Las redes, colectivos de la sociedad civil organizada y las personas firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, ocurrido en Santa Cruz de la Sierra la noche del 30 de abril de 2026. Este crimen constituye un hecho de extrema gravedad que atenta contra la integridad de una autoridad judicial y afecta las garantías para una independencia judicial, así como la vigencia plena del Estado de Derecho en Bolivia.

El Estado tiene la obligación de garantizar la independencia judicial, lo que implica proteger a sus autoridades frente a presiones, amenazas y ataques. Estos hechos no sólo afectan a la persona agredida, sino que ponen en riesgo el funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto. El asesinato del magistrado revela un contexto de inseguridad incompatible con las garantías que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional.

Conforme a sus obligaciones internacionales, el Estado boliviano debe actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, juzgar y sancionar este crimen. El hecho se inserta en un contexto de conflictividad en materias sensibles, donde la función jurisdiccional puede estar expuesta a riesgos particulares. Ello exige una investigación pronta, imparcial y efectiva, orientada a identificar tanto a los autores materiales como intelectuales, así como la adopción de medidas de protección para otros operadores de justicia.

La impunidad en casos de violencia contra autoridades judiciales vulnera derechos individuales y genera un efecto amedrentador incompatible con el acceso a la justicia. Por ello las instituciones y personas defensoras firmantes: 

CONDENAMOS de manera firme toda forma de violencia, sin importar su origen.

INSTAMOS a la investigación inmediata, seria e imparcial del asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, orientada a identificar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales.

DEMANDAMOS la adopción de medidas urgentes para garantizar la integridad física y el ejercicio independiente de las funciones judiciales, en beneficio de la población y de la institucionalidad democrática.

EXHORTAMOS a las autoridades del Estado en todos sus niveles a combatir la impunidad en casos de violencia contra autoridades judiciales, asegurando que estos crímenes no queden sin sanción y evitando el efecto amedrentador sobre otros operadores de justicia.

REAFIRMAMOS que la verdad, la justicia y la independencia judicial son pilares esenciales para el acceso a la justicia y la vigencia del Estado de Derecho en Bolivia.

Bolivia, 6 de mayo de 2026