Las organizaciones, plataformas y redes de la sociedad civil que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos en Bolivia, ante la denuncia pública de la alcaldesa electa del municipio de Huachacalla (Oruro), Isidora Irma Alcón Flores, quien ha manifestado enfrentar actos de acoso y violencia política desde que era candidata y que, tras su elección, se han intensificado y extendido también contra su entorno familiar, así como presiones para renunciar a su cargo, alzamos la voz en defensa de la institucionalidad democrática, del Estado de derecho y de los derechos políticos de las mujeres.

CONSIDERANDO:
• Que la Ley N° 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres establece que constituye acoso político presionar o inducir a autoridades electas a renunciar a su cargo.
• Que el Reglamento para el Trámite de Recepción de Renuncias y Denuncias por Acoso y Violencia Política del Tribunal Supremo Electoral dispone que ninguna renuncia es válida si existen indicios de presión, violencia o coacción.
• Que la alcaldesa electa Irma Alcón obtuvo el 69,21% de los votos, expresión clara de la voluntad soberana del municipio de Huachacalla.
• Que no se registraron observaciones al proceso electoral, por lo que los cuestionamientos posteriores vulneran la seguridad jurídica y la legitimidad democrática.

DENUNCIAMOS:
• Que estos hechos constituyen actos de acoso y violencia política orientados a impedir que una mujer ejerza el mandato conferido por el voto popular, afectando además a su familia.
• Que estas prácticas reproducen estructuras patriarcales que buscan excluir a las mujeres de los espacios de poder, especialmente en cargos ejecutivos.

EXIGIMOS:
A las autoridades competentes:

• Activar el Mecanismo de Prevención y Atención Inmediata para la defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso y/o violencia política, conforme al artículo 5 del Decreto Supremo N° 2935.
• Garantizar la recepción adecuada de la denuncia y evitar la validación de cualquier renuncia que haya sido producto de presión o violencia.
• Investigar de oficio y sancionar a las personas responsables de estos hechos.
• Prevenir la repetición de estos hechos, adoptando acciones institucionales que desmantelen prácticas de violencia política contra las mujeres y garanticen el ejercicio pleno del cargo.

El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones libres de violencia para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

La Paz, 1 de abril de 2026

Sin mujeres no hay democracia