Las organizaciones, redes, plataformas y personas defensoras de derechos humanos expresamos nuestra condena y profunda preocupación ante los hechos denunciados por Casa de la Mujer, de Santa Cruz, el viernes 19 de junio. El ingreso arbitrario de funcionarios policiales y de Migración a sus instalaciones constituye una grave afectación a un espacio dedicado exclusivamente a la atención y protección de mujeres sobrevivientes de violencia.

Recordamos que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en toda sociedad democrática, al contribuir activamente a la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia y la construcción de políticas públicas orientadas al bien común. Los estándares internacionales han reconocido de manera reiterada que la labor de defensa de los derechos humanos es un componente esencial para la vigencia del Estado de Derecho.

En ese marco, alarma que durante las últimas semanas se hayan incrementado los ataques, cuestionamientos y acciones de hostigamiento contra el movimiento de derechos humanos y la sociedad civil organizada. Este tipo de hechos resulta incompatible con la obligación estatal de garantizar un entorno seguro, propicio y libre de intimidaciones, represalias o restricciones indebidas.

Situaciones como las denunciadas no solo afectan a una organización en particular, sino que generan un efecto inhibitorio sobre el conjunto de la sociedad y desamparan a las personas en situación de vulnerabilidad que buscan protección.

Es menester relievar que instituciones como Casa de la Mujer, que cuentan con centros de acogida y servicios especializados, cumplen una función subsidiaria y esencial en la protección de los derechos de las mujeres y víctimas de violencia, quienes constituyen una población de atención prioritaria.

Actuaciones de fuerza como las denunciadas, realizadas en espacios de resguardo, vulneran los derechos de las usuarias que acuden en busca de auxilio y orientación. Por ello, cualquier intervención estatal en estos recintos debe realizarse con estricto apego a la Constitución Política del Estado, al debido proceso y con un enfoque de género que evite toda forma de revictimización.

Manifestamos nuestra firme solidaridad con Casa de la Mujer y con todas las instancias que, desde hace décadas, trabajan en la prevención de la violencia. Su labor es de alto interés público y debe ser respetada, protegida y garantizada por el Estado.

Por todo lo expuesto:

• EXIGIMOS a las autoridades competentes esclarecer de manera pronta, imparcial y transparente los hechos denunciados, determinando las responsabilidades correspondientes y garantizando el respeto a las garantías constitucionales y a la independencia de las organizaciones de la sociedad civil.
• RECORDAMOS que la protección de quienes defienden derechos humanos y de los espacios que brindan refugio a poblaciones vulnerables constituye una obligación ineludible del Estado. La defensa de la dignidad humana nunca puede ser objeto de intimidación, criminalización ni represalias.
• ADVERTIMOS que cualquier intento de hostigamiento, intimidación o restricción indebida a la labor de la sociedad civil constituye un grave retroceso democrático y para el Estado de derecho. Ante estos atropellos, las organizaciones, redes y plataformas responderemos de manera articulada, firme y activando todos los mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos.

¡LA SOLIDARIDAD Y LA JUSTICIA NO SE CRIMINALIZAN!

La Paz, junio de 2026