En materia de periodismo y democracia, en 2025 se registró un incremento de la violencia letal contra trabajadores de la prensa en comparación con el año anterior.

4 de mayo de 2026

Washington, DC—La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica su Informe Anual 2025, en el que presenta un diagnóstico de la situación de la libertad de expresión en las Américas, identifica avances y desafíos persistentes, y formula recomendaciones a los Estados. Este documento se integra como anexo del Informe Anual de la CIDH.

El Informe Anual se organiza en tres capítulos. El Capítulo I expone las principales actividades desarrolladas por la RELE durante 2025, incluyendo sus contribuciones a los distintos mecanismos de la CIDH, como el sistema de peticiones y casos, las medidas cautelares y las audiencias públicas, así como su participación en seminarios, talleres y espacios de formación con actores estratégicos de la región.

Durante el año, en el marco de sus funciones de monitoreo, la RELE realizó 2 visitas oficiales (Ecuador y Brasil), publicó 3 informes de país (Haití, Chile y Brasil) y emitió, de manera individual o conjunta con la CIDH, al menos 31 comunicados de prensa.

En materia de producción de conocimiento especializado, la Oficina publicó 4 informes temáticos sobre el exilio de periodistas, la vigilancia digital y la investigación de crímenes contra la prensa. Entre ellos, destaca la actualización del “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión”, que incorpora los desarrollos más recientes del sistema interamericano. Asimismo, la RELE emitió 2 declaraciones conjuntas con mandatos de Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), en temas vinculados con la inteligencia artificial y los derechos de asociación y reunión pacífica.

En el Capítulo II se examina la situación de la libertad de expresión en los 35 Estados bajo monitoreo de la Relatoría Especial. Este apartado se estructura en cuatro ejes temáticos: (i) Periodismo y Democracia; (ii) Libertad de Expresión, Estado de derecho e Institucionalidad Democrática; (iii) Libertad de Expresión y Lucha contra la Discriminación y la Exclusión; y (iv) Libertad de Expresión e Internet.

En materia de periodismo y democracia, en 2025 se registró un incremento de la violencia letal contra trabajadores de la prensa en comparación con el año anterior. Durante este período, la Relatoría Especial documentó el asesinato de al menos 27 periodistas y comunicadores sociales en ocho de los 35 Estados bajo monitoreo, en hechos que podrían estar vinculados con el ejercicio de su labor. Los casos se registraron en México (11), Perú (4), Ecuador (4), Brasil (3), Honduras (2), Colombia (1), Guatemala (1) y Venezuela (1). En varios de estos países persisten entornos de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, particularmente en la cobertura de temas como seguridad ciudadana, economías ilícitas, gestión pública y contextos de conflicto armado. Asimismo, la Oficina continuó registrando otros tipos de ataques contra la prensa, incluidos aquellos ocurridos en el contexto de manifestaciones sociales.

Por otro lado, la RELE recibió durante el año un volumen significativo de reportes que dan cuenta de un deterioro en la relación entre el poder público y la prensa en varios países de la región, reflejado en la persistencia de prácticas de estigmatización y en una menor tolerancia, principalmente por parte del Poder Ejecutivo, hacia la crítica, los procesos deliberativos y el escrutinio periodístico. En este contexto, se ha observado un tono crecientemente confrontativo por parte de altas autoridades, que en algunos casos descalifican a la prensa como “enemiga”, “opositora” o vinculada a intereses políticos, con presuntos fines de deslegitimar su labor informativa y minar su credibilidad entre la ciudadanía. Asimismo, en el entorno digital persisten campañas de descrédito y desinformación contra periodistas y medios, en ocasiones asociadas a este tipo de pronunciamientos.

En este contexto, se han afianzado prácticas que podrían limitar de forma indebida el ejercicio a la libertad de expresión, entre ellas el uso creciente de acciones legales y judiciales contra periodistas, medios de comunicación y personas que informan o se expresan sobre asuntos de interés público. Preocupa especialmente el uso del derecho penal en algunos Estados de la región, asociado en ciertos casos a detenciones arbitrarias y otras afectaciones al debido proceso. Asimismo, se observan mayores obstáculos al acceso a fuentes oficiales, lo que ha incidido en mayores niveles de opacidad y menor transparencia en la actuación del poder público, especialmente en áreas como la seguridad.

En relación con el componente de institucionalidad democrática, en 2025 la Relatoría documentó diversas protestas en la región, acompañadas de reportes sobre uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad del Estado, presuntas detenciones arbitrarias, desalojos forzosos, agresiones físicas, amenazas y estigmatización de personas organizadoras o participantes. Asimismo, se registraron bloqueos de internet, represalias migratorias vinculadas a la participación en protestas y otras restricciones al derecho de reunión pacífica y asociación.

En materia de acceso a la información pública, la Oficina continuó observando una tendencia a la denegación de solicitudes de información de interés público en varios Estados, así como el uso recurrente de la clasificación de información como reservada y la extensión de los plazos de confidencialidad. En el ámbito de la publicidad oficial, se identificaron cambios institucionales en la asignación de recursos a medios de comunicación, orientados a evitar el supuesto “uso indebido” de fondos públicos, junto con desafíos persistentes en la independencia de los medios públicos y el pluralismo informativo en algunos Estados.

Asimismo, se registró la adopción de marcos normativos que regulan el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil en distintos países, los cuales, según reportes, podrían permitir aplicaciones restrictivas o arbitrarias respecto de organizaciones críticas. Finalmente, se registraron afectaciones en materia de libertad académica, incluyendo recortes de financiamiento estatal bajo alegaciones de “sesgos ideológicos”, así como casos de detenciones, hostigamientos y amenazas contra miembros de la comunidad universitaria en el marco de su labor crítica.

En cuanto al enfoque de lucha contra la discriminación y la exclusión, durante 2025 se observó la persistencia de desafíos relevantes para el ejercicio de la libertad de expresión, en particular para personas en situación de vulnerabilidad o históricamente marginadas, incluyendo personas afrodescendientes, migrantes, LGBTIQ+, mujeres y miembros de comunidades religiosas. Así, por ejemplo, la Oficina continuó recibiendo informes sobre violencia de género contra mujeres en distintos países de la región, incluidos casos que involucraron a periodistas. Los reportes dan cuenta de campañas de intimidación y difamación en el entorno digital, en ocasiones atribuidas a altos funcionarios, así como de situaciones de acoso laboral y otras formas de violencia de género en espacios de trabajo periodístico. Además, persisten desafíos significativos en relación con las radios comunitarias, tanto en su reconocimiento legal como en su acceso a procesos de asignación de frecuencias.

En relación con el enfoque de internet, se observó, a diferencia de otros años, desafíos emergentes en la esfera digital vinculados a la interacción entre Estados y a cambios políticos en la región, particularmente en el marco de presiones diplomáticas y comerciales que trascienden las jurisdicciones nacionales y buscan influir en decisiones judiciales sobre plataformas digitales.

La Oficina también dio seguimiento a decisiones judiciales relevantes sobre la responsabilidad de intermediarios de internet y analizó las implicaciones del uso de redes sociales para la niñez y la adolescencia, destacando algunos avances regulatorios. Asimismo, se registraron casos de bloqueo de plataformas digitales y de sitios web de medios independientes y organizaciones de derechos humanos, así como reportes sobre prácticas de vigilancia indebida. En paralelo, se documentó un aumento en el uso de tecnologías de inteligencia artificial, incluyendo deepfakes y otras formas de manipulación digital, presuntamente utilizadas para difundir desinformación, desacreditar a periodistas y actores públicos, y alterar discursos de candidatos durante procesos electorales. Finalmente, se identificaron desarrollos regulatorios y decisiones judiciales en materia de inteligencia artificial en la región.

En el Capítulo III del informe, la RELE presenta las principales conclusiones de los distintos componentes temáticas señalados, destacando tendencias regionales, así como avances, buenas prácticas y desafíos persistentes. A partir de ello, formula un conjunto de recomendaciones dirigidas a los Estados en estas materias.

Para acceder al Informe Anual 2025 completo, haga clic aquí.

Con la presentación de su Informe Anual 2025, la RELE reafirma su compromiso de continuar monitoreando la situación de la libertad de expresión en las Américas y de ejercer su mandato de promoción y protección de este derecho.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

No. R078/26

10:15 AM