Más de 60 organizaciones de la sociedad civil expresamos preocupación ante la reducción del presupuesto de la Defensoría del Pueblo

Las redes, plataformas y organizaciones defensoras de derechos humanos de la sociedad civil manifestamos nuestra preocupación ante la intención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de reducir significativamente el presupuesto de la Defensoría del Pueblo (30% de la masa salarial y 10% de los gastos corrientes), llamamos la atención sobre el gran impacto que esta reducción tendría en la capacidad operativa de esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Recordamos que la Defensoría del Pueblo cumple un rol fundamental dentro del sistema democrático, pues asume el mandato de promover, proteger y defender los derechos humanos, particularmente grupos en situación de extrema vulnerabilidad frente a posibles abusos del Estado u otros actores.

En ese marco, el presupuesto es una condición esencial para el cumplimiento de su mandato con plena capacidad humana, técnica y autónoma, lo cual ha sido relievado en diversas recomendaciones dirigidas al Estado boliviano por los organismos internacionales de derechos humanos.

La sociedad civil observa con preocupación que la reducción del presupuesto debilitaría la capacidad de la Defensoría del Pueblo para proteger los derechos de la ciudadanía, disminuyendo su personal, presencia territorial, y, limitando los medios para recibir denuncias e investigarlas oportunamente, ejercer sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y promover la mediación de conflictos sociales, entre otras funciones, aumentando, por tanto, la vulnerabilidad de poblaciones que dependen de esta institución.

Reconocemos que deben adoptarse medidas de ajuste para enfrentar la crisis económica, sin embargo, ellas no pueden traducirse en un debilitamiento de la capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos. Por el contrario, en contextos de mayor vulnerabilidad social, es aún más necesario asegurar que las instituciones encargadas de protegerlos cuenten con independencia, recursos suficientes y capacidades institucionales adecuadas para cumplir plenamente su mandato y responder de manera efectiva a las demandas de la ciudadanía.

Por todo ello, las organizaciones firmantes, exhortamos al Estado a considerar la perspectiva de derechos humanos en el marco de las medidas económicas para afrontar la crisis, revisando la reducción de recursos a la Defensoría del Pueblo y asegurando la sostenibilidad de sus servicios a nivel nacional.