Redes y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y niñas, organizaciones sociales de mujeres y colectivos feministas, manifestamos nuestro enfático rechazo al proyecto de Ley 143-2023-2024, presentado por la senadora Patricia Arce el pasado miércoles 17 de abril. Esta iniciativa representa un atentado y retroceso para el derecho de las víctimas de violencia al acceso a la justicia, protegido por la Constitución Política del Estado y los diferentes instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia.

Concretamente, el proyecto en cuestión plantea modificar el artículo 94 de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que, lejos de responder al problema que plantea, elimina la protección de las mujeres denunciantes contra la revictimización por parte del sistema de justicia. La no revictimización es una obligación del Estado que busca, principalmente, evitar el maltrato y someter a la mujer a procedimientos reiterados. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos actos constituyen violencia institucional y, en muchos casos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, especialmente, tratándose de niñas y adolescentes. La disposición vigente de ninguna manera significa que las denuncias no deban investigarse de manera efectiva y exhaustiva. 

Además, el citado proyecto de ley condiciona la toma de declaraciones a un plazo que no considera la situación de afectación de las víctimas de violencia sexual, ni aun tratándose de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, impone que la validez de dichas declaraciones dependa, en todos los casos, del dictamen de peritos para lo que no se observan ni los tiempos, ni las formas, ni los fines de un peritaje psicológico, que además parte de presumir que todas las víctimas mienten y, prácticamente, elimina la competencia de los jueces y juezas para valorar la integralidad de las pruebas.

Lamentamos que a raíz de la presentación de dicha propuesta normativa y las desatinadas declaraciones del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, hayan surgido ataques a la Ley 348, bajo argumentos descontextualizados y generalizaciones que no se basan en evidencia, responsabilizando a la norma de abusos en contra de los denunciados, aunque muchos argumentos más bien se refieren a una mala aplicación por parte de algunos operadores de justicia, a lo cual se han sumado grupos conservadores y antiderechos. Cabe subrayar que el problema observado no radica en la ley en sí misma, ni mucho menos en que sea una ley “antihombres” o inconstitucional, sino en un sistema de justicia en crisis, que muchas veces vulnera derechos y garantías de las personas, donde existe corrupción, abuso de la detención preventiva, defensas deficientes y abogados que utilizan el sistema penal como medio de extorsión indistintamente del delito que se trate. Por tanto, lo que se requiere es una reforma integral de la justicia.

Sin duda, hay aspectos de la ley que debieran mejorarse, pero ello debe hacerse sobre la base de una evaluación seria a su implementación y a partir de evidencias, pero lo que no puede hacerse es desinformar a la población como se lo ha venido haciendo. La Ley 348 es el principal instrumento normativo de protección específica a la vida e integridad de las niñas, adolescentes y mujeres. 

Si bien la violencia es un problema social que puede afectar a todas las personas dentro de las sociedades patriarcales, la violencia machista, abordada en la Ley 348, es la forma de violencia más generalizada y sistemática contra las mujeres en Bolivia, en la cual los hombres son los principales agresores.  Esta ley no discrimina a los hombres, sino que trata de responder a las características específicas de este tipo de violencia que afecta a las mujeres de manera desproporcionada por ser mujeres.

En los más de 11 años de vigencia de la Ley 348 se han denunciado más de 400 mil casos (FGE, 2023), cuya mayoría (95%) no ha logrado una sentencia; es más, muchos quedan en el camino porque el sistema termina expulsando a las mujeres, obligándolas a volver con sus agresores, ante las presiones y amenazas e incluso relaciones de dependencia. Por otra parte, el sistema de atención de casos de violencia presenta graves limitaciones, tanto en infraestructura, como en recursos humanos y equipamiento, lo cual deriva en la retardación de justicia e impunidad. Además, no se cuenta con personal especializado y los costos se siguen transfiriendo a las víctimas, muestra de la falta de voluntad política para la implementación de la norma.

Bolivia no es, en términos generales, un país violento; pero es un país violento con las mujeres. De hecho, la violencia familiar es el delito de mayor frecuencia en el país, por encima de cualquier otro delito. Según datos oficiales, 7 de cada 10 mujeres en relación de pareja han sufrido alguna forma de violencia (INE, 2016) y no todas llegan a la justicia. El 95% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y niñas; el 90% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres (PB, 2022), y más del 70% de los feminicidios son cometidos por parejas y exparejas (MLF, 2023). Esto evidencia que la violencia sí tiene género.

Pero esto no significa que la Ley 348 ni quienes la impulsamos consideremos a los hombres nuestros enemigos, pues no todos los hombres son agresores, eso lo sabemos todos y todas. No se nace violento; ello es consecuencia de factores socioculturales, la violencia se aprende y peor aún se normaliza. Así, no es la Ley 348 la que destruye las familias, sino la violencia machista. En este contexto, el Estado debe asumir la prevención de la violencia contra las mujeres como una tarea de alta prioridad. 

Por todo lo anteriormente expresado, las organizaciones firmantes consideramos inadmisible que legisladores y legisladoras, quienes deberían ser vigilantes de nuestros derechos, desconozcan la importancia, el espíritu y el contenido de la Ley 348. Exigimos que, lejos de poner en duda el dolor de las víctimas de violencia, se comprometan con su trabajo de fiscalización y garanticen la efectiva implementación de la citada ley, la cual es resultado de la larga lucha de las mujeres.