Hay 4.681 víctimas de vulneraciones a los derechos humanos y sólo se han formalizado 66 causas contra agentes policiales de miles.

EFE/ Santiago de Chile

Miles de denuncias contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Chile siguen sin resolverse un año después del estallido social de octubre de 2019, lo que ha llevado a las víctimas a exigir justicia y celeridad en las investigaciones.

Han pasado casi 12 meses desde que el estudiante ecuatoriano Romario Veloz fuera asesinado durante una manifestación en La Serena, al norte de Chile, a manos supuestamente de un militar, y no ha sido hasta ahora que la Fiscalía solicitó la formalización de un capitán del Ejército como presunto responsable de ordenar los disparos que acabaron con su vida.

“Yo pensé que con la muerte de mi hijo terminaba la historia, pero es ahí cuando empezó recién mi calvario”, reconoció a EFE  Mery Cortez,  madre del joven.

La lentitud judicial llevó esta semana a la aguerrida madre a marchar por las calles de Santiago y desnudarse frente a La Moneda para mostrar un mensaje pintado en su pecho: “Justicia para Romario”. “Cayó un herido antes que él, debieron haber cesado el fuego, pero siguieron disparando y le tocó la parte más fea a mi hijo”, lamentó.

Al caso de Veloz se suman los de otras 4.681 víctimas de supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales y militares, según datos del Ministerio Público.

Sin embargo, de las miles de causas abiertas desde el inicio de la actual crisis social, la más grave en tres décadas de democracia, sólo se han formalizado a 66 agentes, que se encuentran bajo medidas cautelares.

Con respecto a los 460 heridos oculares cifrados por el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se han imputado al menos a dos policías, los agentes que supuestamente dejaron ciegos a Fabiola Campillai y Gustavo Gatica.

Sus casos dieron la vuelta al mundo y sirvieron para denunciar el elevado número de mutilados oculares en las marchas, que comenzaron como una protesta contra el alza en el precio del metro y se convirtieron en un clamor popular por un modelo socioeconómico más justo.

Marta Valdés, directora de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular durante el estallido social,  explicó a EFE que estos dos casos son “excepciones” y que “no se ha hecho justicia” con el resto de violaciones a los derechos humanos.

Para Sergio Micco, director del INDH, institución que ha monitoreado las protestas,   los avances realizados en las investigaciones “no son suficientes”.

Durante la Asamblea General de la ONU, el presidente  Sebastián Piñera  aseguró que  hará “todos los esfuerzos para que no haya impunidad, ni para los que vulneran los derechos humanos ni para los violentistas”.