La Sentencia Constitucional 206/2014 avala la Interrupción Legal del Embarazo producto de una violación, pero no se cumple a cabalidad por desconocimiento de la ley, negligencia de autoridades y prejuicios.

Carolina Méndez / Santa Cruz

No sólo es ilegal, es tortura. Forzar a niñas   a  asumir la maternidad es ultraje. Negarles el derecho al aborto es volver a victimizarlas. En Bolivia, en promedio, seis niñas quedan embarazadas cada día producto de violencia sexual y pese a que la ley les permite interrumpir el embarazo, en la práctica la norma sólo se cumple en casos aislados. Después de la sentencia 206/2014 de 2014, que facilitó el procedimiento,   se han registrado 543 ILE (Interrupción Legal del Embarazo)    mientras los embarazos infantiles en el país superan los 13.000.

Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE) del Ministerio de Salud, en 2020 se registraron 2.146 embarazos de niñas entre 10 y 14 años de edad: seis embarazos cada día. El año 2019,  según los registros, hubo 2.759 embarazos infantiles: hasta   siete  diarios. 

La Convención de Belém do Pará -organismo de la OEA para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer-, de la que Bolivia es parte, determina que toda gestación de menores de 14 años debe considerarse producto de violencia sexual. Por tanto, los Estados tienen la obligación de brindar una atención especializada, investigar las agresiones y asegurar el acceso a la interrupción del embarazo.

En Bolivia está vigente desde 2014 la Sentencia Constitucional 206/2014, que avala la ILE producto de una violación, a través de una denuncia y el consentimiento informado. En la práctica, las ILE  son  aisladas;  en la gran mayoría de los casos ni las víctimas ni su entorno cercano saben que se puede acceder al procedimiento con la sola denuncia de vejación. 

Entre 2014 y 2019, los embarazos infantiles superaron los  13.000, de acuerdo con cifras oficiales, y  se practicaron sólo 543 ILE (4%) en todo el país, según datos de IPAS. En ese mismo lapso, se registraron 54.002 abortos incompletos. 

Círculo “clandestino” 

En Bolivia el aborto es una realidad, pese a que se lo condene a la clandestinidad por la criminalización fuera de las causales y se niegue a hablar del tema en la agenda pública. Debido a la pandemia, no hay datos de 2020 pero se presume que las restricciones dificultaron aún más el acceso a la atención médica oportuna.

“En Bolivia hay un círculo clandestino del aborto por el que pasan incluso quienes podrían haber accedido por ley a la interrupción del embarazo. Esto se debe a que en la práctica hay muchísimas barreras que impiden la realización de la ILE. El tema se ha ido agravando con la pandemia porque  en Bolivia prácticamente se suspendieron los servicios de salud sexual y reproductiva durante la cuarentena”, explica Tania Nava, directora de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia.

Desconocimiento de la ley, prejuicio del entorno y del personal médico,  y negligencia de las  autoridades  son las causas que impiden a las niñas vejadas interrumpir embarazos.

“Una de las trabas al momento de solicitar la ILE es la reacción negligente de personal médico que, alegando objeción de conciencia, no da respuestas oportunas. Se respeta desde luego la posición de los trabajadores que así lo demandan pero debe ser una postura personal, nunca institucional; además, tiene que hacerse de manera honesta y a tiempo, derivando a la niña para garantizar que se cumpla la norma”, manifiesta Nava.

Víctimas, no delincuentes

El 2017, una menor de 14 años solicitó la interrupción del embarazo luego de sufrir una violación en Riberalta. La víctima no fue escuchada porque los médicos objetaron las semanas gestacionales y la obligaron al parto.

El 2019, una niña de 12 años quedó embarazada luego de haber sido violada por su primo de 24 años, en una comunidad de Tiquipaya (Cochabamba). La menor, acompañada de sus padres, solicitó la interrupción del embarazo a las 22 semanas de gestación, pero el médico que la atendió programó el parto, e intentó disuadirla de hacerse cargo del bebé. La obligó a ser madre con 12 años.

“El doctor J. L .C. no programó la fecha de la cirugía (para interrumpir el embarazo) y (en vez de esto) programó un parto normal. Expuso ideas contra la adopción del bebé, generando inseguridad en los padres y temor y angustia en la niña”, refiere parte del informe de la psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La menor dio a luz tras 12 horas de trabajo de parto en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi. 

Ese mismo año, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Oruro y la junta de médicos del Hospital Corea de esa capital negaron el pedido de aborto de una menor de 13 años que fue víctima de agresión sexual por parte de su cuñado.

Recientemente se conoció que en Monteagudo (Chuquisaca), una niña de 12 años víctima de violencia sexual por parte de su hermanastro y abuelastro -desde que tenía nueve años- quedó embarazada y se le negó el derecho a la interrupción del embarazo. La menor tuvo que viajar a Sucre para acceder a lo que por ley le correspondía.

“Rechazamos todas las declaraciones que pretenden situar como delincuentes a niñas, adolescentes y a mujeres que por causa de violación, incesto o estupro decidan interrumpir un embarazo. No son delincuentes, son víctimas y el Estado les debe protección”, manifestó la defensora del Pueblo,  Nadia Cruz, ante las voces conservadoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional que pretendían poner a discusión el aborto de la menor.

Trabas y vulneraciones a la ley
 
Según un informe defensorial presentado a finales de  2020, en el país se registraron al menos 32 casos (entre 2015 y 2019) en los que se impidió el acceso a la ILE o se pusieron barreras para su ejecución. De los casos reportados, 10 corresponden a vulneraciones cometidas por el personal de salud, cuatro a negligencia de la Fiscalía, tres a trabas de los gobiernos municipales, dos a ineficiencia de las defensorías y uno al mal trabajo de la Policía. 

La norma en Bolivia establece que los servicios de salud públicos, privados y los de seguros a corto plazo tienen 24 horas para realizar una Interrupción Legal del Embarazo  en las menores. 

El informe también detectó, con base en  una inspección de 44 hospitales de segundo y tercer nivel, que no hay garantías para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos en Bolivia. En 32 hospitales públicos no hay una sala especial para la ILE, faltan equipos, medicación y personal capacitado. Asimismo, hay desconocimiento de la norma y prejuicios en los actores involucrados. Sólo el 8% del personal de salud dentro de  44 hospitales consultados conocía las causales para interrumpir un embarazo.

El Código Penal vigente desde 1972 criminaliza el aborto salvo en situaciones de violación, estupro, incesto y para salvar la vida o preservar la salud de la mujer.

“La causal de violencia sexual   es la que en la práctica genera más problemas al momento de solicitar la interrupción del embarazo, porque en el fondo, se pone en duda la palabra de la víctima”, analiza Malena Morales, directora de IPAS Bolivia.

Niñas, no madres

El año 2012, la diputada Patricia Mancilla presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de 13 artículos del Código Penal por considerarlos contrarios a la Constitución Política del Estado.

Dos años después, el 5 de febrero de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional No. 0206/2014, declarando inconstitucional algunas partes de la norma cuestionada por Mancilla.

Lo más relevante es que, antes de la sentencia, las niñas que quedaban embarazadas producto de una violación, estupro o incesto podían acceder a un aborto con una autorización judicial (art. 266). Lo que en la práctica significaba que no se concretara la interrupción del aborto, pues la burocracia y las barreras socio-culturales y religiosas  provocaban que el embarazo concluyera antes de la “autorización”.

Desde  2014, para solicitar la ILE únicamente es necesaria la presentación de la denuncia de la violación (en caso de que ésa sea la causal) y el consentimiento de la víctima. 

“El aborto es un problema de salud pública y de justicia social”, enfatiza Morales,  para no dar cabida a las discusiones morales o religiosas. De acuerdo a la OMS, las niñas y adolescentes menores de 16 años embarazadas corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior. 

Un estudio publicado en la Revista Estadounidense de Obstetricia y Ginecología, realizado con jóvenes embarazadas en América Latina, encontró que las niñas de 15 años o menos tienen más probabilidades de desarrollar anemia severa y enfrentar un mayor riesgo de hemorragias posparto. A ello hay que sumarle el drama de encarar un embarazo de su victimario, que muchas veces es del entorno familiar cercano. 

“Es un delito someter a un nuevo vejamen a una niña violada, cuando se le impide acceder a su derecho legal de  aborto seguro”.

Aborto no punible

En Bolivia está vigente la Sentencia  206/2014, que avala la Interrupción Legal del Embarazo  producto de una violación, a través de una denuncia y el consentimiento informado.

543 ILE se realizaron en Bolivia entre 2014 y 2019: 92 fueron de embarazos luego de violación, 17 por enfermedad materna y 27 por malformación fetal incompatible con la vida. Hay 197 casos cuyo reporte es incompleto.

Seis  embarazos infantiles al día se registran en promedio en Bolivia, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE) . Todo embarazo a menores de 14 años es considerado producto de violencia sexual.

Informe Defensorial da cuenta  de negligencias de personal de salud, Fiscalía, gobiernos municipales, defensorías y Policía que  impidieron el acceso a la ILE.

 8% del personal de salud conocía las causales que permiten la interrupción legal del embarazo (277 prestadores en salud de 44 centros médicos), según el informe de la Defensoría del Pueblo.

 3% de muertes de mujeres en Bolivia son por abortos mal practicados.  Activistas señalan que  el sistema burocrático  que fomenta al parto involuntario obliga a adolescentes y mujeres a recurrir a la interrupción clandestina del embarazo.

Educación Organismos que luchan contra la maternidad infantil y la violencia  sexual subrayan la importancia de incluir educación sexual en las escuelas para romper tabúes  y enseñar a niños/as a detectar abusos.