El pasado 08 de enero de 2025, fue de conocimiento público una denuncia de violación agravada perpetrada por tres integrantes del Ejército en contra de una subteniente de 22 años en el Batallón de Ingeniería VI Riosinho de Cobija el 20 de diciembre de 2024. La investigación develó el involucramiento en el hecho de autoridades de mayor rango, encubrimiento e intentos de persuadir a la víctima para no realizar la denuncia, quien fue objeto de burlas y hostigamiento, por parte la tropa (Visión 360, 10/01/2025).

De igual manera, el Comandante Departamental de la Policía en Santa Cruz hace algunos días, informó a medios de comunicación que se habría aprehendido a un jefe policial que se encontraba prófugo luego de ser denunciado por violación agravada a una mujer con paraplejia, hecho cometido tras visitarla con el pretexto de entregarle víveres el 10 de enero del año en curso, denuncia que según indicó la víctima a los medios de comunicación, inicialmente, no quiso ser recibida, por tratarse de una autoridad policial (El Día, 20/01/2025).

A ello suma un tercer caso que involucra a un juez en Tupiza de 49 años quien habría dopado y agredido sexualmente a una niña de nueve años. De acuerdo con los antecedentes del caso, la niña vendía gelatinas en los pasillos del juzgado, donde el acusado la abordó y le ofreció Bs 20 para realizar trabajos de limpieza en su domicilio, lugar en el que cometió los actos sexuales en su contra, por lo que fue aprehendido evitando que se diera a la fuga e imputado por el Ministerio Público por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores (La Razón, 21/01/2025), no obstante que existirían indicios de que se trató de una violación de acuerdo al relato de la niña a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, según se informó a los medios de comunicación.

Cualquier hecho de violencia, en especial de violencia sexual, es inadmisible pero que además sea cometido por miembros de instituciones llamadas por ley a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes, que tienen el deber de proteger a la ciudadanía es absolutamente condenable. Estos casos, que no son los primeros en el país, en los que están involucrados autoridades y servidores públicos, deben ser investigados y sancionados, bridando protección y atención integral a las víctimas, no solo legal sino psicológica.

Valoramos, positivamente, la aprehensión de los implicados, en especial, quienes se encontraban prófugos y que estén siendo procesados, así como las declaraciones de altas autoridades militares y policiales condenando estos actos. No obstante, es indispensable que, a partir de estos casos, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Boliviana, asuman medidas preventivas, a través de la formación de una cultura de respeto mutuo y dignidad, generando conciencia sobre estos delitos y como se agrava dentro de la estructura cuando se recurre a la situación de subordinación para persuadir a las víctimas de denunciar los hechos y se crean contextos de hostigamiento en su contra. Asimismo, el Órgano Judicial y la Fiscalía General del Estado – más allá de garantizar medidas de protección y el acceso a la justicia oportuno para víctimas de estos delitos – deben asumir medidas que garanticen la idoneidad y conducta ética y legal de sus operadores, así como su capacidad para calificar e investigar estos delitos de acuerdo a la legislación y su interpretación conforme a los estándares internacionales, valorar las pruebas e impartir justicia, que contemple mejorar los procedimientos de ingreso a la carrera y las evaluaciones permanentes aplicadas en el marco del ejercicio de este servicio, incluidas auditorías jurídicas. En general, estos criterios deben observarse en todas las entidades del Estado.

En ese marco las redes, instituciones, colectivos y activistas defensoras de los derechos humanos firmantes:

Exigimos la oportuna, imparcial y exhaustiva investigación de los hechos y el enjuiciamiento y sanción de los agresores, así como la protección y reparación integral de las víctimas en los casos mencionados y en general, en todos los hechos de violencia sexual.

Demandamos a las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y Consejo de la Magistratura la adopción de medidas inmediatas y urgentes para proteger los derechos de las víctimas aplicando los estándares de la debida diligencia y garantizar la no repetición de hechos similares.

Exigimos investigar y sancionar, según corresponda, las denuncias de encubrimiento, hostigamiento, victimización, negación de recepción de denuncia y posible favorecimiento en relación a estos casos, independientemente, de la investigación de las agresiones sexuales sufridas por las víctimas.

Anunciamos que nos mantendremos vigilantes de estos procesos.

Bolivia 26 de enero de 2025.