Después de escuchar las dos versiones de la situación de los derechos humanos en Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Unidos (OEA) recomendó ayer la necesidad del retorno con “prontitud” de la institucionalidad judicial en el país en el marco de la nueva Constitución Política del Estado.

Durante dos horas y por separado, la CIDH escuchó la versión del Gobierno, a cargo del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, sobre el “Acceso a la Justicia e Inclusión Social en Bolivia”. Asimismo, recibió a una comisión de senadores, encabezada por el presidente del Senado, Óscar Ortiz, que denunció la violación de los derechos humanos por el gobierno de Evo Morales. El relator sobre Libertad de Expresión y miembro de la CIDH, Valentín Meléndez, dijo que dentro de las recomendaciones que se hizo a Bolivia, “la más importante tiene que ver con una importancia estructural sobre el nombramiento de la cúpula del órgano judicial, Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura”, dentro de la nueva Constitución Política del Estado. El objetivo de la sugerencia es que las instituciones “funcionen plenamente y en el menor tiempo posible de acuerdo con los cauces que señala la Carta Magna”. El viceministro Sacha Llorenti habló de transparencia y respeto a los derechos humanos e invitó a la CIDH a Bolivia, a lo que Meléndez respondió: “Estoy tomando las palabras que usted ha usado, ‘puertas abiertas’ de Bolivia para que la comisión visite cuando quiera. Yo le felicito y quiero tomarle la palabra, invitándolo a que formalice esta invitación como lo han hecho otros países por escrito”. Meléndez también recordó el compromiso del canciller David Choquehuanca de solucionar amistosamente todos los “casos” de Bolivia. “Quiero recordar esto en esta audiencia”, recalcó. Por su parte, la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía, corroboró que esperan la invitación del Gobierno para tener las “puertas abiertas” para que visiten, sin restricciones, el país. “Tenemos dos versiones y nos gustaría saber, frente a los obstáculos para nombrar al resto de los magistrados, cómo la Constitución actual permite evitar esos obstáculos de cara a la nueva recomposición del Estado”, complementó la presidenta. El senador Ortiz, quien fue acusado junto a sus colegas Róger Pinto y Luis Vásquez de electoralizar su visita a la CIDH, hizo una relación de los hechos en Bolivia y denunció que el Gobierno actual viola los derechos humanos y descabezó a todas las instituciones del país. “Venimos a denunciar a esta instancia porque estos hechos no son investigados en Bolivia y no hay órgano constitucional vigente. Esperamos que la CIDH pueda verificar en Bolivia estos hechos de todas las denuncias y se llegue a un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscando la sanción y evitar que se repitan”, aclaró Ortiz a los periodistas. Llorenti presentó un panorama de inclusión social y dijo que se han hecho avances en materia jurídica en Bolivia. Aseguró que las acefalías a las entidades judiciales serán cubiertas después de las elecciones presidenciales y después de que se aprueben leyes sobre las instituciones acéfalas. El informe opositor menciona varios casos de “secuestros, detenciones ilegales, torturas físicas y psicológicas, ejecuciones sumarias y muertes aún no esclarecidas´ en el gobierno de Morales. Llorenti dijo que el Ejecutivo lucha contra un sistema neoliberal donde había mucha exclusión.