Carmen busca justicia para su hija desde hace 6 años. No logra que fiscales y jueces extraditen a dos prófugos. Afirma que vive amenazada; en septiembre, tres jueces cerraron el caso y liberaron a una procesada

Carlos Quisbert  / La Paz

Los padres de una niña que a los cuatro años fue víctima de abuso sexual agravado, intimidación y corrupción de menores, llevan seis años pidiendo a la justicia en Bolivia que condene a los tres ciudadanos estadounidenses acusados de cometer los delitos. La niña sería una de las múltiples víctimas al interior de un colegio evangélico financiado por una organización extranjera en Santa Cruz.

El hecho fue descubierto en mayo de 2015, cuando la hija de 13 años del primer implicado, el maestro Jamie  K., pidió a la niña de cuatro que revele lo que sucedía en su casa.

De acuerdo con las pericias psicológicas realizadas por la profesional Maritza Gamarra, el extranjero sometía a  vejámenes parecidos a sus dos hijos y otros niños del establecimiento a los que captaba por medio de sus padres, al aprovechar la confianza que depositaban en él.

Las primeras declaraciones de la víctima de cuatro años, quien sólo se comunicaba en inglés, también involucraron al hijo de un misionero, de nombre Benjamin S. El caso de este último se lleva adelante en un juzgado distinto, porque fue denunciado cuando era menor de edad.

La tercera implicada resultó ser la maestra y entonces directora interina de la institución educativa identificada con las iniciales S. C. C. L. C., Misty C.

Los dos varones están prófugos en Estados Unidos y en septiembre dos de los tres jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de Santa Cruz cerraron el caso contra la maestra, bajo la figura de la “extinción de la acción penal por duración máxima del proceso”.

“Hay dos prófugos de la justicia con mandamiento de aprehensión (K. y S.), pero la principal cabecilla de esta red de pederastas, Misty C., obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años, lo cual es una burla y un homenaje a la impunidad, porque existen pruebas de los graves daños psicológicos causados a mi niña, esto debido a las técnicas que ella utilizaba al seleccionar a los niños, porque tiene formación de criminóloga”, dijo Carmen, la madre de la víctima, quien ya cumplió 11 años.

Entre los indicios presentados contra Misty C., la madre relató que existen informes psicológicos que señalan que su hija contó que (en 2015) la maestra la llevó junto a otros niños a “un supuesto cuarto de oración de profesores, donde, primero con muñecos y luego con niños, la obligaba a golpear a sus compañeros en medio de juegos sexuales. Había hijos de misioneros también”, reveló la madre de la víctima.

Pese a que los informes señalan que el relato “tiene coherencia cronológica” y “un alto grado de credibilidad”, los hechos son negados rotundamente por Robert Castedo, abogado de Misty C.

La historia

En 2014, Carmen y su esposo querían para su niña una educación religiosa  que le brinde oportunidades de continuar sus estudios en el exterior. Por esa razón, convencidos por la amabilidad de los misioneros estadounidenses, postularon y lograron que la pequeña sea admitida en el S. C. C. L. C., en cuyos predios también está ubicada la iglesia y las viviendas de los misioneros y maestros.

Luego de que la hija de Carmen fue inscrita a prekínder, la madre comenzó a realizar actividades de voluntariado, fue así que Jamie  K. se le acercó y le sugirió que mientras ella estaba ocupada en estudios bíblicos con su esposa, la niña podía quedarse en  su casa al cuidado de su hija de 13 años. El domicilio quedaba en frente de la iglesia de la congregación, afirmó Carmen.

“Jamie  K. me decía que él no estaría en su casa porque salía a jugar golf y mi hija se quedaría en su casa con su hija de 13 y su hijo adolescente. Pero luego mi hija me relató que él nunca se iba”, lamentó la mujer.

Los informes psicológicos citados en las actas judiciales revelan que Jamie  K. cometía los vejámenes al interior del cuarto de su hija de 13 y también en presencia de su hijo mayor.

“Una vez yo llegué antes para recoger a mi niña, seguramente lo interrumpí, pero ese día, ya en mi casa, mi hija me dice que, cuando estaba saliendo, Elisa (hija del maestro) le dijo que me cuente todo lo que su papá les hacía”, aseguró Carmen.

Ante la grotesca historia y resistiéndose a creer que eso le pasaba a su hija, el 21 de mayo de 2015 Carmen relató lo sucedido al pastor Myron P., quien comunicó el hecho a la entonces directora interina, Misty C.

Los documentos revelan que la maestra, quien no fue nombrada por la víctima en sus primeras valoraciones, presentó una denuncia a la Defensoría de la Niñez.

La defensa de la maestra argumentó en juicio que ese mismo día se convocó “al supuesto agresor y se tomó la decisión administrativa e inmediata de suspenderlo de sus funciones”.

Pero para la madre, esto se hizo de manera premeditada, sin valorar el riesgo de fuga –que luego se concretó– y la influencia que Jaime K. tenía sobre las otras víctimas de los vejámenes.

La defensa de la maestra señaló la responsabilidad de la madre de la víctima por no hacer otra denuncia penal, particular, sobre el hecho, la que finalmente Carmen hizo el 15 agosto, “pero eso tiene una explicación y tiene que ver con el encubrimiento que hizo Misty C.”, cuestionó.

Carmen relató que luego de coordinar con la organización que financia y administra el colegio en Santa Cruz, SIM, éstos contrataron el servicio de tres peritos extranjeros de Estados Unidos, Paraguay y un tercero oriundo de Australia.

“El informe ‘confidencial’ que me entregaron confirma que mi niña sufrió el abuso sexual y que se comprometían, como institución, a denunciar los hechos a las autoridades de su país, pero dudo que lo hayan hecho”, indicó.

La madre relató que hubo un gran tráfico de influencias con el fin de guardar la imagen del colegio y que la afectó primero a ella. Consideró que lo sucedido al inicio fue una estrategia para demorar la investigación penal y encubrir todo lo sucedido.

“Aunque Jamie K. y sus hijos Jadon y Elisa no confirmaron las alegaciones, tras la finalización de las entrevistas, el equipo interno de seguridad infantil determinó que el informe era lo suficientemente corroborado. En el balance de la probabilidad, el equipo concluyó que es probable que el señor Jamie K. haya tenido un comportamiento consistente con las acusaciones”, señala parte del informe “confidencial” que le entregaron a Carmen, luego de la valoración de los peritos internacionales.

El documento, que líneas antes remarca que “esta investigación interna no tiene jurisdicción legal, ya que ésta depende de la justicia boliviana de acuerdo con leyes específicas”, está firmado por Paul K., director SIM y fechado el 26 de junio de la gestión 2015.

En su parte final, el documento señala: “El equipo de investigación interna de mala conducta de SIM ha presentado los siguientes resultados: SIM reconoce que el comportamiento denunciado de uno de sus miembros, Jamie K., representa un grave daño para su hija y, por tanto, también para ustedes mismos. Por lo tanto, SIM desea ofrecer asesoramiento para ustedes y (la niña) para ayudar en el proceso de recuperación. Jamie K. ha infringido el Código de Conducta de SIM y, por lo tanto, su relación laboral con SIM terminará”.

El desgarrador resultado no fue el final de la pesadilla de los padres. Carmen relató que, por informes de migración, la familia K. y S. salieron del país el 13 de agosto de ese año, dos días antes de que se presente la denuncia, sin llevarse sus pertenencias. “¿Cómo lo supieron, quién los alertó?”, cuestiona la madre.

Los datos que le brindaron a la madre establecen que no pudo corroborar, a su llegada a Estados Unidos, que Jamie K. fue detenido, pero se puso bajo custodia de la madre a los hijos. Esto habría durado poco tiempo y la familia volvió a reunirse y se desconoce su situación legal.

Similar cuadro es el del Benjamin, quien junto a su familia, misioneros de SAM, dueños del colegio en Santa Cruz –según la madre– continúan en libertad pero en calidad de prófugos para la justicia boliviana. Carmen dijo que tanto el maestro y el entorno del hijo de misioneros tienen antecedentes de hechos similares.

“Mi hija fue sometida a varias pericias psicológicas, revictimizada una y otra vez con inspecciones a los lugares de los hechos y en cámara Gesell. Pero ellos escaparon del país”, recordó.

Con relación a la única procesada en Bolivia, Misty C., en febrero de 2021 se dictó una sentencia de cuatro años en su contra, por el delito de corrupción de menores. La medida fue apelada por ambas partes.

La madre solicitó al menos 15 años de prisión contra la maestra, por todas las pruebas de la premeditación con la que se actuó. Misty C. –se acreditó en el proceso de investigación– era maestra de gimnasia, pero tenía título en Psicología con una especialidad en Criminología.

La declaración realizada por la legisladora Centa Rek, el 26 de abril de 2017 ante la investigadora del caso, dice que en las sesiones de terapia psicológica pagadas por SIM, la profesional verificó el daño que le fue causado a la niña por K. y B.

Pese a haber transcurrido tiempo desde que fue descubierto el abuso (en diciembre de 2015), la niña continuaba con episodios violentos, en los cuales se causaba lesiones a su propio cuerpo.

Rek explicó, según el relato de la niña, que Misty C. intimidaba a la niña “como si esta no quisiera que se quede en el colegio” y que después de que denunció las agresiones sexuales “le pidió que no acuse a Benji (Benjamin)”, según el documento.

Carmen alega que fue debido a ese y otros informes que se amplió la denuncia contra Misty C., quien estuvo detenida en Palmasola por 45 días. “Ella no huyó porque estaba direccionando el caso y yo no sabía por qué mi hija, pese a que ya no estaban los hombres agresores, seguía con esos ataques de pánico en el colegio y la casa. Era por Misty”, indicó.

La apelación de la condena fue tratada en la Sala Penal Primera de Santa Cruz que, según Robert Castedo, abogado de Misty C., determinó anular la pena y ordenó el inicio de un nuevo juicio, debido a que “probaron” que “no se habían evaluado de manera adecuada pruebas documentales, se omitieron pericias en los que no se menciona a la señora (su defendida) como la autora del ilícito”, explicó el abogado a Página Siete.

En ese contexto, el caso pasó a conocimiento de los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia, conformado por Carlos Roca, Raúl Lizarazu y Lili Salazar (disidente), quienes para sorpresa de la madre, en septiembre, firmaron una resolución de “extinción de la acción penal por duración máxima del proceso”.

Castedo confirmó que para emitir ese fallo, los jueces no analizaron la denuncia de fondo, sino que, a pedido suyo y en relación al incidente presentado, se remitieron a analizar el tema técnico sin valorar el daño emocional que presenta la víctima.

Sin embargo, en la parte considerativa los jueces afirman que “a todas luces continuar con un proceso penal en contra de la imputada sería vulnerar su derecho a una justicia pronta y oportuna y tenerla reatada (sic) por un plazo que ya no es razonable”.

La Fiscalía, el Ministerio de Educación y la defensa de Carmen apelaron el fallo, calificado por la madre de “prevaricador e ilegal”. En parte de los alegatos, se critica a los jueces por dictar una resolución que dejará impune un delito sexual que no tiene prescripción, según normas nacionales y tratados internacionales que debieron contemplar, con la agravante de que fue cometido contra una menor de edad y existen múltiples víctimas del mismo delito.

Persecución

Carmen llegó a La Paz el pasado 8 de noviembre para protestar y exigir que las autoridades de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, de los ministerios de Educación y Justicia pongan sus buenos oficios y, además de revertir el fallo favorable a la maestra, den celeridad al proceso de extradición de los dos principales acusados del caso.

En entrevista con Página Siete, Carmen relató que debido a amenazas y un tráfico de influencias, cometido por las personas ligadas a la organización que administra el colegio S. C. C. L. C., en estos años tuvo que cambiar de casa siete veces.

La preocupación y el estrés psicológico también provocaron que sus defensas bajen, lo que derivó en la recaída en el cuadro de cáncer que padecía.

Cargada de las copias esenciales de los extensos expedientes judiciales, Carmen aún recorre las oficinas de diferentes entidades del Estado para lograr que los tres norteamericanos sean juzgados de manera transparente y se dicte una sentencia que haga justicia al daño causado a su niña en ese colegio.

Uno de los principales pedidos es conocer las razones jurídicas por las que, a seis años de descubiertos los vejámenes, los  fiscales y jueces demoran en la elaboración del pedido de notificación roja para  la Interpol y el trámite de extradición de Jamie K. y Benjamin S. a través de la Cancillería del Estado, que se encarga de esos temas.

Víctimas  múltiples

(Un tribunal dictó) una sentencia condenatoria de cuatro años, lo cual es una burla y un homenaje a la impunidad

Carmen, madre de la víctima

El SIM reconoce que el comportamiento de  Jamie K. representa un grave daño para su hija y para ustedes mismos

Informe “confidencial”

Continuar con un proceso penal en contra de la imputada (Misty C.) sería vulnerar su derecho a una justicia pronta y oportuna

Fallo de tres jueces