El abogado especializado en Derecho Penal, Harold Yessid Alcázar Chávez, en entrevista con EL DIARIO, propone un protocolo para regular pruebas digitales y de esa manera reducir la inseguridad jurídica.

El abogado especializado en Derecho Penal, Harold Yessid Alcázar Chávez, en entrevista con el Decano de la Prensa Nacional) FOTO: EL DIARIO

13/04/2026

El crecimiento sostenido de las redes digitales en Bolivia abrió nuevas oportunidades de comunicación y acceso a la información, pero también ha dado lugar a una expansión de los ciberdelitos, en un contexto donde la legislación vigente resulta insuficiente para enfrentar estos desafíos. Así lo advirtió el abogado penalista, Harold Yessid Alcázar Chávez, quien planteó la necesidad de incorporar una regulación específica (protocolo) sobre pruebas digitales en el proceso penal.

“El desarrollo tecnológico es un bien y un mal”, sostuvo el jurista, al explicar que, si bien las redes sociales permiten mayor conectividad, también han facilitado la aparición de nuevas formas de criminalidad que afectan tanto a menores de edad como a adultos.

En Bolivia, dijo Alcázar, no existe aún una normativa específica que regule de manera integral el uso de redes sociales ni el tratamiento de los ciberdelitos.

Actualmente, el marco legal se limita a disposiciones generales, como la ley de telecomunicaciones, mientras que el sistema penal carece de reglas claras sobre la admisibilidad y valoración de la prueba digital.

El especialista subrayó que el problema central radica en la aplicación del principio de libertad probatoria sin criterios técnicos definidos. “No sabemos cuándo una prueba digital es válida, pertinente o útil”, explicó, al mencionar ejemplos como mensajes de WhatsApp o contenidos de Facebook, cuya valoración depende del criterio individual de cada juez.

Esta situación, advirtió, genera inseguridad jurídica y puede derivar en decisiones contradictorias, incluyendo absoluciones o condenas que no siempre responden a estándares uniformes.

PROPUESTA DE REGULACIÓN

Como respuesta a este vacío, Alcázar desarrolla una propuesta académica en el marco de su maestría, orientada a establecer una “configuración jurídica de las pruebas digitales” dentro del proceso penal boliviano, especialmente en casos de ciberdelitos.

La iniciativa plantea la incorporación de un capítulo específico en el Código de Procedimiento Penal que defina qué se entiende por prueba digital, bajo qué condiciones puede ser obtenida y cómo debe garantizarse el respeto al debido proceso.

Asimismo, propone la creación de un protocolo que establezca reglas claras para la recolección, preservación y valoración de este tipo de evidencias, incluyendo aspectos como la cadena de custodia.

“El objetivo es dar seguridad jurídica a jueces, fiscales y abogados, evitando criterios dispares”, señaló el jurista, quien consideró que esta herramienta permitiría uniformar la interpretación judicial y reducir fallos contradictorios.

ALCANCE Y APLICACIÓN

El protocolo planteado funcionaría como un conjunto de normas y directrices destinadas a orientar el accionar de los operadores de justicia, desde la etapa investigativa hasta el juicio oral. En ese marco, el Ministerio Público, como director de la investigación, tendría un rol central en la obtención de pruebas digitales, apoyado por la Policía.

Durante el juicio, el juez podría valorar estas pruebas bajo criterios más definidos, fundamentando sus decisiones con base en reglas previamente establecidas, lo que, según Alcázar, contribuiría a evitar la vulneración de derechos de las partes.

El abogado aclaró que la modificación normativa debe realizarse en el Código de Procedimiento Penal —y no en el Código Penal—, ya que se trata de regular la forma de obtención y valoración de pruebas, y no la tipificación de delitos.

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN

La propuesta también contempla la capacitación de operadores de justicia. Alcázar consideró imprescindible formar a fiscales, jueces y efectivos policiales en materia de ciberdelitos, dada la complejidad técnica de estos casos.

Sugiere que instituciones como el Ministerio Público y la Policía Boliviana impulsen programas de formación para garantizar la correcta aplicación de las nuevas normas, en caso de ser aprobadas.

DELITOS EN AUMENTO

El jurista advirtió que Bolivia enfrenta una creciente incidencia de delitos informáticos, como fraudes digitales, robo de identidad, “phishing” y pornografía infantil. Estos ilícitos, señaló, no están plenamente contemplados en la normativa actual, lo que dificulta su persecución efectiva.

En ese contexto, mencionó casos recientes de suplantación de identidad que afectan incluso a instituciones, como las denunciadas recientemente por el Banco Central de Bolivia (BCB), lo que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de adoptar medidas.

PLAZOS Y POLÍTICA CRIMINAL

Respecto a los tiempos de implementación, Alcázar estima que, en un escenario ideal, Bolivia podría contar con una normativa clara en aproximadamente un año, siempre que exista voluntad política y se cumplan los procedimientos legislativos.

Finalmente, el especialista enfatizó la importancia de fortalecer la política criminal del Estado, entendida como el conjunto de estrategias destinadas a prevenir y reducir la delincuencia. En el ámbito digital, sostiene, esto implica no solo reformas legales, sino también campañas de información y educación dirigidas a la población.

“Estamos en una nueva era digital y el derecho debe adaptarse”, concluyó.

Fuente: https://www.eldiario.net/portal/2026/04/13/vacio-legal-agrava-riesgos-de-ciberdelitos-en-bolivia/