En el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), Bolivia recibió 275 recomendaciones por parte de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De acuerdo a la respuesta del Gobierno, 254 fueron apoyadas o aceptadas, 1 parcialmente aceptada y 20 que el Estado toma nota, lo que refleja un alto nivel de aceptación general (92.3%).

Desde la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil para los Derechos Humanos se valora positivamente la aceptación (apoyo) de recomendaciones clave sobre independencia y reforma judicial. Asimismo, se destaca el apoyo a recomendaciones para la aprobación de una ley integral contra la tortura, que incluya mecanismos efectivos de prevención, sanción y reparación para las víctimas. También celebramos el apoyo a todas las recomendaciones dirigidas a hacer efectivos los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales, y derechos de poblaciones vulnerables.

En materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, se reconoce positivamente las recomendaciones aceptadas por el Estado para enfrentar la violencia de género en todas sus formas, garantizar el acceso a la justicia y erradicar la impunidad. También se destacan el apoyo a recomendaciones para implementar políticas preventivas, asignar recursos adecuados a la Ley 348, combatir estereotipos discriminatorios y promover la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social. También se valora el apoyo estatal para adecuar el tipo penal de violación a los estándares internacionales para que esté centrado en la falta de consentimiento y derogar el delito de estupro para su correcta sanción.

Destacamos el apoyo a las recomendaciones dirigidas eliminar la explotación sexual de niñas y erradicar las peores formas de trabajo infantil, así como aumentar el acceso a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes, incluidas quienes tienen discapacidad, indígenas y de zonas rurales. Consideramos fundamental el cumplimiento de las recomendaciones sobre la aplicación plena y efectiva de la educación sexual integral en todos los niveles de enseñanza y la prevención del embarazo en niñas y adolescentes y el aborto en condiciones de riesgo. Exhortamos al Estado priorizar las recomendaciones para seguir combatiendo la violencia, en especial la violencia sexual, contra las niñas, niños y adolescentes. 

No obstante, preocupa profundamente que el Estado boliviano haya anotado sin una justificación sustantiva recomendaciones esenciales para la garantía de libertades fundamentales. En particular, las recomendaciones orientadas a fortalecer la libertad de asociación, como la modificación de la Ley 351 y su Decreto Reglamentario, marco normativo considerado restrictivo por organismos internacionales. Del mismo modo, resulta preocupante la falta de compromiso con la aprobación de una ley de acceso a la información pública que cumpla con los estándares internacionales, así como con la adopción de un marco legal que proteja a periodistas y medios independientes, incluyendo mecanismos eficaces para prevenir la violencia y el acoso contra comunicadores. Esta posición resulta contradictoria con el respaldo brindado a otras recomendaciones sobre la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Al no aceptar estas recomendaciones, que apuntaban directamente a garantizar un entorno propicio para la sociedad civil, el Estado boliviano pierde una oportunidad significativa para fortalecer el marco democrático.

También extraña que Bolivia haya anotado las recomendaciones dirigidas a reconocer legalmente el matrimonio de parejas del mismo sexo, entre otros relativos a la población LGBTIQ+. Esta decisión contradice el principio de igualdad y no discriminación y desconoce los estándares internacionales, especialmente, la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligación de los Estados de garantizar el acceso igualitario al matrimonio para todas las personas, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género.

El Examen Periódico Universal de 2025 representa una oportunidad clave para que Bolivia avance en la plena garantía de los derechos humanos. Próximamente, se llevarán a cabo elecciones generales en Bolivia, por lo que valoramos que el Estado haya aceptado la recomendación de adoptar un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos.

EXHORTAMOS a las actuales y futuras autoridades gubernamentales a asumir las recomendaciones del EPU como una guía orientadora para la política y la gestión pública y, reiteramos nuestro compromiso como Sociedad Civil para aportar desde nuestra experiencia a los procesos de implementación, seguimiento y evaluación de dichas recomendaciones.