El informe de la OIT exige mayores protecciones y reformas en los programas de migración laboral del Pacífico.
El informe destaca los beneficios de los programas PALM y RSE, al tiempo que identifica deficiencias en la protección y el acceso de los trabajadores.
8 de abril de 2026
Suva (Noticias de la OIT) – Reducir los costos de la migración, facilitar a los trabajadores el cambio de empleadores y ampliar el acceso a la atención médica son algunas de las recomendaciones clave de un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los planes de migración laboral en el Pacífico.
El informe, titulado " Los planes de migración laboral temporal en el Pacífico desde la perspectiva de los derechos humanos y las normas laborales internacionales" , examina el programa australiano Pacific Australia Labour Mobility (PALM) y el programa neozelandés Recognised Seasonal Employer (RSE).
Reconoce la importante contribución que PALM y RSE han realizado para fortalecer la resiliencia económica en el Pacífico, proporcionando oportunidades de empleo a los trabajadores y abordando la escasez de mano de obra en los países de destino. Asimismo, destaca los esfuerzos de los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda para reforzar la protección de los trabajadores mediante recientes reformas políticas.
Al mismo tiempo, el informe destaca las áreas en las que se necesitan mayores avances para garantizar que estos programas reflejen plenamente los principios internacionalmente aceptados de trabajo decente, contratación justa y no discriminación, incluso para las mujeres y otros grupos que pueden enfrentarse a mayores riesgos y obstáculos.
“La migración laboral temporal ha aportado beneficios reales a los trabajadores del Pacífico, a sus familias y a las economías de toda la región, y celebramos las medidas adoptadas por Australia y Nueva Zelanda para mejorar la protección de los trabajadores migrantes”, declaró Martin Wandera, director de la Oficina de la OIT para el Pacífico.
“Un mayor fortalecimiento de estos programas, en consonancia con las normas laborales internacionales, contribuirá a garantizar su éxito a largo plazo y beneficiará tanto a los trabajadores como a los empleadores y a los países de origen y destino”, añadió.
Los costos de la migración se identifican como un problema importante. Si bien las comisiones de contratación están prohibidas, los trabajadores suelen incurrir en gastos significativos relacionados con viajes, documentación y otros requisitos, lo que deja a muchos endeudados al inicio de su empleo. El informe recomienda una revisión exhaustiva de estos costos y una distribución más equitativa de las responsabilidades financieras entre empleadores, trabajadores y el gobierno.
Las restricciones para cambiar de empleador se destacan como un factor de riesgo clave. La movilidad limitada puede reducir el poder de negociación de los trabajadores y aumentar su exposición a malas condiciones laborales. El informe recomienda implementar procesos accesibles que permitan a los trabajadores cambiar de empleador con una mínima carga administrativa.
Se fomenta la ampliación del acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones con los ciudadanos nacionales, así como, en el caso de Australia, la simplificación del acceso a la jubilación para los trabajadores migrantes cuando se marchan.
El informe también solicita una revisión de la participación de las mujeres en los programas PALM y RSE para fortalecer su inclusión y promover el acceso de otros grupos subrepresentados.
La investigación y el análisis presentados en el informe forman parte de los esfuerzos continuos de la Organización Internacional del Trabajo para promover una gobernanza justa y eficaz de la migración laboral, mejorar la protección de los trabajadores migrantes y apoyar resultados de desarrollo sostenible para los países y territorios insulares del Pacífico, así como para los países de destino.
El informe se ha elaborado en el marco del proyecto “Movilidad laboral para el desarrollo sostenible y la resiliencia climática en el Pacífico”, financiado por el Fondo Fiduciario Multipartito para la Migración (MPTF, por sus siglas en inglés) en apoyo del Pacto Mundial sobre Migración.
