Organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil, así como personas defensoras de derechos humanos, manifestamos públicamente nuestra indignación y condena a los actos de revictimización en contra de una niña de 10 años víctima de violación en el Municipio de Uncía. 

En días pasados se realizó la denuncia por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, contra un regente/profesor de la Unidad Educativa Eduardo Abaroa de Uncía. Como corresponde en estos casos, se determinó la detención preventiva del imputado en el penal de San Miguel, dicho traslado no pudo hacerse efectivo de forma inmediata ante la oposición de un grupo de maestras, maestros y otras personas. Asimismo, el domingo 15 de octubre de 2023, se instaló una audiencia para resolver la solicitud de cesación de las medidas cautelares contra el IMPUTADO a solicitud de su defensa, en la que la autoridad judicial ratificó la decisión de detención preventiva.

Contrariamente a lo esperado, la Secretaria Ejecutiva de la Federación Regional de Maestros de Educación Urbana del Municipio de Uncia, convocó a familiares del regente/maestro, personas de diversos contextos y otros maestros para salir en defensa del IMPUTADO y NO de la víctima, es decir, la niña de 10 años.

Producto de las manifestaciones de este grupo de personas, no se pudo realizar el traslado del sindicado a la cárcel de San Miguel, sino hasta un día después, afectando de esta manera la ejecución del mandamiento de detención preventiva, lo que constituye  obstaculización de la justicia, pero lo más grave es que se ha llegado al extremo de CULPABILIZAR A LA NIÑA POR LA VIOLACIÓN, argumentando que la pequeña “habría provocado a su agresor”, lo cual es totalmente inadmisible y reprochable.

El interés superior de la niña, niño y adolescente un principio constitucional fundante, que obliga no sólo a las autoridades judiciales, sino también a servidores/as públicos/as en todos los niveles del Estado a resguardar los derechos de la niñez y adolescencia, en especial, el derecho a vivir libres de violencia. 

El Estado a través de todas las instituciones involucradas, especialmente, las autoridades públicas, DEBEN GARANTIZAR LA TUTELA EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑA, en esta línea, las redes, instituciones, colectivos y activistas firmantes del presente pronunciamiento:

EXIGIMOS a las autoridades educativas departamentales y nacionales, actuar conforme al “Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia en casos de Violencia Física, Psicológica y Sexual en las Unidades Educativas y Centros de Educación Especial” (aprobado mediante Resolución 2412/2017), y adoptar todas las medidas necesarias para que cesen los actos de las maestras y maestros movilizados, en especial la autoridad de la Federación Regional de Maestros, en contra de la víctima de violación.

RECORDAMOS que las autoridades educativas son garantes de los derechos de la infancia y la adolescencia y las primeras llamadas a intervenir para proteger sus derechos, por ello, tienen la responsabilidad y la obligación de investigar y sancionar a quienes vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en especial a quienes como en este caso, han obstaculizado la ejecución de la medida cautelar, promovido la impunidad y vulnerado los derechos de la víctima, incurriendo de esta manera en violencia institucional.

EXHORTAMOS a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia del Municipio de Uncía, Ministerio Público y Órgano Judicial a que continúen con su labor de investigación, procesamiento y sanción de este delito, aplicando las medidas de protección impuestas y otras que se requieran de manera efectiva y permanente para que cese el hostigamiento en contra de la víctima y su familia, garantizando una atención multidisciplinaria en favor de la víctima y su acceso a todos los servicios que su situación demande.

RECORDAMOS a las personas movilizadas en el Municipio de Uncía y a la opinión pública en general, que los actos sexuales con niñas y niños constituyen delitos, sin excepción alguna, y que el testimonio de las víctimas se rige bajo el principio de PRESUNCIÓN DE VERDAD plasmado en el Código Niño, Niña y Adolescente y en los estándares internacionales de derechos humanos, vinculantes para el Estado boliviano.

ACLARAMOS a los medios de comunicación y a la población, que si una víctima de un delito de violencia sexual incurre en algunas contradicciones o inconsistencias en sus declaraciones, éstas son circunstancias que tienen que ser valoradas integralmente por los operadores del sistema de justicia, considerando el resto de las pruebas y los motivos de estas posibles inconsistencias o contradicciones, que pueden guardar relación con el trauma sufrido, y de ninguna manera implican por sí mismas falta de credibilidad.

CONDENAMOS cualquier omisión o acto que tienda a menoscabar los derechos de la niña de 10 años, y exigimos a todas las autoridades cumplir con sus deberes para garantizar un acceso a la justicia oportuno, eficaz, con calidad y protección a sus derechos con la debida diligencia. Es responsabilidad del Estado resguardar la identidad y datos tanto de la víctima como de su familia, evitando su exposición pública.

MANIFESTAMOS nuestro apoyo incondicional a la niña y su familia, nos mantendremos alertas en este caso.

Bolivia, 16 de octubre de 2023

Instituciones de la sociedad civil

Asociación de Familiares y de Víctimas de la Justicia de Potosí - Casa de la Mujer - CLADEM Bolivia - Colectiva Feminista Mujer de Plata - Colectivo de Derechos Humanos EMPODÉRATE - Comunidad de Derechos Humanos - Coordinadora de la Mujer - PSINERGIA - Fundación Mujeres en Comunidad - Terre Des Homes - Fundación CONSTRUIR - Fundación Esperanza Desarrollo y dignidad - Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia - Fundación Voces Libres - MUSOL - Musuq ÑAN - Oficina Jurídica de la Mujer - ONG Realidades - Alianza Libres Sin Violencia - Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los DDHH - Fundación Levántate Mujer - Alianza por la Solidaridad - Centro Juana Azurduy - Centro de Estudios Regionales de Tarija CERDET - CIBERWARMIS - Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza” - Instituto de Formación Femenino Integral IFFI - Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia - Red de Lucha Contra la Violencia de Sucre - Asamblea Permanente de DDHH de Llallagua - Instituto Politécnico Tomás Katari IPTK - Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres ECAM - Centro de Promoción y Salud Integral CEPROSI - Colectivo Plurales - Movimiento de Justicia Socioambiental Tarija - Anguirü Bolivia - Colectivo TLGB de Tarija - Red de Prevención de la Violencia en Razón de Género de Tarija - Fundación Una Brisa de Esperanza FUBE - Fundación COMPA - Programa NNA Buen Pastor - CEINDES Bolivia - Nada Humano me es Ajeno - Pintando Sorisas - IPAS Bolivia - Capacitación y Derechos Ciudadanos CDC - Equality Now - Asociación Aguayo - Fundación Internet Bolivia - CEDIM Yacuiba - CIMCA Oruro - Mujeres en Acción - Red Habitat.

Personas defensoras de derechos humanos

Ana Paola García Villagómez C.I. 5858328 - Cinthia Armijo Paz C.I. 5089715 - Franco Albarracín Vallejos C.I. 4285147 - Janeth Nogales López C.I. 3462723 - Jazmín Serrano Ramírez C.I. 7756113 - Marco Mendoza C.I. 1662064 - María Elena Attard C.I. 4016979 - Maria Esther Nacho CI. 6176002 - Willmer Marcelo Galarza Mendoza C.I. 2603882 - Silvia Padilla Lowenthal de Roca C.I. 4093227 - Ana María Torricos Salinas C.I. 1799401 - Jimena Freitas C.I. 488361 - Erika Camacho Guzmán. CI 3589640-1 - Carolina Zaballa C.I. 3388604 - Rosaly Ledezma C.I. 3497998 - Ivana Calle C.I. 3452930 - Patricia Gisbert Flores C.I. 3817975 - Ninoska Flores Loza C.I. 5203284.