Los victimarios deberán adquirir las pulseras y así evitarán un acercamiento a la víctima o la reincidencia. Una activista afirma que la medida es “un paliativo ínfimo”.

Las personas denunciadas por violencia  intrafamiliar  y que  se encuentren  en la cárcel con detención preventiva,  podrán salir de prisión  siempre y cuando adquieran  unas manillas electrónicas para evitar acercarse a sus víctimas y reincidir. De acuerdo con  el ministro de Justicia,  Álvaro Coimbra, los acusados serán monitoreados permanentemente por funcionarios especializados.  

“Hemos retomado la idea de adquirir las manillas electrónicas en la primera sesión del año pasado. Este proyecto  tiene dos objetivos:  el primero es reducir la cantidad de  gente   hacinada en las penitenciarías, porque se   darán medidas cautelares para que (el acusado)  salga del recinto. La segunda es  para que la persona sindicada se compre la manilla electrónica”, explicó Coimbra.

El  Ministro de Justicia  detalló   que estas manillas tendrán un monitoreo constante  que estará a cargo de un personal especializado. Estos  funcionarios -agregó  la autoridad-  sabrán dónde se encuentra el acusado y  así   se evitará  que el agresor  se acerque a la  víctima. 

En  2015, la Dirección de Régimen Penitenciario,  a cargo de Ramiro Llanos,  presentó un  anteproyecto para   el uso de las manillas electrónicas con  la finalidad de descongestionar las cárceles del país. El año pasado, el anterior gobierno de Evo Morales anunció  la  implementación de este plan para determinados  privados de libertad, entre ellos los denunciados por violencia intrafamiliar.

Coimbra sostuvo  que efectivamente este plan de trabajo fue aceptado por el anterior Gobierno,  pero no se destinó ningún recurso para  poner en marcha el proyecto. Por esa razón -aseguró el Ministro de Justicia-  el actual Gobierno está solicitando al Ministerio de Economía la asignación de  recursos para la adquisición de las pulseras. 

“Compramos 5.000 manillas, las desaduanizamos y las  implementamos a través de un software. Debemos buscar los mecanismos para que el sindicado compre la manilla”, dijo  Coimbra. Aclaró que  la  implementación de las pulseras  aún demorará porque no será fácil arrancar con este proyecto.

Respecto  a este proyecto, la feminista y activista Patricia Flores  sostuvo  que  el problema es estructural y amerita medidas seriamente estructurales. “Lo que se plantea es simplemente un paliativo ínfimo para la gravedad del feminicidio, que seriamente debe enfrentar las gravísivas carencias de instancias policiales y de la justicia”, sostuvo. 

“Se necesitan operadores/as de justicia que efectivamente ayuden y auxilien  a las víctimas de violencia, con la máxima probidad e incorruptibles, que no cedan ante las presiones de toda una estructura profundamente machista que culpa a las propias mujeres de la violencia o el feminicidio”, explicó Flores. “Una manillita es una curita cuando la herida desangra con alerta de  muerte”, añadió. 

El año pasado se registraron 117   feminicidios. De este número, 107 mujeres se separaron de sus parejas o  intentaron dejar a los que serían sus verdugos a causa de antecedentes de violencia, según un registro elaborado por Página Siete.

De las 107 -según testimonios de los familiares y reportes policiales-  87 alertaron que sufrían violencia física y psicológica por parte de sus esposos o novios.  Al menos 20  presentaron    denuncias ante las autoridades competentes (Policía y Fiscalía).

En lo que va del año  2020 ya se reportaron 13 casos. En los primeros siete días de enero de 2020,  el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)  atendió 685 casos de violencia física y en delitos sexuales 163, según el Ministerio Público.   

Campaña mediática

El  Ministro de Justicia  destacó que mientras se espera la ejecución del  proyecto de manillas electrónicas para los acusados de violencia,  el Gobierno ejecutará tareas inmediatas, una de ellas será  la  ejecución de una campaña mediática para sensibilizar a la población sobre esta problemática que cada vez va en aumento.

La autoridad  de Gobierno  resaltó además  que se trabaja en un plan para que “los funcionarios acudan casa por casa para sensibilizar sobre esta temática” a los ciudadanos.

Otra de las tareas en las que se incidirá será  el fortalecimiento de las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv). “Para eso necesitamos un diagnóstico sobre la reestructuración”, sostuvo Coimbra.  

El Gobierno está solicitando a las autoridades municipales y departamentales  dejar por el momento  obras y apoyar planes para prevenir y erradicar la violencia.  “Debemos fortalecer las casas de acogida porque muchas veces, cuando una mujer se atreve a denunciar a su pareja por violencia, ella sale de su casa, y no sabe dónde refugiarse”, sostuvo.

Observatorio

• Reporte  De las 117 víctimas de  feminicidios en el año 2019, 107 se separaron de sus parejas o  intentaron dejar a los que serían sus verdugos a causa de antecedentes de violencia, según registro  elaborado por Página Siete.
• Antecedentes  De las 107 -según testimonios de los familiares y reportes policiales-  87 alertaron que sufrían violencia física y psicológica por parte de sus esposos o novios. 20 presentaron denuncias ante autoridades competentes (Policía y Fiscalía).
• Impunidad De acuerdo con el registro de Página Siete, de los 117 casos de feminicidios que se dieron  en  2019, sólo 22 tienen sentencia condenatoria por procedimiento abreviado. 52  de los agresores aún permanecen imputados  o acusados de cometer este delito. Diez se quitaron la vida tras el crimen, 10  tienen acusación formal,  18 están en etapa  preliminar y  ocho están prófugos.