En 2017, Daniela Tapia Iturri, joven mujer tarijeña, pareja de Mauricio Morales Navarro murió en circunstancias anómalas, las cuales merecen ser aclaradas e investigadas 

Redes y organizaciones que promueven la correcta aplicación de la Ley No. 348 y defienden el acceso a la justicia de mujeres en situación de violencia

¡¡¡EXIGIMOS JUSTICIA PARA DANIELA!!!

En 2017, Daniela Tapia Iturri, joven mujer tarijeña, pareja de Mauricio Morales Navarro murió en circunstancias anómalas, las cuales merecen ser aclaradas e investigadas más aún si hay antecedentes de hechos de violencia e indicios de prueba y testimonios de que su muerte no fue natural ni fortuita. Daniela dejó en la orfandad a un niño, que a su corta edad ha sido sometido a constantes declaraciones y proceso revictimizantes, al igual que el hijo de su hermana quien se encontraba en su hogar, ambos relataron lo sucedido los últimos días de la vida de Daniela, en los que ella fue aislada, realizó pedidos de auxilio y fue sometida a un supuesto tratamiento médico, sobre el cual, existen grandes interrogantes.

No obstante, después de casi tres años de la dolorosa pérdida de Daniela, la fiscalía de la ciudad de La Paz ha emitido resolución de sobreseimiento que, de ser ratificada, pondría fin al proceso, la cual no sólo es contradictoria con los elementos que fundaron en un primer momento la imputación formal, sino que, esencialmente, incumple el estándar de la debida diligencia reforzada y es evidencia de la revictimización a la familia y la burocratización de la investigación.

Debe recordarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia”. Por su parte el Tribunal Constitucional Plurinacional ha señalado que: “en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima” (SCP 017/2019-S2).

Ante esta situación y la posibilidad de que los hechos denunciados queden en la impunidad, nuestras organizaciones:

Solicitamos al Fiscal Departamental de La Paz revoque el sobreseimiento e instruya se realicen las actuaciones investigativas pendientes, así como una adecuada valoración de los elementos de convicción, a fin de no dejar en la impunidad la muerte de Daniela.

Exigimos al Fiscal General del Estado instruya se evalúen las actuaciones investigativas realizadas a fin de determinar si las mismas se cumplieron conforme el deber de la debida diligencia reforzada, y en caso de ser necesario sean rencaminadas.

Exhortamos al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y a la Asamblea Legislativa Plurinacional a realizar seguimiento a este caso, a fin de verificar que se cumplan los principios constitucionales de acceso a la justicia y los estándares internacionales en materia de violencia por razón de género contra las mujeres.

Reiteramos nuestro apoyo militante a familiares de víctimas de feminicidios y demandamosa la Fiscalía General del Estado garantice que todos los hechos de violencia sean investigados de oficio de forma exhaustiva y efectiva.

Bolivia, 22 de septiembre de 2020.