Tras la reunión sostenida el 8 de mayo con el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y la senadora Patricia Arce, en torno a la Ley 348, más de 200 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y niñas, organizaciones sociales de mujeres y colectivos feministas, movilizadas en todo el país por las amenazas a su vigencia, expresamos de manera contundente:

1. Nuestro rechazo a cualquier reforma de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en los términos que se proponen actualmente.
2. Exigimos su implementación efectiva por parte del Órgano Ejecutivo y los gobiernos subnacionales con la asignación de los recursos humanos y materiales necesarios, así como la fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional a todas las instancias responsables de implementar la Ley 348 de acuerdo a sus mandatos.
3. Planteamos que la Defensoría del Pueblo, con la asistencia técnica del Sistema de las Naciones Unidas y el apoyo de la cooperación internacional, lleve adelante un “Informe de Cumplimiento de la Ley 348” serio, imparcial y objetivo.

La promulgación de la Ley 348, el 9 de marzo de 2013, marcó un hito histórico para Bolivia, ella nace del mandato constitucional y la obligación convencional de erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, a 11 años de su vigencia, todas las instancias nacionales y subnacionales competentes han descuidado cumplir su rol para su plena aplicación, incluida la Asamblea Legislativa Plurinacional. No podemos responsabilizar a la Ley 348 de la ineficiencia en su aplicación.

El país vive una profunda crisis del sistema de justicia y en particular del sistema penal, que no es ajeno a la Ley 348. No es posible culpar a la Ley por la “posible” vulneración de los derechos de hombres procesados por delitos previstos en esta Ley. De ser así, estos casos concretos deben ser investigados y la Fiscalía General, el Órgano Judicial y la Policía Boliviana deben informar al respecto.

Alertamos sobre el actual contexto político del país, donde se barajan intereses políticos partidarios y electorales, y donde posturas conservadoras y fundamentalistas buscan polarizarnos, por lo que el diálogo y los consensos son difíciles de lograr. Revisar la Ley 348 constituye un grave peligro, se corre el riesgo de retrocesos en su concepción progresista, su coherencia con la Constitución Política del Estado y su esencia de defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres.

ESTAREMOS VIGILANTES Y MOVILIZADAS

ANTE CUALQUIER RETROCESO

¡LEY 348, POR LA VIDA DE LAS MUJERES!

NI UN PASO ATRÁS