La propuesta de esterilización de niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de calle presentada por el diputado Néstor Rodríguez un gravísimo atentado contra la dignidad humana y una violación directa a los derechos humanos, que retoma lógicas eugenésicas y discriminatorias incompatibles con los principios de igualdad y no discriminación.

Desde un enfoque de derechos humanos resulta inaceptable que un representante público promueva medidas irreversibles sobre los cuerpos de las personas más vulnerables, en lugar de garantizarles protección, salud, educación y vivienda acorde con los mandatos constitucionales e internacionales.

Vulneración de la Constitución y de los derechos humanos

La Constitución Política del Estado reconoce que todas las personas son iguales en dignidad y derechos y prohíbe cualquier forma de discriminación basada, entre otros motivos, en la condición económica o social. A su vez, garantiza a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, lo que supone autonomía, consentimiento libre e informado y ausencia absoluta de coerción. Desde esta perspectiva, la esterilización forzada o condicionada a la “inserción social” no puede considerarse una política legítima y legal, sino una violación directa a la integridad física, psíquica y moral de las personas en situación de calle.

El rol del Estado, conforme a la Constitución y al marco internacional de derechos humanos, es desarrollar políticas integrales de protección y de inclusión social: acceso a salud, educación, vivienda, programas de atención y reintegración familiar, abordaje de adicciones y salud mental, generación de oportunidades laborales dignas, políticas integrales de protección y seguridad. En ningún caso puede sustituir estas obligaciones por la imposición de intervenciones quirúrgicas irreversibles destinadas a controlar o eliminar la capacidad reproductiva de quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad.

Lógicas eugenésicas y carácter de lesa humanidad

La lógica que subyace a la propuesta es abiertamente eugenésica. La eugenesia es una ideología y práctica que busca “mejorar” la sociedad controlando quién puede tener hijas ehijos y quién no, mediante selección o eliminación de ciertos grupos considerados “inferiores” o “indeseables”.

Históricamente se ha expresado en políticas de esterilización forzada, segregación y otras formas de violencia dirigidas contra personas pobres, con discapacidad, pertenecientes a minorías étnicas o consideradas “problemáticas”, o inadaptadas. Trasladar esta lógica a mujeres y personas en situación de calle implica identificarlas como grupo “no apto” y pretender impedir su descendencia en nombre de una supuesta “mejora” social.

En el derecho internacional de los derechos humanos, remarca que la esterilización forzada es reconocida como una forma de violencia basada en género, tortura y trato cruel, inhumano o degradante, con efectos permanentes sobre la vida, la salud y el proyecto de vida de las mujeres.Resulta inaceptable que un representante nacional desconozca que ese tipo de propuestas contra las personas, pueden constituir un crimen de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad es una violación extremadamente grave, es imprescriptible y obliga al Estado a investigar, sancionar y reparar, sin que puedan invocarse razones de “política social” o “orden público” para justificarlo.

Debe recordarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de 30 de noviembre de 2016 dictada en el caso I.V. vs. Bolivia, declaró la responsabilidad internacional del Estado boliviano por la esterilización forzada practicada a la víctima sin su consentimiento libre, pleno e informado. A ello se suma que el Código Penal boliviano tipifica la esterilización forzada como delito, reafirmando la prohibición de esta práctica en el ordenamiento jurídico interno y el deber del Estado de prevenirla, investigarla, sancionarla y reparar sus consecuencias. 

Impacto específico sobre los derechos de las mujeres

La esterilización forzada de mujeres en situación de calle vulnera de manera directa su derecho a decidir sobre su vida reproductiva, su derecho a la integridad personal y su derecho a vivir libres de violencia, llama la atención la propuesta legislativa haga especial énfasis en las mujeres. Refuerza, además patrones patriarcales y clasistas que consideran a las mujeres pobres y excluidas como cuerpos disponibles para el control estatal, negándoles la posibilidad de construir proyectos de vida, maternidades o no maternidades elegidas, y vínculos familiares en condiciones de dignidad.

Coincidimos en la importancia de que el Estado atienda la situación de vulnerabilidad de las personas en situación de calle, especialmente de niñas, niños y adolescentes. No obstante, la iniciativa presentada se aleja de los mandatos constitucionales y de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, debiendo más bien plantearse políticas integrales de protección y cuidado, y reafirmar que la vida y los cuerpos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de calle no pueden ser objeto de experimentación ni de control eugenésico bajo ninguna circunstancia.

Las instituciones firmantes rechazamos de forma categórica cualquier intento de condicionar la ciudadanía plena, la inclusión o el acceso a servicios a la renuncia obligada a la capacidad de tener hijas e hijos.

16 de julio 2026