Según la Defensoría del Pueblo, de esas 19 casas de acogida, nueve no cuentan con autorización y la mitad carece de las medidas de seguridad requeridas.

Wara Arteaga  / La Paz

De  340 municipios del país, sólo   19 tienen albergues públicos para atender  a las mujeres víctimas de violencia. De estos refugios, que están bajo tuición de las alcaldías y las gobernaciones,  nueve funcionan sin autorización, según un informe de la  Defensoría del Pueblo.

La creación de estos  refugios es una disposición de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. No obstante, pocos gobiernos locales cumplen con su implementación.

Este año, la Defensoría presentó el informe  Estado de cumplimiento de las medidas de atención y protección a mujeres en situación de violencia luego   de inspeccionar los albergues. Según  la investigación,    de las 19 casas de acogida identificadas,  sólo nueve   cuentan con autorización, de una no hay  datos y las otras nueve son ilegales.

En lugares como Bermejo (Tarija), por ejemplo, el refugio temporal cuenta con dos servidores públicos (coordinadora y sereno)  para atender a las víctimas de violencia. Este sitio tiene capacidad de recibir a ocho personas. 

El subdirector de la Fundación Munasim Kullakita,  institución que ayuda a víctimas de violencia y trata, Ariel Ramírez, explicó que para atender a este sector  se necesita personal especializado en distintas áreas  integrales. 

“La atención  debe tener personal especializado en áreas  como  legal, social y psicológica, si es posible  en el área de salud”, detalló.  Indicó que en la actualidad este requisito no se cumple. 

“En Bolivia la realidad es distinta. Hay casas de acogida con sólo educadores, sin trabajo social ni psicólogo. Hay muchas falencias”, agregó. Esta situación, junto al constante cambio de funcionarios públicos,  ocasiona la retardación en los procesos. 

“Muchas veces la víctima genera una relación afectiva con las trabajadoras  sociales y abogados.  Este  cambio causa situaciones de ansiedad, vulnerabilidad e  incertidumbre, entonces  piensa que su situación no se resolverá. Cambiar a una abogada es iniciar otra vez  y es muy común en el Estado”,  dijo Ramírez.  

El informe señala que  estos espacios no cuentan con un servicio de protección que brinde las medidas de seguridad a las  víctimas y a sus familias. “Sólo 11 casas de acogida reportan la existencia de un sereno, un policía, seguridad pública y  privada”, añade.   Indica que  sólo tres cuentan con personal de seguridad. 

El lunes,  el Gobierno catalogó como prioridad nacional la tarea de lucha contra la violencia luego  de 72  feminicidios. Hasta la fecha, la Fiscalía registró 15.000 casos de denuncias de violencia.