Organizaciones defensoras de derechos humanos alertamos sobre la necesidad de garantizar condiciones justas para la participación política de las mujeres en el proceso electoral.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos, comprometidas con la democracia paritaria intercultural y con el ejercicio de una política libre de acoso y violencia política contra las mujeres, alzamos nuestra voz para defender la institucionalidad democrática y los derechos de las mujeres que participan en la contienda electoral.

Ante las denuncias de la candidata a la Alcaldía de Cochabamba Rocío Molina Travesí, respecto a la última resolución del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, emitida en el marco de una nueva demanda de inhabilitación por el requisito de residencia permanente, expresamos nuestra preocupación por la reiteración de cuestionamientos sobre un aspecto que ya fue resuelto mediante la Resolución TEDC-SP-JUR N° 007/2026 de 25 de febrero, que declaró dicha demanda improcedente por falta de prueba documental idónea y suficiente.

Asimismo, tomamos conocimiento de las declaraciones públicas de la candidata que cuestionan el actuar y la imparcialidad del TED Cochabamba, así como del recurso de apelación presentado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), instancia que deberá resolver este caso en el marco de sus atribuciones y de los plazos legales establecidos.

Recordamos que el requisito de residencia permanente debe ser analizado conforme al artículo 7 inciso h) y el requisito 9 del artículo 8 del Reglamento para la inscripción, registro, inhabilitación, renuncia. En este contexto, exhortamos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a actuar conforme a la normativa vigente, respetando los plazos establecidos en la Ley N° 026 del Régimen Electoral y garantizando seguridad jurídica en el proceso. El ente electoral debe ejercer su rol como árbitro imparcial de la contienda, asegurando igualdad de condiciones para todas las candidatas y candidatos. 

Consideramos fundamental que el TSE investigue si estos hechos podrían constituir acoso y violencia política contra una candidata, especialmente si existiera la posibilidad de que tales acciones estén siendo promovidas o facilitadas desde una institución del Estado, lo cual sería incompatible con los principios democráticos y con las garantías para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.

Reafirmamos que la participación política de las mujeres es un derecho conquistado, por lo que cualquier intento de obstaculizar su ejercicio debe analizarse con debida diligencia y perspectiva de igualdad.

En ese marco, las organizaciones firmantes nos mantenemos vigilantes respecto a las decisiones que adopte el organismo electoral en relación con la resolución del TED de Cochabamba, tanto sobre la apelación presentada como sobre el contexto en el que se desarrollan estas actuaciones. Confiamos en que las autoridades electorales actuarán con apego a la Constitución, la ley y los principios democráticos, garantizando procesos electorales transparentes y libres de violencia política contra las mujeres.

¡Sin mujeres no hay democracia!