La política fiscal está intrínsecamente ligada a los derechos humanos y a la justicia climática.

12 de agosto de 2024

Washington, D.C. - En un contexto global marcado por la intensificación de la crisis climática, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirma la importancia de implementar políticas fiscales progresivas que promuevan y garanticen los derechos humanos. En consonancia, reconoce la relevancia de los procesos de reformas fiscales globales en curso en los foros multilaterales. En particular, resalta la importancia de la reciente declaración de los ministros de finanzas del G20 que aboga por avanzar en reformas fiscales progresivas y la necesidad de movilizar recursos adicionales para enfrentar la emergencia climática y lograr el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.

En el contexto de estas discusiones sobre las reformas fiscales globales, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha iniciado un proceso para desarrollar una Convención Marco sobre Cooperación Internacional en Materia Fiscal. La Resolución A/78/230, adoptada el año pasado, marca el comienzo de discusiones intergubernamentales en la ONU para fortalecer la inclusión y efectividad de la cooperación fiscal, así como el desarrollo de un proceso para diseñar una convención marco jurídicamente vinculante. Actualmente, se está llevando a cabo en la sede de la ONU en Nueva York la segunda ronda de negociaciones sobre los Términos de Referencia de este proceso, subrayando la importancia de una cooperación fiscal internacional más inclusiva y eficaz en la promoción de la justicia fiscal y los derechos humanos en un contexto de creciente vulnerabilidad climática.

La política fiscal está intrínsecamente ligada a los derechos humanos y a la justicia climática. En este sentido, en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional de San Salvador, los Estados deben garantizar la realización progresiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Las obligaciones mencionadas incluyen las políticas que los Estados adoptan para fortalecer su espacio fiscal, recaudar ingresos públicos adecuados y asignar fondos para financiar de manera efectiva las políticas públicas que garanticen los derechos humanos. Por lo tanto, aunque los Estados ciertamente conservan la discreción soberana para definir sus políticas fiscales y tributarias particulares, están simultáneamente obligados, a nivel internacional, a sostener y promover los DESCA a través de esas decisiones de política pública y su implementación efectiva.

Nuestro trabajo de monitoreo y protección en la región revela que el disfrute de los DESCA en América Latina y el Caribe está gravemente comprometido por las limitaciones estructurales de sus economías. Una arquitectura financiera internacional inequitativa facilita el crecimiento de flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal y la deslocalización de beneficios, lo que reduce el espacio fiscal necesario para financiar servicios sociales y públicos de calidad, privando a los países de los recursos indispensables para su desarrollo. Además, estos países son acreedores de una deuda ambiental que, aunque en gran parte no generaron, los enfrenta a desafíos insuperables y a un impacto severo en los medios de vida de sus poblaciones.

Los países del Caribe enfrentan el obstáculo adicional de un espacio fiscal limitado para asumir el costo de medidas de adaptación y mitigación oportunas y adecuadas frente a daños severos en la infraestructura y disrupciones económicas causadas por desastres provocados por el cambio climático. Estos Estados a menudo deben recurrir a préstamos no concesionarios de otros Estados, inversionistas privados o instituciones financieras internacionales para financiar políticas esenciales. Estos Estados se ven obligados a elegir entre cumplir con sus obligaciones de pago de la deuda externa— a costa de medidas de austeridad y condicionalidades— o verse impedidos de acceder a fondos internacionales para las medidas climáticas urgentes necesarias para enfrentar los desafíos ambientales presentes y futuros.

La Relatoría Especial subraya la importancia de los debates sobre el desarrollo de reformas fiscales progresivas, tanto a nivel nacional como internacional, y la necesidad urgente de movilizar recursos adicionales para cumplir con los objetivos de financiamiento climático. Es fundamental que el proceso de elaboración de instrumentos específicos en los foros multilaterales incluya los derechos humanos como un principio rector y que conduzca a reformas concretas y efectivas. La REDESCA reitera su compromiso de contribuir activamente a estos debates, que deben contar con la participación de todos los gobiernos, organizaciones internacionales y una representación diversa de la sociedad civil.

No. RD180/24

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