Consideran el retiro de la querella por parte del Ministerio de Gobierno o de la Fiscalía como uno de los caminos. El ministro de Gobierno señaló que ‘por cuidar sus espaldas’ no puede retirar la querella

El caso de supuesto terrorismo, al igual que muchos otros temas de la agenda del país, luego de las elecciones nacionales sufrió un giro tan inesperado como la renuncia y salida del país del hombre que tiene el récord de años gobernando Bolivia: Evo Morales, con 13 años, nueve meses y 18 días.

Sin las presiones políticas del Gobierno del MAS que, según los acusados, montaron el caso, se empezaron a escuchar planteamientos sobre el rumbo probable del juicio que ya lleva más de ocho años.

En ese panorama, ronda la pregunta ¿hacia dónde va el caso terrorismo? Entre las probabilidades, la que más ‘asomó la cabeza’ fue la amnistía, o el ‘perdón’ del Gobierno a los enjuiciados.

Esta posibilidad fue mencionada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y también la comentó como posibilidad el ex fiscal departamental de Santa Cruz William Herrera, quien, sin embargo, sugiere que la amnistía podría ser un ‘paquete’ en el que se incluyan todos los casos de personas perseguidas, exiliadas o juzgadas sin un debido proceso, y que dentro de esa generalidad se podrían especificar las reglas para cada caso.

La otra parte acusadora, el Ministerio Público, representado por el fiscal Marco Rodríguez, señala que el caso solo puede cerrarse por los motivos enmarcados en la ley, que van desde la extinción de la acción legal a través del rechazo, sobreseimiento, sentencia ejecutoriada y otras propias de la norma, o por determinación del Gobierno a través de la amnistía o el indulto.

Sin embargo, esa posibilidad es rechazada por los acusados y señalan que la única salida posible es obtener una sentencia que los absuelva de culpa o que los querellantes, que son el Ministerio de Gobierno (que lo heredó del anterior régimen) y la Fiscalía, retiren la demanda.

‘Cuidarse las espaldas’

“Yo, como ministro de Gobierno, tengo que cuidarme las espaldas. Pensé que podía retirar la demanda, pero no se puede retirar porque caería en un exceso, por el que el próximo Gobierno me puede hacer un juicio y meterme a la cárcel”, dijo Arturo Murillo en entrevista a EL DEBER el anterior lunes. Además, ha subrayado que la presidenta Jeanine Áñez le ha autorizado a que se busque los mecanismos legales más apropiados para este caso.

A esto, el abogado Gary Prado, que representa a varios de los acusados, señala que más bien, “la forma en que el actual ministro debe cuidarse las espaldas es retirando la demanda” porque, en su criterio, si el Gobierno de la actual presidenta, Jeanine Áñez, no retira la querella y, como hizo en la penúltima audiencia del juicio (que se suspendió), envía una representación de abogados, “estaría avalando la querella que está plagada de irregularidades”. Entre los ‘vicios’ señaló que el entonces ministro Sacha Llorenti presentó la demanda antes del ataque al hotel Las Américas, y que fue firmada por el exfiscal Marcelo Soza, quien fue sentenciado en rebeldía por extorsionar a los acusados y desde su asilo ha manifestado que el caso fue un montaje.

En tanto, para el fiscal Rodríguez, el cambio de personas del Ministerio de Gobierno no altera ni modifica nada, porque esta cartera del Estado es la que realizó la querella criminal, luego se constituyó en acusador particular y tienen como objetivo la sanción penal, salvo que decidan retirar su acusación particular y excluirse del proceso. “Mientras tanto, mantienen vigente y latente la posición de querellante y acusador particular”, afirmó.

Al respecto, Zvonko Matkovic Ribera cree que los asesores “le han metido miedo” a Murillo, de que si firma el retiro de la querella puede tener problemas a futuro, por lo cual sugiere crear una comisión entre los asesores del ministro y los abogados que están en el caso por más de diez años.

Para Mario Tádic, uno de los que se acogió al proceso abreviado, fue sentenciado y tras salir de la cárcel se fue del país, “es esencial que el Gobierno (actual) reconozca ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las violaciones de derechos por el Gobierno anterior y, una vez realizado ese paso, iniciar las acciones investigativas y procesales a fin de poner a los autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores ante la justicia”, dijo en contacto con EL DEBER.

Sobre la amnistía, Matkovic señala que aceptarla sería reconocer la culpabilidad, algo que tanto él como Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes se rehusaron a hacer durante años. “¿A mí de qué me perdonarían?, ¿de estar ocho años preso injustamente?, ¿de que extorsionaron a mi padre?”, cuestionó Zvonko.

En la audiencia en que lo dejaron libre el 19 de noviembre, Guedes señaló que durante años el Ministerio de Gobierno del régimen de Evo Morales le ofreció dinero, casa y auto para que se declare culpable y él lo rechazó.

Se debe reiniciar el 6 de enero

Luego del cambio de Gobierno, el juicio debía reiniciarse el 18 de noviembre, pero no se lo hizo por la ausencia de las juezas ciudadanas que radican en La Paz, que en esos días seguía bajo una fuerte convulsión social. Al día siguiente, en una audiencia de cesación, Guedes y Mendoza, los únicos que quedaban presos por el caso, fueron liberados bajo medidas sustitutivas.

Un día después, el 20 de noviembre el juicio tampoco pudo continuar, nuevamente por ausencia de las juezas ciudadanas, lo que sumado a la vacación judicial próxima, derivó en que el reinicio se programe para el 6 de enero.

Ante esta situación, para Prado surge otra pregunta ¿asistirán las juezas ciudadanas desde La Paz una vez que esa ciudad ya está pacificada? Su duda radica en que, asegura, era el Ministerio de Gobierno del anterior régimen, a la cabeza del ministro Carlos Romero, el que pagaba pasajes y viáticos a las juezas ciudadanas, lo cual, afirma, es un elemento más de los muchos fuera de norma en el cuestionado juicio: una de las partes pagando a las juzgadoras.

Lo que está claro para los acusados, dice el abogado Prado, es que, una vez se llegue a una conclusión del juicio en Bolivia, se querellarán contra Evo Morales en la Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad, por lo que califican como una ejecución en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009.