La sociedad civil organizada se pronuncia saludando el proyecto de ley que plantea la incorporación del debate público y obligatorio de candidatos(as) electorales.

En pasados días el Tribunal Supremo Electoral anunció públicamente que presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto que ley de modificaciones a la Ley N° 26 en el que plantea la promoción del debate electoral público y obligatorio para la reflexión y deliberación acerca de las propuestas programáticas de candidatas y candidatos a cargos públicos elegibles con la finalidad de fortalecer las condiciones para el ejercicio del derecho al voto de manera informada.

Más de 100 redes, instituciones, colectivos y activistas que suscriben el presente pronunciamiento, consideramos que la iniciativa de una ley de debate obligatorio para candidatos(as) es altamente positiva y se enmarca en estándares del sistema interamericano de derechos humanos, los que disponen que “el sano debate democrático exige el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones con relación a candidatos(as), sus aptitudes y capacidades durante el periodo que precede a elecciones”. En la misma línea la RELE – CIDH considera que: “Es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los electores puedan formar su criterio para votar. El libre discurso y el debate político son esenciales para la consolidación de la vida democrática de las sociedades, por lo cual revisten un interés social imperativo”.

En ese contexto, cabe destacar que la sociedad civil organizada desde hace varios años viene desarrollando acciones de exigibilidad para contar con más y mejor información en procesos electorales. Es necesaria la promoción de espacios democráticos de confrontación ideológica de las y los candidatos y de sus programas de gobierno, así como la exposición de posturas frente a diversas temáticas de interés nacional, especialmente en aquellas relacionadas a los derechos humanos de grupos prioritarios. Consecuentemente, fortaleciendo el ejercicio de un derecho ciudadano como el voto informado y la profundización del ejercicio de la democracia.

Las instituciones y personas defensoras firmantes, consideramos altamente plausible la iniciativa propuesta por el OEP, y percibimos que el debate también debe darse de cara a la población, incluyendo en la norma disposiciones que fomenten la participación de las y los candidatos(as) en los espacios convocados y organizados por la sociedad civil organizada. 

Hoy, la Asamblea Legislativa Plurinacional enfrenta el crucial deber de tratar este proyecto de Ley y actuar a la altura de los desafíos del sistema democrático boliviano, incorporando el marco legal que sustente el debate electoral obligatorio como una práctica y estándar que ya es implementado en casi en todos los países de la región.

En orden a todo lo dicho:

Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional al tratamiento y aprobación del mencionado proyecto de Ley, otorgando una respuesta oportuna que permita contar con la norma en vigencia para las Elecciones Generales del mes de agosto de 2025.

De no abordar y hacer efectiva esta iniciativa, se correrá el riesgo de que esta importante propuesta quede inútil y estéril, defraudando la expectativa y la confianza de la ciudadanía en nuestros representantes que tienen la posibilidad y oportunidad de dar curso al efectivo ejercicio del derecho al voto informado, y un mayor y mejor nivel de circulación de ideas e información respecto a las y los candidatos, sus aptitudes, capacidades, opiniones y propuestas frente a distintas problemáticas de interés público.

Hacemos un llamado a las y los asambleístas a actuar con responsabilidad, dar una respuesta comprometida, efectiva y a considerar el impacto altamente positivo que esta legislación tendría en el bienestar de la vida democrática del país. Bolivia se los agradecerá.

Bolivia, 07 de febrero de 2025