La CIDH ha identificado una serie de afectaciones recurrentes en contra del derecho a la propiedad y bienestar económico de las personas mayores mediante fraudes y estafas telefónicas y en entornos digitales.

15 de junio de 2026

Washington, DC—En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados a redoblar sus esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar formas de violencia económica que experimentan las personas mayores.

En el marco de sus labores de monitoreo de la situación de los derechos humanos en la región, la CIDH ha identificado una serie de afectaciones recurrentes en contra del derecho a la propiedad y bienestar económico de las personas mayores mediante fraudes y estafas telefónicas y en entornos digitales.

Según la información recibida, en algunos casos estos fraudes y estafas son de tipo inmobiliario y tienen como objeto despojar a las personas mayores de sus propiedades a través de documentación falsa o procesos judiciales en colusión con funcionarios judiciales e incluso con participación de familiares. En otras situaciones, las personas mayores son persuadidas de invertir en propiedades inexistentes, perdiendo ahorros o fondos jubilatorios.

De otro lado, de la información pública revisada se desprende la denuncia de más casos de esquemas financieros de estafa y fraude, en el que la delincuencia aprovecha la brecha de las personas mayores respecto de ciertos entornos digitales debido a la edad. Este tipo de afectaciones a la propiedad suponen el robo de contraseñas bancarias, esquemas falsos de inversión, así como el depósito de dinero para una supuesta obtención de beneficios.

Al respecto, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores establece que la violencia contra una persona mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluido el financiero y patrimonial. Frente a ello, los Estados se comprometen en adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia en contra de la persona mayor. Asimismo, ellas tienen el derecho al uso y goce de sus bienes. Por su parte, los Estados deben adoptar medidas para garantizarles la libre disposición de sus bienes, prevenir el abuso, así como la enajenación ilegal de su propiedad.

En su informe “Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas”, la CIDH identificó que varios Estados de la región han implementado programas y políticas para brindar asistencia legal y acceso a los servicios de justicia en materia de despojos y delitos económicos, a través de atenciones priorizadas a las personas mayores. Asimismo, información pública da cuenta de campañas de comunicación para difundir información preventiva frente a fraudes y estafas dirigidas a personas mayores y sus familias.

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Comisión llama a los Estados de la región a fortalecer sus políticas preventivas contra este tipo de actos, así como el refuerzo de programas que reduzcan la brecha digital de las personas mayores, con énfasis en la educación financiera inclusiva que atienda sus necesidades cognitivas. Finalmente, les insta a investigar y sancionar estas nuevas formas de violencia en contra de las personas mayores.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 106/26

9:20 AM