Las activistas lamentan que por la gran carga procesal y la carencia de especialización de los funcionarios públicos sean algunas de las causantes por las que las víctimas no se animan a denunciar en el plazo que corresponde.

En las últimas semanas en diferentes cuentas de las redes sociales se hicieron públicas denuncias de víctimas de violación y agresión sexual. Las historias publicadas reflejan el miedo, la vergüenza y el dolor con los que por muchos años tuvieron que vivir.

A raíz de estas publicaciones, diferentes colectivos y redes que luchan contra la violencia infantil y violencia de género iniciaron una campaña con el “hashtag” #YoTeCreo, esto para mostrar el apoyo que necesitan las víctimas. 

Las activistas lamentan que por la gran carga procesal y la carencia de especialización de los funcionarios públicos sean algunas de las causantes por las que las víctimas no se animan a denunciar en el plazo que corresponde. O porque muchas veces sus historias no son aceptadas por los oficiales, fiscales o jueces.

El coordinador de proyectos de la fundación Construir, Marco Loayza, dijo que es una obligación del Estado dar garantías a la debida diligencia para evitar la impunidad de los agresores, pues debe existir un sistema que responda efectivamente a luchar contra la violencia.

“Hago este descargo público porque he decidido romper el silencio cómplice de impunidad que beneficia a mis propios agresores. Publico mi caso años después, porque en su momento no tuve las herramientas ni supe cómo hablar de esto”, inicia la publicación de una víctima de violación, que fue agredida sexualmente por sus compañeros de colegio.

Mariela, nombre ficticio, tras ser víctima de violación grupal por parte de sus amigos y primos de sus compañeros de curso, decidió callar y no denunciar el hecho por miedo y vergüenza de que sus compañeros se enteren de todo lo que le pasó cuando estaba en un colegio reconocido de la ciudad de Cochabamba, el año 2003.

Según el relato, la violación colectiva fue hace 17 años, cuando un grupo de jóvenes de secundaria viajaron a Santa Cruz. “Uno de ellos no sólo era mi compañero de curso, era mi mejor amigo”, el otro era su primo.

“Viajamos y la primera noche compramos algo para brindar, pero después del primer vaso me sentí muy mareada y pedí a mis amigos que me muestren donde estala la habitación donde podía descansar. Ahí empezó todo, apenas empezamos a caminar hacia la habitación, mi mejor amigo intentó besarme, yo no tenía fuerzas para rechazarlo”, detalla.

Continúa: “Me llevó a la cama, me bajó el pantalón y me violó. Le pedí que parara y traté de apartarlo, pero mi cuerpo no respondía. Cuando él se fue, entró el otro amigo y sus dos primos, cada uno me violó. Me hicieron muchas cosas”, cuenta la víctima.

Mariela guardó todos los detalles de su agresión durante 17 años.

“Al día siguiente de la agresión, apenas pude levantarme. No le dije nada a nadie porque no quería que todo el colegio se entere. Además de saber que tenía que ir para que me revisen los médicos para comprobar que la violación era verdadera, fueron los motivos por los cuales decidí tratar de anular la violación de mi cabeza”, recuerda la víctima.

Como el caso de Mariela, hay muchos que se van reflejando en las redes sociales, en algunos casos no buscando que sus agresores vayan a la cárcel, sino desahogarse y buscar que otras víctimas denuncien a sus agresores y sobre todo para ofrecer su ayuda.

“Después de años de trabajo interno para entender, asimilar, aceptar y sanar intenté buscar justicia penal, pero fue un fracaso”.

DECLARACIONES QUE CAUSAN RECHAZO

Desde el colectivo Ni Una Menos emitieron un pronunciamiento público solicitando una investigación en contra del comandante de frontera policial de Bermejo, Anibal Rivas, quien la anterior semana cuestionó una denuncia de agresión sexual ocurrida en dicho municipio. 

“La víctima tiene dientes, ¿por qué no mordió a su agresor, por qué no lo arañó? (…) Se supone de que si un exconcubino o una exconcubina se quiere reunir, pues que lo haga en un lugar público, un lugar donde se sienta seguro o segura”, fueron algunas de las palabras que Rivas mencionó y que provocaron el rechazo no sólo de colectivos, sino de la población en general.

CASO CAPILLA: VÍCTIMAS SE ANIMAN A DENUNCIAR

REDACCIÓN CENTRAL

El caso de abuso sexual a varios jóvenes del colegio La Capilla fue visibilizado por Octavio Fernández Mostajo, quien, al ver que no se había iniciado ningún proceso contra el agresor, decidió exponer su historia en su cuenta de Facebook.

“Cuando tenía 14 años asistía a una iglesia. Miguel Antonio C. era nuestro líder, le teníamos mucha confianza, de manera regular nos quedábamos a dormir en su casa para reír y jugar. Una vez me quedé a dormir solo y él aprovecho mi inocencia para abusar de mí. Ese panorama se repitió varias veces por dos años”, refiere parte de la denuncia.

Octavio contó que hace dos años encaró a su agresor, quien en una conversación habría admitido haber cometido la agresión. Después de publicar este relato, otras víctimas se animaron a denunciar.

LA CONCEPCIÓN ADULTOCENTRISTA HACE QUE VÍCTIMAS NO DENUNCIEN POR MIEDO

El delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, explicó que muchos menores de edad víctimas de agresiones sexuales (hombres y mujeres) no denuncien por miedo a que no les crean.

“En la índole social creció la concepción adultocentrista, no creer a los niños y adolescentes. La víctima difícilmente denuncia y, cuando lo hace, desvalorizan su testimonio”, dijo.

Cox señaló que es importante que las Defensorías de Niñez y Adolescencia (DNA) fortalezcan sus intervenciones y busquen indicadores conductuales de una víctima, esto para que se logre hacer una intervención pronta y oportuna.

“Lamentablemente, los casos de violación y agresiones sexuales prescriben, por ejemplo, si la víctima fue agredida cuando tenía 14 años, puede denunciar cinco años después, pero si deja pasar un año más, el caso prescribe y el agresor queda impune”, refirió.

El delegado defensorial explicó que es importante trabajar en una reforma constitucional; pero hasta que eso pase es importante romper el silencio en el plazo establecido, y es ahí donde las DNA juegan un rol importante.

“Cuando el delito prescribe, es importante iniciar procesos civiles por daños y perjuicios. Ésa debe ser la estrategia jurídica que deben adoptar las víctimas. Es importante cuantificar cuánto tiempo le costará a la víctima recuperarse”, manifestó.

Cox dijo que no se debe dejar en la impunidad a los agresores y que es importante lograr que los agresores de alguna forma rediman el daño que provocaron a sus víctimas, esto hasta que se logre cambiar la Constitución.