Comunicado Público Defensoría del Pueblo de Bolivia y Organizaciones de la Sociedad Civil
Ante la persistente conflictividad que atraviesa Bolivia, la Defensoría del Pueblo de Bolivia y las organizaciones de la sociedad civil firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y alarma, por la grave afectación del derecho a la vida, la integridad física y la seguridad de los bolivianos y las bolivianas, así como por la escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno, en algunas de las principales ciudades del país. Como consecuencia, de la persistente conflictividad, la escalada de la violencia, la profunda polarización social y la demora en la instalación de un proceso de diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados.
Convocamos de manera inmediata y urgente, a las organizaciones sociales movilizadas, autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a los actores políticos, a instalar un proceso de diálogo estructurado, constructivo, respetuoso y eficaz, el mismo que debe sustentarse en la escucha activa, la comunicación libre de estigmatización y el reconocimiento mutuo. El diálogo debe ser un espacio seguro e inclusivo, donde todas las voces puedan expresarse sin temor a presiones, represalias ni discriminación, garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos y el respeto a la diversidad de opiniones. La ausencia de concertación puede traer consecuencias incalculables para la sociedad, por lo que se requiere la suma de todos los esfuerzos y voluntades para hacerlo realidad.
Exhortamos a que los resultados de este proceso, definan una hoja de ruta clara y una estrategia con enfoque estructural, orientado a responder a las demandas legítimas de la sociedad sobre su participación en las decisiones del Estado, priorizando el bienestar de toda la sociedad. El diálogo debe asegurar mecanismos permanentes de participación inclusiva y plural de la sociedad en la gestión pública, fortalecer la institucionalidad democrática, y definir formas sostenibles de gestión de la conflictividad. Asimismo, debe garantizar que las soluciones propuestas no sean paliativas ni coyunturales, sino sostenibles y de largo plazo, a fin de garantizar una gobernabilidad efectiva.
Hacemos un llamado urgente a todas las partes en conflicto a preservar la labor de los medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la prensa nacional e internacional, que cubren las manifestaciones sociales, con el fin de no obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía. Del mismo modo, instamos a respetar y proteger a las instituciones que cumplen un rol de mediación y defensa de derechos humanos -como la Defensoría del Pueblo, las Iglesias y las organizaciones de sociedad civil- frente a cualquier medida de hecho o acto de hostigamiento que limite su capacidad de actuación.
Recordamos que el Órgano Ejecutivo tiene la responsabilidad indelegable de garantizar la seguridad y vida de todos los sectores de la población, así como el libre tránsito y acceso a insumos esenciales. Exhortamos también a las organizaciones sociales movilizadas a no poner en riesgo la integridad física de sus afiliados y ejercer su derecho a la protesta en el marco de los estándares internacionales de no violencia, respeto a la vida e integridad física de las personas, evitando en todo momento la vulneración de derechos de terceros. La confrontación y la violencia, fracturan el tejido social y profundizan la conflictividad. El camino debe ser el diálogo plural, inclusivo y colaborativo.
La Defensoría del Pueblo y las organizaciones firmantes reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz a través del diálogo. Cumpliremos con nuestro mandato, de acompañar a la población, denunciar toda vulneración de derechos y promover espacios de encuentro y reconciliación.
El diálogo respetuoso y eficaz es la única vía para construir soluciones estructurales, prevenir futuros conflictos, así como garantizar la dignidad y el bienestar de todas y todos los bolivianos.
La Paz, 24 de mayo de 2026
