Las organizaciones defensoras de derechos humanos y comprometidas con la democracia paritaria intercultural alzamos la voz para defender la institucionalidad democrática y la integridad de las mujeres que ejercen funciones públicas.

Consideramos que:

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el ejercicio de los derechos políticos sin discriminación. La Ley N° 243 es clara: el acoso y la violencia política hacia las mujeres son delitos que atentan contra la democracia y la estabilidad del país. En las últimas semanas hemos visto con preocupación cómo se ha orquestado una campaña sistemática de hostigamiento digital y presión institucional contra la Viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos. Se han distorsionado sus declaraciones y se ha recurrido a la descalificación personal como arma de ataque.

Por eso, exigimos:

1. BASTA DE LINCHAMIENTO VIRTUAL. Repudiamos enérgicamente el acoso en redes sociales contra la Viceministra Barrientos. Es válido criticar la gestión pública, pero el hostigamiento personal y la guerra sucia son prácticas autoritarias que buscan callar a las mujeres con poder de decisión.
2. NO AL BLOQUEO INSTITUCIONAL. Rechazamos que gobiernos subnacionales anuncien que desconocerán a una autoridad legalmente designada como medida de presión política. Esto es violencia política pura y simple, y vulnera la Constitución y la Ley 243.
3. QUE SE RESPETE LA LEY 243. Exigimos a líderes cívicos y autoridades electas que canalicen sus diferencias por las vías técnicas y legales existentes. La discrepancia técnica no puede convertirse en agresión para forzar la renuncia de una mujer por el solo hecho de ser mujer.
4. DIÁLOGO TÉCNICO, SIN CONDICIONES. El proceso 50/50 es una política de Estado que necesita del concurso de todos los niveles de gobierno. Condicionar el diálogo a la renuncia de una autoridad es una táctica destructiva que solo perjudica a la ciudadanía, que lo que espera son soluciones reales a la crisis económica y fiscal.
5. PROTECCIÓN DIGITAL YA. Es urgente que el Estado y las plataformas digitales adopten medidas más estrictas contra el acoso político virtual. No podemos permitir que la virulencia digital destruya trayectorias políticas y personales con total impunidad.

El caso de Andrea Barrientos es el reflejo de cómo la violencia de género se usa para intentar sacar a las mujeres de los espacios de decisión. Las organizaciones defensoras de derechos y la sociedad civil hacemos vigilancia sin colores políticos: es una labor independiente que busca proteger a esta autoridad y a todas las mujeres que hoy ejercen funciones público-políticas. Si normalizamos estas agresiones, mandamos un mensaje peligroso que terminará afectando la participación de todas las mujeres en la vida democrática del país.

La viabilidad de las autonomías en Bolivia no depende solo de recursos económicos, sino de la capacidad de las instituciones para dialogar con respeto y dentro de la ley. Si permitimos que el acoso político decida quién puede o no ejercer un cargo público, la democracia boliviana retrocederá de manera irreparable. El respaldo del Ejecutivo a Barrientos y la vigilancia de las organizaciones de derechos humanos son necesarios, pero no bastan si no logramos un cambio cultural que deje de ver el ataque personal como una herramienta legítima de oposición.

Para superar la crisis actual tenemos que desmontar los discursos de odio y volver a la mesa de negociación, donde los datos, las leyes y el bien común pesen más que el hostigamiento y la confrontación estéril.