Las redes, colectivos, organizaciones, redes de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos expresamos nuestra condena por la falta de acciones eficaces del Estado para prevenir los graves casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Bolivia. 

La estadística expone que cada día se denuncian al menos 24 casos de violencia sexual contra la niñez y adolescencia en el país, cuyas víctimas a menudo enfrentan serias barreras para obtener justicia y la protección efectiva del Estado entre ellas la violencia institucional, obstáculos procesales, económicos, territoriales y una ausencia de interpretación de sus derechos desde perspectivas de género e interseccionalidad.

La mayoría de estos delitos ocurre en la intimidad, sin testigos. El agresor suele pertenecer al entorno familiar, mientras la víctima es intimidada, hostigada y amenazada; situación que se agrava cuando intenta denunciar. En este contexto, la violencia puede prolongarse durante años, favoreciendo la impunidad. Asimismo, en numerosos casos, los perpetradores se valen de la vulnerabilidad y la confianza construida con las víctimas, especialmente cuando existe un vínculo cercano. Esta dinámica resulta particularmente frecuente en niñas, niños y adolescentes.

Hemos tomado conocimiento de un proceso penal en la ciudad de Santa Cruz por los delitos de violación agravada, pornografía y abuso sexual en contra de una víctima menor de edad. Pese a la existencia de elementos probatorios sobre los hechos denunciados, la defensa del imputado pretende su exclusión del proceso. 

Ante esta situación, como sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos, expresamos nuestra profunda indignación y manifestamos lo siguiente: 

EXIGIMOS a las autoridades aplicar el estándar de la debida diligencia reforzada en casos de agresión sexual contra niñas, niños y adolescentes, realizando investigaciones exhaustivas, la protección de quienes la sufren y el esclarecimiento de la verdad material de los hechos sin dilaciones que puedan obstaculizar el acceso a la justicia.

RECORDAMOS a las autoridades que el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes constituye una prioridad absoluta en toda decisión vinculada a la vulneración de sus derechos, prevaleciendo incluso frente a intereses familiares, comunitarios o institucionales. En consecuencia, las autoridades judiciales, fiscales y administrativas deben garantizar su protección efectiva, por encima de formalismos procesales que desconozcan la gravedad inherente a la violencia sexual.

ADVERTIMOS que el deber de protección reforzada de los derechos de las niñas, niños y adolescentes incluye una prohibición de aplicar respuestas estandarizadas, por lo que cada decisión en hechos que impacten a esta protección debe ser individualizada y considerar las situaciones particulares de vulnerabilidad.

ANUNCIAMOS que la sociedad civil organizada en la Alerta 348 ejercerá un acompañamiento y seguimiento técnico para asegurar que el acceso a la justicia sea efectivo y las medidas de protección para la victima menor de edad sean integrales, constante y libres de cualquier interferencia externa.

Bolivia, 15 de abril de 2026