Las organizaciones y colectivas que luchamos contra la violencia machista que atraviesa a las mujeres, adolescentes y niñas en Bolivia, en relación a la denuncia de violencia familiar presentada contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del Presidente Luis Arce Catacora y ante la información difundida en medios de comunicación sobre la demora en las diligencias dispuestas por la fiscal asignada al caso, exigimos que este caso como cualquier otro hecho de violencia sea investigado, procesado y sancionado, según corresponda,  de manera imparcial y diligente.

El relato de los hechos por parte de la sobreviviente, incluye golpes con cinturón, patadas y huellas visibles de violencia, constituye un delito de violencia familiar o doméstica tipificado en el artículo 272 bis del Código Penal, que conforme  la Ley N.º 348 corresponde ser investigado y sancionado  de forma efectiva. El examen forense otorgó 12 días de impedimento, prueba de la gravedad del hecho.

El artículo 15 de la Constitución Política del Estado reconoce el derecho de todas las personas, en especial de las mujeres, a vivir libres de violencia. Asimismo, el bloque de constitucionalidad que incluye la Convención de Belém do Pará y la CEDAW obliga al Estado a actuar con debida diligencia frente a la violencia de género. La jurisprudencia internacional de la Corte IDH, ha establecido que los Estados que no investigan ni sancionan adecuadamente estos crímenes incurren en responsabilidad internacional por tolerancia e impunidad estructural.

Por ello, exigimos:

1. Que el Ministerio Público y la Policía Boliviana ejecuten de manera inmediata la orden de aprehensión emitida contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, sin privilegios ni demoras.
2. Que el Órgano Judicial actúe con independencia e imparcialidad, evitando cualquier interferencia política o presión desde el poder Ejecutivo.
3. Que se garantice la protección integral de la víctima, evitando la revictimización y asegurando acceso pleno a medidas de resguardo, en cumplimiento de los artículos 35 y 72 de la Ley 348.
4. Que el Ministerio de Justicia se pronuncie y acompañe este caso con el mismo rigor que cuando el agresor no pertenece a círculos de poder.
5. Que se respete el principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de la CPE), recordando que ningún cargo, apellido o relación de parentesco puede blindar a un agresor de su responsabilidad penal.

¡Si hay impunidad hay complicidad!

¡Justicia para todas las mujeres de Bolivia!