Pronunciamiento conjunto Defensoría del Pueblo y Organizaciones de la Sociedad Civil
Ante la grave situación de conflictividad que atraviesa nuestro país, la Defensoría del Pueblo de Bolivia y organizaciones de la sociedad civil expresan su profunda preocupación por los hechos recientes que vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo la democracia, la cultura de paz y la convivencia pacífica.
Reafirmamos que la democracia es el pilar de nuestra convivencia. Ningún interés político, económico o sectorial puede justificar la vulneración de derechos humanos ni el debilitamiento de las instituciones democráticas.
Entre las problemáticas y vulneraciones a los derechos humanos identificadas, se encuentran:
- Bloqueos de carreteras que afectan, a la ciudadanía en general por el desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, así como el acceso oportuno a servicios de salud. Vulnerando gravemente el derecho a la libre circulación, los derechos económicos y sociales básicos, el derecho a la vida y salud, en particular de la población más vulnerable, generando un clima de tensión social.
- Marchas y otro tipo de movilizaciones sociales, que incluyen intentos de toma de instituciones, agresiones a periodistas y funcionarios policiales, así como el uso de explosivos que pone en riesgo a la población. Expresiones que no cumplen con los estándares internacionales sobre el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no violenta, atentan contra el derecho a la vida, integridad personal, la libertad de prensa, el derecho a la información y la seguridad de los ciudadanos.
- Llamados públicos al desbloqueo violento de carreteras u otro tipo de respuestas similares contra las personas movilizadas, promueven discursos de odio y discriminación, amenazan gravemente la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y la institucionalidad democrática.
- Estigmatización y amedrentamiento a las organizaciones de la sociedad civil, en su rol de defensoras de derechos humanos, por acompañar reivindicaciones de pueblos indígenas de Beni y Pando, constituye una grave restricción a las libertades de asociación y expresión, afectando el entorno propicio y habilitante para la participación ciudadana.
- Desinformación, noticias falsas, amenazas, sesgos, prejuicios o estereotipos, que se amplifican a través de redes sociales y otros medios informativos, que atentan contra el derecho a la información, la comunicación con calidad y profundizan la polarización social.
En este contexto, exhortamos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a los actores políticos y sociales, a preservar el Estado de Derecho, asumir con responsabilidad su rol de respeto irrestricto de la dignidad humana, la institucionalidad y principios democráticos, así como su deber de construcción de un país más justo y pacífico. La violencia y la confrontación sólo profundizan las heridas sociales. El camino debe ser el diálogo plural e inclusivo, la negociación informada y colaborativa y, el respeto mutuo.
La Defensoría del Pueblo y las organizaciones firmantes reiteramos nuestro compromiso de acompañar a la ciudadanía, denunciar toda vulneración de derechos y promover espacios de encuentro y reconciliación.
La paz, la democracia y los derechos humanos no son negociables. Son el camino para garantizar la dignidad y el bienestar de todas y todos los bolivianos.
La Paz, 15 de mayo de 2026
