En las Américas, los riesgos climáticos tienden a recaer con mayor intensidad sobre mujeres y niñas, entre otros factores, por la división sexual del trabajo, la sobrecarga de cuidados y las brechas persistentes de acceso a la tierra, al agua, a los servicios básicos, a información oportuna y a espacios reales de toma de decisiones.

3 de marzo de 2026

WASHINGTON, DC–La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia el lanzamiento de la Guía práctica para políticas y acciones climáticas: Orientaciones para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de mujeres y niñas.

Esta publicación se reconoce que la emergencia climática no impacta a todas las personas por igual, ni distribuye de forma equitativa los costos de adaptación y de la respuesta estatal. En las Américas, los riesgos climáticos tienden a recaer con mayor intensidad sobre mujeres y niñas, entre otros factores, por la división sexual del trabajo, la sobrecarga de cuidados y las brechas persistentes de acceso a la tierra, al agua, a los servicios básicos, a información oportuna y a espacios reales de toma de decisiones. El documento advierte, además, que estos impactos se agravan cuando se combinan desigualdades estructurales vinculadas con la pobreza, la pertenencia étnico-racial, el territorio, la edad, la discapacidad o la situación migratoria. Por eso, enfatiza que las políticas climáticas que no incorporan un enfoque de derechos y una perspectiva de género pueden terminar reproduciendo —e incluso profundizando— desigualdades preexistentes, aun cuando busquen objetivos climáticos legítimos.

“La acción climática no puede medirse solo por metas de mitigación o adaptación: también debe rendir cuentas por sus efectos sobre la igualdad y los derechos. Esta Guía ofrece orientaciones concretas para que los Estados reduzcan riesgos, cierren brechas y aseguren la participación efectiva de mujeres y niñas en todo el ciclo de las políticas climáticas”, señaló Javier Palummo, Relator Especial de la REDESCA.

La publicación incluye, además, herramientas y ejemplos prácticos —decisiones operativas, indicadores y líneas de acción— que traducen estándares jurídicos interamericanos e internacionales en orientaciones concretas vinculadas con los DESCA. Entre otros temas, aborda agua y saneamiento, salud, alimentación, educación, vivienda, trabajo, ordenamiento territorial y gestión del riesgo. Estas orientaciones buscan acompañar todo el ciclo de la política pública —diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo y evaluación—, incorporando datos desagregados, indicadores verificables y presupuestos sensibles al género.

La Guía se sustenta en el marco jurídico interamericano, en particular en la Opinión Consultiva OC-32/25 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al reconocer el derecho humano a un clima sano —derivado del derecho a un ambiente sano—, la Corte desarrolla obligaciones estatales específicas frente a la emergencia climática, incluyendo medidas diferenciadas y reforzadas para la protección de personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad. Estas obligaciones se articulan, además, con los deberes de prevención, precaución, cooperación, reparación y garantías de no repetición, bajo un estándar de debida diligencia reforzada, especialmente ante riesgos graves o irreversibles.

En esa línea, la Guía afirma que la acción climática debe guiarse por los principios de igualdad y no discriminación; participación efectiva; acceso a la información y a la justicia; y rendición de cuentas. Esto exige asegurar que las políticas de mitigación, adaptación, transición justa, financiamiento climático y respuesta a pérdidas y daños no reproduzcan ni profundicen desigualdades, mediante un enfoque interseccional orientado a la igualdad sustantiva. En particular, la Guía destaca las afectaciones específicas que enfrentan, entre otras, mujeres y niñas indígenas, afrodescendientes y afrocaribeñas; mujeres rurales; habitantes de asentamientos informales; mujeres y niñas con discapacidad; mujeres mayores; defensoras del ambiente; y mujeres y niñas en contextos de movilidad humana, lo que requiere respuestas estatales diferenciadas y reforzadas.

Con esta publicación, la REDESCA procura apoyar a los Estados de la región en el diseño e implementación de políticas climáticas más justas, inclusivas y eficaces, orientadas a reducir brechas, proteger a las personas y grupos históricamente discriminados y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a la crisis climática.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de estos derechos en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

No. RD032/26

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