En lo que va del año, la Relatoría Especial ha documentado con preocupación diversos ataques contra la prensa en las Américas, incluidos asesinatos, secuestros, amenazas, señalamientos y otras formas de hostigamiento.

2 de noviembre de 2026

Washinton D.C.- En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la violencia contra la prensa y hace un llamado a los Estados de las Américas a desplegar sus máximos esfuerzos para garantizar un entorno libre de violencia y las condiciones necesarias para que periodistas y trabajadores de la prensa puedan ejercer su labor de manera libre, independiente y segura.

En lo que va del año, la Relatoría Especial ha documentado con preocupación diversos ataques contra la prensa en las Américas, incluidos asesinatos, secuestros, amenazas, señalamientos y otras formas de hostigamiento. En particular, ha registrado el asesinato de al menos 24 periodistas y trabajadores de la prensa en siete Estados, en hechos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su labor informativa: México (9), Haití (3), Colombia (4), Ecuador (2), Guatemala (3), Venezuela (2) y Perú (1). Con estos casos, alrededor de 595 periodistas y trabajadores de la prensa han sido asesinados en las Américas desde 1998, año de publicación del primer Informe Anual de la RELE. Estas cifras evidencian los graves riesgos que persisten para el ejercicio del periodismo y hacen de las Américas una de las regiones más letales y peligrosas para ejercer esta labor.

Como señaló la Relatoría Especial en su informe “Zonas silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión”, varios de los hechos de violencia letal contra la prensa continúan ocurriendo en entornos de alto riesgo, caracterizados por una fuerte presencia del crimen organizado. Estos contextos afectan de manera particular a quienes investigan y cubren asuntos sensibles y de alto interés público, como la seguridad ciudadana, las economías ilícitas, la criminalidad y la gestión pública. De esta forma, los ataques contra la prensa tienen como finalidad impedir el ejercicio de la labor periodística y evitar que información contraria a los intereses de quienes ejercen la violencia llegue a la sociedad.

Asimismo, la Oficina observa que, en varios de los asesinatos registrados durante el año, las víctimas habrían denunciado previamente amenazas e intimidaciones en su contra y, en algunos casos, eran beneficiarias de mecanismos estatales de protección. Estos hechos, pese a los esfuerzos registrados en varios Estados de la región, ponen de manifiesto las deficiencias institucionales que persisten para brindar una protección efectiva, atender oportunamente situaciones de riesgo y prevenir la materialización de los ataques. Esta situación hace urgente que los Estados, atendiendo a sus respectivas realidades y contextos, realicen una reflexión crítica sobre la efectividad de sus mecanismos de protección y demás medidas existentes, a fin de fortalecer su capacidad de respuesta frente a los riesgos que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Relatoría Especial reafirma que el periodismo, en el contexto de una sociedad democrática, constituye una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e información. La labor periodística y las actividades de la prensa son fundamentales para el funcionamiento de las democracias, pues permiten que periodistas y medios de comunicación mantengan informada a la sociedad sobre los acontecimientos de interés público y sus distintas perspectivas, condición necesaria para un debate público libre, informado y vigoroso.

La violencia contra la prensa no solo vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información, sino que también produce un efecto amedrentador y de silenciamiento sobre sus pares y afecta el derecho de las personas y de las sociedades en su conjunto a buscar y recibir información e ideas de toda índole. Sus consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves.

En virtud de sus obligaciones internacionales, los Estados deben investigar, juzgar y sancionar estos crímenes con debida diligencia, a fin de garantizar justicia, prevenir su repetición y contrarrestar el efecto inhibitorio de la violencia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido que la impunidad —entendida como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables— favorece la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y debilita la confianza en las instituciones del Estado de derecho.

En este día, la Oficina honra la valentía y el compromiso con la profesión de las y los periodistas asesinados, así como de quienes han sido víctimas de otras formas de agresión en el ejercicio de su labor. Igualmente, reafirma su llamado a los Estados a llevar a cabo investigaciones prontas, diligentes y efectivas frente a los crímenes contra la prensa y a redoblar sus esfuerzos para garantizar un entorno libre de violencia y las condiciones necesarias para que periodistas y medios de comunicación puedan ejercer su labor de manera libre, independiente y segura, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

No. R241/26

9:47 AM