La CIDH recuerda que este instrumento no describe la democracia como una meta alcanzada, sino como un proceso en construcción permanente, que requiere del compromiso activo de todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil.

15 de septiembre de 2026

Washington, DC—En el Día Internacional de la Democracia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conmemora el vigésimo quinto aniversario de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, recuerda su vigencia e importancia y llama a los Estados de la región a renovar su compromiso con este instrumento. La Comisión observa con preocupación que, en el hemisferio, se registran procesos de debilitamiento gradual de los elementos esenciales de la democracia representativa enunciados en el artículo 3 de la Carta, con impactos directos sobre el goce de los derechos humanos.

Adoptada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, la Carta Democrática Interamericana reafirmó que los pueblos del hemisferio tienen derecho a la democracia y que sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. La CIDH recuerda que este instrumento no describe la democracia como una meta alcanzada, sino como un proceso en construcción permanente, que requiere del compromiso activo de todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil.

La Carta establece, asimismo, que la democracia trasciende la celebración de elecciones periódicas. Entre sus elementos esenciales figuran el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. La transparencia, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, junto con la libertad de expresión y de prensa, constituyen componentes fundamentales del ejercicio de la democracia.

No obstante, la CIDH ha observado que los desafíos a la institucionalidad democrática no se expresan únicamente mediante rupturas institucionales abruptas. También pueden derivarse de la inobservancia progresiva de esos elementos esenciales y de dinámicas de concentración del poder que reducen la efectividad de los contrapesos institucionales. Entre las manifestaciones de este fenómeno, la Comisión ha identificado el cuestionamiento infundado de resultados electorales, la estigmatización y otro tipo de ataques contra autoridades judiciales y electorales, la restricción del espacio cívico y las limitaciones indebidas al ejercicio de derechos, así como afectaciones derivadas de prácticas de corrupción.

Estas prácticas comprometen derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, los derechos de reunión y de asociación y las garantías judiciales y la protección. La CIDH recuerda que los Estados no solo deben abstenerse de adoptar medidas que restrinjan indebidamente estos derechos, sino que están obligados a adoptar medidas positivas para garantizar su ejercicio efectivo, incluida la protección de la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y electorales frente a injerencias de otros poderes. La propia Carta Democrática Interamericana reconoce, en su artículo 8, que toda persona que considere vulnerados sus derechos humanos puede acudir al Sistema Interamericano conforme a los procedimientos establecidos.

Hace veinticinco años, los Estados de la región adoptaron la Carta Democrática Interamericana con el objetivo de que todas las personas puedan gozar de una vida con garantía de derechos en sociedades democráticas. La Comisión Interamericana reafirma la importancia de que ese objetivo oriente las acciones estatales, con instituciones dotadas de capacidad, independencia y firmeza para ejercer su mandato y actuar como contrapeso frente a eventuales abusos del poder público.

En consecuencia, la CIDH insta a los Estados a garantizar la independencia y la estabilidad en el cargo de las autoridades judiciales, fiscales y electorales; a asegurar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y de la defensa de los derechos humanos; a abstenerse de adoptar medidas que restrinjan indebidamente el espacio cívico y la participación política; a investigar y sancionar los actos de corrupción que afectan el goce de derechos; y a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y que no representan a sus países de origen o residencia.

No. 192/26

8:00 AM