Del 8 al 10 de marzo de 2022 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinó la situación de derechos humanos en Bolivia y realizó diversas recomendaciones. Organizaciones de la sociedad civil defensoras de los Derechos Humanos queremos destacar algunas de las recomendaciones realizadas por el Comité que consideramos de fundamental importancia. El cumplimiento de estas recomendaciones debe ser una prioridad para el Estado ya que implicará una mejora significativa en la vida de miles de personas.

El Comité de Derechos Humanos solicitó al Estado redoblar sus esfuerzos para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias. El Comité resaltó que Bolivia debe acelerar el proceso de reforma del sistema de justicia, garantizando que el mismo se adecue plenamente a las obligaciones de derechos humanos y cuente con la participación efectiva de todos los actores relevantes, incluyendo a la sociedad civil. Además, llamó al Estado a tomar medidas para prevenir, combatir y sancionar con penas adecuadas los actos de corrupción, especialmente entre jueces y policías. Asimismo, el Comité resaltó las elevadas tasas de provisionalidad de jueces y fiscales, lo cual afecta su inamovilidad, por lo que solicitó al Estado adoptar medidas para disminuir las mismas. En relación a la tortura recomendó adoptar una definición del delito de tortura que responda a los estándares internacionales y cuya sanción refleje su extrema gravedad y asegurar que todo presunto acto de tortura o maltrato sea investigado de manera pronta, exhaustiva e imparcial.

Por otra parte, el Comité manifestó su preocupación por la prevalencia de la violencia contra las mujeres y niñas, y las pocas condenas por estos crímenes. En respuesta, el Comité exhortó al Estado a intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. El Comité indicó que el Estado debe, en particular, asignar los recursos financieros, técnicos y humanos que resulten necesarios en materia de prevención, protección, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas; asegurar que todas las medidas de lucha contra la violencia contra las mujeres que se adopten protejan también a las mujeres trans; y tomar medidas para garantizar la debida investigación de la violencia contra las mujeres. Adicionalmente, el Comité advirtió que el Estado debe a la mayor brevedad posible adecuar los tipos penales de violación (art. 308 del Código Penal) y estupro (art. 309 del Código Penal) a la luz de los estándares internacionales relevantes.

En relación con el acceso a la interrupción del embarazo, el Comité instó al Estado a redoblar sus esfuerzos para garantizar el acceso efectivo y oportuno de las mujeres y niñas a la interrupción legal del embarazo, y revisar los efectos del marco normativo para evitar que las mujeres recurran a abortos clandestinos que pongan en riesgo su vida y su salud. Asimismo, solicitó al Estado garantizar en la práctica que la objeción de conciencia no resulte una barrera a la interrupción voluntaria del embarazo legal, oportuna y segura, y que se respete la confidencialidad de la atención médica de las mujeres y niñas. Recomendó también incrementar sus esfuerzos para prevenir los embarazos no deseados, especialmente entre las adolescentes, y para garantizar el pleno acceso a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva en todo el país y redoblar sus esfuerzos de sensibilización y educación sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva.

A fin de revertir la discriminación y violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género, el Comité manifestó su preocupación porque aún esté en consideración del Tribunal Constitucional casos relacionados con la unión libre de parejas del mismo sexo (c. David Aruquipa y Guido Montaño) y lamentó la información de que se haya negado la inscripción a otras parejas del mismo sexo (SERECÍ). Recomendó al Estadoredoblar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. En este sentido, señaló que el Estado debe garantizar que los delitos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima sean investigados sin demora; que los responsables sean llevados ante la justicia y sancionados adecuadamente; y que las víctimas reciban una reparación integral; adoptar a la mayor brevedad posible las medidas necesarias para garantizar que las personas trans puedan ejercer plenamente todos los derechos reconocidos en el Pacto; tomar las medidas necesarias para asegurar que todos los niños nacidos en Bolivia, independientemente de la identidad de género de sus padres, sean inscritos inmediatamente después del nacimiento y obtengan un certificado de nacimiento oficial, y adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos reconocidos en el Pacto a las parejas del mismo sexo.

También se refirió a la libertad de expresión y pidió al Estado prevenir los actos de hostigamiento e intimidación contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como revisar el marco legal de regulación a las ONG a fin de eliminar cualquier disposición que pueda restringir de manera desproporcionada su capacidad de operar de manera libre, independiente y efectiva.

El Comité abordó también la situación de los pueblos indígenas, recomendando al Estado boliviano adoptar una Ley marco para la realización de consultas con las naciones y pueblos indígena originario campesinos pertinentes, que no se adopté ninguna medida que pueda afectar las áreas protegidas y territorios indígenas y proteger a los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad.

Por último, ante la información recibida relativa a la persistencia del fenómeno de la trata de personas y que el número de condenas por delitos de trata y delitos conexos es muy limitado pese al elevado número de denuncias, el Comité hizo un llamado al Estado para que intensificara sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas y el trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre. Sobre este punto, el Comité consideró necesario que el Estado tomara medidas para investigar debidamente los casos de trata y trabajo forzoso, así como para prevenir que estos hechos sigan ocurriendo.

El Estado deberádifundir ampliamente estas recomendaciones y presentar información sobre su aplicación el 25 de marzo de 2025. En dicha oportunidad el Comité de Derechos Humanos evaluará el grado de cumplimiento de estas, por parte del Estado.

Bolivia, 4 de abril de 2022.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos

Comunidad de Derechos Humanos - ADESPROC Libertad - Alianza por la Solidaridad - Articulación Feminista Campaña 28 de Septiembre - Asociación Aguayo - Asociación Civil Equidad LGBTI/Oruro - Asociación Familias Adoptivas de Cochabamba - Bolivia Gay Punto Com - Capacitación y Derechos Ciudadanos/CDC - Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo - Casa de la Mujer - Católicas por el Derecho a Decidir – CCIMCAT/Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija – CEINDES - Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local – CEADL - Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza” - Centro Juana Azurduy - Centro para los Derechos Civiles y Políticos - CEPROSI – CERDET – Ciberwarmis - CIES Salud Sexual, Salud Reproductiva – Ciudadanxs - CLADEM Bolivia - COALIBOL LGBTI - Coalición Boliviana por los Derechos de la Niño, Niño y Adolescente - Colectivo de Defensores de Derechos Humanos de Cochabamba - Colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE - Colectivo Defensores/Defensoras Chuquisaca - Colectivo Rebeldía - Colectivo TLGB - Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales y de Género de La Paz - Consorcio Boliviano de Juventudes - Coordinadora de la Mujer - Coordinadora LGBTIQ+ - Derechos en Acción – ECAM/Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres - Equality Now - Familias Saludables “FAMISAL” - Fundación COMPA - Fundación Construir - Fundación Esperanza Desarrollo y Dignidad - Fundación Igualdad LGBT - Fundación Ivy Maraei - Fundación Levántate Mujer - Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia -  Fundación una Brisa de Esperanza - IGUAL - Internet Bolivia - IPAS Bolivia – Instituto de Terápia e Investigación sobre las Sexuales de la Tortura y Violencia de Estado/ITEI - Marie Stopes International Bolivia - Movimiento de Diversidades y Disidencias Sexuales y de Género de Santa Cruz - Movimiento Trans Feminista Bolivia - Observatorio de los derechos LGBTI - Observatorio para la exigibilidad de los Derechos de las Mujeres - Oficina Jurídica para la Mujer – ONG Realidades - Organización de Mujeres “Sinchi Warmis” - Plataforma de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz - Observatorio de Derechos Humanos - ORÉ Organización de Apoyo Legal y Social - Red contra la Violencia Tarija - Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia - Red Habitat - Red Nacional “Tú Decides” – SCED/Sociedad Científica de Estudiantes de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca – Red UNITAS - Semillas del Cambio “SEMCA” –Sociedad San José.

Personas defensoras de derechos humanos

Alex Bernabé Colque/4715527 Scz. - Andrés Mallo Sandoval/3645845 Ch. - Carla Ximena Orellana Verdeja/4853035 Lp. - Daniel Villca Aguilera/6775159 Lp. - David Aruquipa/3358957 Lp. - Guido Álvaro Montaño Durán/3450987 Lp. - Isabella Carranza Calderón/6973192 Lp. - Jimena Freitas/488361 Lp. - Linder Zenteno Futuri/505365 Tja. - Marco Mendoza/1662064 Tja. - Maria Chantal Cuellar/9507205 Cbba. - María Elena Attard Bellido/4016979 Pt. - Maria Esther Nacho/6176002 Lp. - Patricia Serrudo Santelices/1094144 Ch. - Ricardo Cordón Delgado/2338245 Lp. - Rodrigo Urquizo Cala/9670559 Scz. - Vivian Lagrava Flores/3712528 Po. - Wilmer Marcelo Galarza Mendoza/2603882 Lp. - Yam Medrano Cayalo/5596197 Bn.