Los gobiernos de la región toman medidas frente a la Covid-19 en las prisiones: algunos salvaguardan la salud de los privados de libertad pero otros pasan por encima de sus derechos.

Al menos 47 muertos y 75 heridos. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, esa fue la cifra que resultó de un motín en la prisión de Guanare, en el centro de Venezuela, luego de que restringieran las visitas como medida de cordón sanitario para evitar la propagación del coronavirus. 

La aparición de la pandemia de Covid-19 ha provocado protestas, fugas y motines en varias cárceles de América Latina, acciones que llevaron a algunos gobiernos a considerar la polémica idea de excarcelar a parte de la población carcelaria para mitigar el riesgo de contagio. 

“Acá estamos durmiendo uno encima del otro”, dijo un recluso de una cárcel colombiana.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que en “muchos países, los centros de detención están sobrepoblados y, en algunos casos, en peligro de estarlo, por lo que la distancia social y el aislamiento en estas condiciones son prácticamente imposibles”. 

Ante esta situación, hizo un llamado a los gobiernos de la región para tomar “acciones urgentes para proteger la salud de las personas detenidas”. 

La precariedad de muchos centros penitenciarios a lo largo de la región ha sido el detonante; por ejemplo, en Sao Paulo, la alimentación de los reclusos depende de lo que les lleven sus familiares. 

Debido a las cuarentenas que se han implementado en muchos países, algunas con más restricciones que otras, en varios casos han suspendido las visitas y esto se ha traducido en hambre en las cárceles.

Medidas de algunos gobiernos

Brasil ha sido uno de los países más afectados, y se perfila como el próximo centro de la pandemia, después de Estados Unidos. Jair Bolsonaro ha tomado varias decisiones al respecto. Por ejemplo, prohibir la salida bajo permiso de 34.000 prisioneros que ya estaban teniendo beneficios de libertad condicional, quienes tras disfrutar de esa autorización, ahora deben regresar a las cárceles. 

La medida se justificó indicando que los detenidos “tendrían un alto potencial de traer y propagar el coronavirus en una población vulnerable”, señaló la Secretaría de Administración Penitenciaria en una declaración citada por Folha de Sao Paulo. Esto llevó a que más de 1.000 presos se fugaran de prisiones de Sao Paulo y tan sólo unos 700 de ellos fueron capturados. 

Reclusos brasileños incluso grabaron videos amenazando con asesinar a los guardias a menos que el Gobierno actúe rápidamente para mejorar sus condiciones de detención, incluso han llamado a unir fuerzas para “librar una guerra contra el Gobierno”. 

El Consejo Nacional de Justicia recomendó en un primer momento la liberación de los presos para reducir el riesgo de infección, pero la administración de Jair Bolsonaro prefirió la alternativa de instalar contenedores para alojar a los prisioneros con el virus.

A pesar de estos hechos, Bolsonaro ha sido uno de los líderes más escépticos ante las afectaciones generadas por la pandemia. Hace semanas generó polémica por calificarla de “gripecita”, y tras la preocupante escalada de muertes por Covid-19 en el país, expresó: “¿Y qué? Lo lamento. ¿Qué quieren que haga? Soy Mesías, pero no hago milagros”. Su negación ha llegado al punto de incluir a las peluquerías y gimnasios como “actividades esenciales” en el país.

“La solución del problema está en manos de los tribunales”, fue, por su parte, la respuesta del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Se refería a la posibilidad de dar arresto domiciliario a los privados de libertad que tuvieran más de 65 años, mujeres embarazadas o quienes tuvieran enfermedades preexistentes, frente a la amenaza del coronavirus en las cárceles.

Adicional a esta propuesta, a finales de abril, un centenar de presos se subieron a los techos de la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, a fin de reclamar por el hacinamiento que para entonces se vivía. Si bien el sistema ya cuenta con 119 plazas disponibles para el ingreso de otras personas, la situación en las cárceles argentinas no ha mejorado; todavía hay déficit de atención médica, de alimentación y de alojamiento, según los reclamos de los detenidos. A pesar de que 200 personas recibieran arresto domiciliario por ser grupos de riesgo ante el coronavirus, Fernández confirmó estar en contra de la facultad del indulto. 

Fue así como seis magistrados de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires revocaron el 11 de mayo un fallo dictado por el vicepresidente de la Corte de Casación bonaerense, Víctor Violini, que avalaba el arresto domiciliario de los presos más vulnerables para evitar que se contagien del Covid-19. Se determinó que cada excarcelación se tiene que valorar de forma individual, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, incluidas la gravedad del delito y la situación de la víctima. 

En el caso de Perú, los presos denunciaron estar abandonados ante la enfermedad, por lo que se amotinaron y exigieron atención médica. Las protestas estallaron en el penal Miguel Castro, en Lima, extendiéndose poco después a otras cinco cárceles, tres en la capital y dos en el interior del país, dejando un saldo de nueve reclusos muertos.

“Queremos las pruebas de Covid-19”, “Tenemos derecho”, Nos estamos muriendo, ayúdennos” y “Medicinas y libertad” son algunos de los mensajes que se leen en los carteles que ondean desde las cárceles.

En respuesta a los motines, las autoridades aumentaron las pruebas a los reclusos para detectar a los contagiados y anunciaron la repartición de mascarillas a todos ellos, además de crear zonas de aislamiento en los penales para los infectados con coronavirus. Asimismo, el Presidente Martín Vizcarra señaló que “vamos a liberar a presos enfermos, a los que estén por cumplir pronto su condena, a mujeres embarazadas, madres que están en el penal con sus hijos menores, pero no vamos a abrir las cárceles para que salgan los criminales, violadores, feminicidas, narcotraficantes, los corruptos que le han robado al Estado”.

En Colombia, el gobierno de Iván Duque decretó a finales de marzo la emergencia carcelaria, luego de que un motín en la Cárcel Modelo de Bogotá dejara 23 muertos y al menos 90 heridos. En este centro penitenciario se han detectado más de 70 casos confirmados por Covid-19, y tres de ellos han fallecido. Los hechos aún son investigados por las autoridades competentes.

La situación de contagio es aún más grave en la cárcel de Villavicencio, donde se contabilizan más de 800 casos, lo que representa el 87% ciento de los contagios en cárceles de Colombia, según cifras de El Espectador. Miguel Ángel Rodríguez, director de ese centro penitenciario, reveló que no es posible garantizar un aislamiento en el penal si hay “gente durmiendo debajo de las camas y en los baños”.

Agregó que tampoco es posible garantizar atención médica adecuada si los médicos renuncian porque el gobierno nacional no les provee de equipos de bioseguridad. En un debate virtual ante la Asamblea del Meta, señaló además que hay un grave problema de hacinamiento y no hay acciones de las autoridades desde distintos niveles para resolverlo.

Existe un “abandono estatal del centro de reclusión y la burocracia (…) se hacen mesas de trabajo, consejos de seguridad, en las que se dan muchas ideas, se firman muchas actas, pero no hay resultados, la burocracia nos está carcomiendo y dentro del penal hacemos lo que podemos”, aseguró, según declaraciones recogidas por El Tiempo.

Quizás las acciones que más han sacudido a la opinión pública fueron las tomadas por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien ha sido calificado de “autoritario” por medidas como el uso de la fuerza policial contra las personas que incumplan la cuarentena, tema del que ya hablamos en el análisis La pandemia del autoritarismo en América Latina.

El foco ha estado puesto en los últimos días sobre las órdenes que ha impuesto a los pandilleros privados de libertad, varios pertenecientes a la mara Salvatrucha. Según recoge la Revista Semana, citando reportes de Inteligencia, los líderes ordenaron desde las cárceles aumentar las acciones delictivas, ya que las autoridades están concentradas en el coronavirus; ante esto, Bukele ordenó a la Dirección de Centros Penales decretar emergencia carcelaria en todos los penales en los que estén recluidos pandilleros. 

“Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia. Tendremos que mover recursos para combatirlos”, indicó en Twitter.

Asimismo, ordenó encerrar en las celdas a todos los privados de la libertad por 24 horas, sin ningún contacto con el exterior, mientras los cabecillas fueron aislados individualmente, algo que recuerda a La Tumba, un sótano ubicado en Caracas, Venezuela, que funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde han mantenido a varios presos políticos en celdas de 2×3. Las medidas de Bukele fueron publicadas en Twitter por el viceministro de Justicia y Director General de Centros Penales, Osiris Luna Meza, 8.951.

Gerald Lucero es periodista y digital marketing strategist con más de cinco años de experiencia adquirida como coordinador de contenidos, productor y conductor de noticias en televisión, radio, medios digitales e impresos, trabajando en proyectos de Venezuela, Colombia, México y España. Actualmente a cargo de las comunicaciones con la Comunidad Periodística de Connectas, donde también es senior marketing strategist y content manager.

En condiciones antihigiénicas y la sobrepoblación carcelaria: 
La pandemia que desnuda una epidemia

Las dificultades para cumplir con la higiene y el distanciamiento físico durante la cuarentena en las cárceles han generado un desafío en la región, especialmente en centros penitenciarios en los que apenas se cuenta con agua y en los que en una celda para dos pueden estar hacinadas hasta ocho personas

Resulta incierto que las medidas tomadas por los gobiernos de la región para proteger a los privados de libertad tengan el impacto deseado, ya que se han registrado nuevas infecciones, tal es el caso de la cárcel de Villavicencio, en Colombia, donde de unos 400 infectados en abril por Covid-19 ya se ha pasado a casi 900 al cierre de este análisis. Pareciera cuestión de tiempo para que todos los presos se infecten, de una forma u otra.

Falta de personal de seguridad, condiciones antihigiénicas y especialmente sobrepoblación, son algunos de los problemas en las cárceles que incrementan la amenaza del coronavirus. La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para Bolivia, Ecuador y Perú alertó además de que un brote en las prisiones “podría ser devastador para su población, en particular en establecimientos hacinados, donde el nivel general de salud ya es deficiente”.

Esto último se evidencia con el informe de la población penitenciaria del Institute for Crime and Justice Policy Research (ICPR), con sede en Londres. En el documento se detalla que la tasa carcelaria promedio en América del Sur es de 233 por cada 100.000 habitantes, y en Centroamérica esta cifra llega a 316. La tasa de Europa Occidental es de tan sólo 81.

En el balance también se resalta que tres de los cinco países con tasas más alta de sobrepoblación carcelaria del mundo están en América. En Haití el nivel de ocupación roza el 450%, seguido de Bolivia y Guatemala, con una tasa cercana al 360 por ciento.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, afirmó que “un brote de coronavirus en las cárceles de América Latina generaría un enorme problema de salud pública, que afectaría no sólo a los reclusos, sino también al resto de la población”.

"El coronavirus ya ha entrado en las horrorosas prisiones de América Latina y está matando a reclusos y funcionarios. Son cruciales la excarcelación temporal y responsable de ciertos detenidos y medidas de salud dentro de las cárceles", escribió en su cuenta de tuiter.

Al igual que ha sucedido con otros sistemas, como el sanitario, el coronavirus ha desnudado también la desidia en las cárceles latinoamericanas, las condiciones infrahumanas en las que viven los detenidos, y pone sobre la mesa una bomba de tiempo, donde si a estas condiciones se les suma el virus, es posible que se desate un caos.