Los Estados deben reafirmar su compromiso de proteger los derechos de libertad de reunión y asociación.

22 de septiembre de 2025

Washington, D.C. / Ginebra—Un grupo de expertos en derechos humanos* de la ONU y la región instó hoy a los Estados a poner fin a la criminalización represiva y punitiva de quienes intentan ejercer sus derechos y libertades, ante la creciente amenaza existencial a los valores que los sustentan. Emitieron una declaración conjunta (en inglés y español ) y la siguiente:

Los Estados deben reafirmar su compromiso de proteger los derechos de libertad de reunión y asociación. Estos son esenciales para posibilitar la acción colectiva, la participación, la solidaridad y el diálogo, fundamentales para garantizar una democracia resiliente e inclusiva, y para hacer realidad la aspiración de la Carta de las Naciones Unidas de preservar la paz y los derechos humanos para todos.

Condenamos enérgicamente la estigmatización generalizada de quienes ejercen legítimamente sus derechos y libertades como "enemigos", "traidores", "espías", "terroristas", "criminales" o similares.

Expresamos nuestra alarma porque, como resultado de su activismo no violento y sus expresiones protegidas, miles de defensores y activistas de derechos humanos han sido y siguen siendo arrestados y detenidos arbitrariamente, se les imponen duras y prolongadas sentencias penales sin el debido proceso ni garantías de un juicio justo, y muchos son deportados o amenazados con la deportación, forzados al exilio, sujetos a sanciones económicas ilegales y a represión transnacional, mientras que decenas de asociaciones han sido disueltas ilegalmente y desfinanciadas.

La criminalización también propicia el uso ilícito de la fuerza. Muchos jóvenes, hoy en primera línea en la defensa de derechos, exigiendo justicia climática y el fin del genocidio, están siendo asesinados y cientos son criminalizados por protestar pacíficamente.

La criminalización forma parte de una práctica autoritaria creciente, incluso en regímenes democráticos, donde los gobiernos buscan controlar y manipular el debate y los espacios públicos para promover agendas políticas y otros intereses creados, mediante la exclusión y el silenciamiento de la disidencia y las voces independientes. La criminalización se ve reforzada y exacerbada por la creciente estigmatización de la participación cívica y la sociedad civil, la creciente militarización y securitización que socava las libertades fundamentales, y la estigmatización de los receptores de ayuda extranjera, así como por el uso arbitrario e ilegal de tecnología de vigilancia, potenciada por el reconocimiento facial y las capacidades de inteligencia artificial.

Instamos a los Estados a que se abstengan de tratar las protestas pacíficas y a la sociedad civil que intenta participar en debates y procesos democráticos y en la protección de derechos, incluso mediante la desobediencia civil no violenta, como una amenaza, enemigos o criminales; y a que garanticen que los derechos de todos a la reunión pacífica y a la asociación sean protegidos y facilitados de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

*Los expertos: Sra. Gina Romero, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Honorable Rémy Ngoy Lumbu, Relator Especial sobre los Defensores de Derechos Humanos y punto focal sobre represalias en África de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP); Sr. Pedro Vaca, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Sra. Roberta Clarke, Comisionada Relatora para los Defensores de Derechos Humanos de la CIDH.

La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene su mandato en la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover el respeto y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta materia. La Comisión está integrada por siete miembros independientes elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA y que no representan a sus países de origen ni de residencia.

N.° 192/25

9:35 AM