea en virtud del artículo 411 de la CPE mientras no exista una reforma constitucional, la posibilidad de un nombramiento por decreto, la prórroga en el mandato de las actuales autoridades o cualquier otra vía para designarlas no sólo es inconstitucional, sino que afecta las bases fundamentales del Estado de Derecho y como sociedad civil, en caso de que se produzca una violación al texto constitucional boliviano y por ende a la democracia de nuestro país denunciaremos a instancias internacionales a los directos responsables.

Bolivia, noviembre de 2023.