La víctima de un hecho de violencia y sus familiares pueden denunciar el caso ante las autoridades. También lo pueden hacer vecinos, profesores, directores y personal de una unidad educativa; médicos y personal de salud de cualquier centro de salud, hospital, posta o clínica que detecten el hecho; autoridades indígenas originarias campesinas de las comunidades y, en general, cualquier persona que detecte el hecho.

Ante la desinformación, muchas víctimas de violencia callan cuando reciben agresiones y son sujetas a situaciones que ponen en riesgo su seguridad e integridad al interior de sus propios hogares.

Aunque las instituciones encargadas de decepcionar las denuncias de casos de violencia contra la mujer y las familias han sido fuertemente cuestionadas, por algunas falencias detectadas en la atención de muchas mujeres y niños víctimas en los últimos años, es importante para la población que pueda tener en cuenta cuales son las instituciones obligadas a atender sus quejas con inmediatez y efectividad.

Tal como lo dijo Fátima Terrazas, activista y líder del colectivo Mujeres de Fuego, "la celeridad en la atención de los distintos casos puede ser determinante incluso para salvar vidas".

Cada minuto que se pueda ganar en cuanto a un proceso para denunciar un caso de violencia es muy importante, sobre todo para proteger a la víctima, a sus hijos y resto de la familia, que también resulta muy afectada cuando un miembro del hogar es sujeto de este tipo de crímenes.

El primer paso para denunciar a un agresor (o agresora) es acudir ante las autoridades policiales, ya sea a través de radio patrullas 110 o la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC), quienes a su vez derivarán la queja a la Plataforma de Atención de casos.

A momento de denunciar un hecho de violencia contra las mujeres y la familia, los efectivos policiales procederán con el registro de datos personales y la asignación de un investigador del caso.

El investigador al cual se le asigne el caso, hará conocer el mismo al fiscal analista y, paralelamente, realizará otros actos investigativos.

Este punto es en el que las autoridades deben disponer los mecanismos de protección para las víctimas, entre estas se encuentra el traslado de las mismas a un centro de acogida debido a que, en la mayoría de los casos, las mismas no se encuentran seguras permaneciendo en su propio hogar. En algunos casos se suelen aplicar medidas de restricción para evitar que los agresores se aproximen a las víctimas. 

Las activación de las medidas de protección así como su efectividad han sido duramente cuestionadas en los últimos años.

Luego, se pone el caso a conocimiento del fiscal de turno y, dependiendo del caso, se dispone el arresto, aprehensión o puesta en libertad del acusado, se dispone el inicio de las investigaciones preliminares y un aviso al juez jurisdiccional.

Después, el investigador recibe la declaración informativa policial de la víctima y testigos. Se procede con el registro del lugar de los hechos y otros actos investigativos.

Se recocina la declaración informativa policial del acusado, se da cumplimiento a las medidas de protección dispuestas para la víctima y se registra el caso en el Sistema de Justicia Libre.

En esta etapa, el investigador acumula mayores elementos de convicción para la acusación.

Posteriormente se llega a la etapa del juicio oral, en la que todas las partes se preparan para el mismo.

QUIÉNES PUEDEN DENUNCIAR La víctima de un hecho de violencia y sus familiares pueden denunciar el caso ante las autoridades.

También lo pueden hacer vecinos, profesores, directores y personal de una unidad educativa; médicos y personal de salud de cualquier centro de salud, hospital, posta o clínica que detecten el hecho; autoridades indígenas originarias campesinas de las comunidades y, en general, cualquier persona que detecte el hecho.

Las denuncias pueden realizarse en cualquier oficina policial o del Ministerio Público.

INSTANCIAS Las instancias que promueven la denuncia de los hechos de violencia contra las mujeres y familias son los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), ServicioS Integrados de Justicia Plurinacional (SIJPLU), Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima (Sepdavi) y Autoridades Indígena Originaria Campesina, cuando corresponda.

LARGA ESPERA De acuerdo a un estudio, en Cochabamba, el 68ˆ% de mujeres en situación de violencia esperan más de 30 minutos para recibir atención en tres de cuatro instituciones que incluso “saltan” los mecanismos de protección para la víctima, de acuerdo a datos del IV Informe de Cumplimiento del Estándar de la Debida Diligencia, presentado por la Alianza Libre de Violencia en agosto de 2019.

La iniciativa interinstitucional acoge a más de 60 organizaciones que trabajan en favor de los derechos de las bolivianas. En la Llajta se realizaron 133 encuestas a usuarias de los servicios de atención del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ministerio Público, Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y Órgano Judicial en 38 municipios, además revisaron 60 procesos judiciales de seis municipios. 

La fundadora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, indicó que el último informe se comparó con el de 2017 y 2016 para determinar los avances, retrocesos y otros aspectos. Indicó que el fin es identificar las debilidades y superarlas para una atención óptima.

Muchas mujeres, que no encuentran alivio y atención rápida en las instituciones oficiales, recurren a colectivos y organizaciones que, en los últimos años, cobraron fuerza por resultar más eficientes que las propias autoridades. En Cochabamba, Mujeres de Fuego y Voces Libres son las dos organizaciones que lideran el activismo de ayuda a las personas que sufren estos crímenes.