El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren, considera que no hay garantías para una investigación interna imparcial y plantea la visita de los representantes del organismo internacional

Para el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Francisco José Eguiguren es necesario formar un grupo interdisciplinario e internacional de expertos para investigar los hechos de violencia ocurridos tras la dimisión de Evo Morales en Bolivia porque no hay garantías para una investigación interna imparcial.

Los hechos de violencia en El Alto y Sacaba, que se saldaron con 19 muertos a bala, fueron calificados por Eguiguren de masacres. “Una situación muy alarmante, polarización, discurso de odio, violencia, grupos armados y eso es algo muy serio”, resumió el relator en una entrevista la noche del jueves con la cadena CNN sobre lo visto por una misión de la CIDH en Bolivia.

“La Comisión va a plantear que debe constituirse un grupo interdisciplinario e internacional de expertos que pueda constituirse en el país e investigue a profundidad los sucesos ocurridos luego de la renuncia del presidente Evo Morales y la anulación electoral, que han causado por lo menos dos masacres claramente verificadas, una en El Alto y otra en Cochabamba”, anunció.

Tras la dimisión de Morales, el 10 de noviembre, se activaron bloqueos y marchas en favor del hoy exmandatario, centradas en Cochabamba y El Alto. El 15 de noviembre perdieron la vida por impacto de bala 9 cocaleros que eran parte de una marcha que fue detenida por un operativo policial-militar en su  intento de ingresar a la ciudad de Cochabamba.

Morales renunció acorralado por un prolongado bloqueo cívico, al que se sumó un motín policial y la sugerencia de renuncia del entonces alto mando militar, alentado por denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre. La protesta exigía el respeto al voto y poco después de conocerse los resultados se quemaron las oficinas de los entes electorales de Sucre, Trinidad, Potosí, Tarija y Santa Cruz.

Días después, el martes 19, en Senkata, lugar de un fuerte bloqueo que impedía la salida de combustibles y GLP, perdieron la vida seis personas y posteriormente otros cuatro heridos en medio de otro operativo policial-militar para evacuar un convoy de cisternas para paliar la ya crítica situación de desabastecimiento en ese entonces.

El Gobierno negó que los militares o policías hayan hecho uso de sus armas de reglamento en esos trágicos hechos. La Fiscalía también descartó que se haya empleado en la muerte de esas personas armas de uso policial o militar.

“A pesar de que la información oficial habla de muertes en enfrentamientos entre civiles, creemos que se requiere de una investigación internacional porque no encontramos internamente garantías para una investigación imparcial y firme”, insistió y anunció que planteará a la CIDH una visita lo más pronto posible a Bolivia para ver en el terreno lo ocurrido.

“Muy alarmante comprobar que una de esas masacres se produjo al día siguiente de este decreto muy cuestionable, donde el Gobierno interino dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas, que estarían exentas de investigación y responsabilidad”, cuestionó en relación al decreto aprobado el 14 de noviembre y abrogado el 28 del mismo mes tras, dijo la presidenta Jeanine Áñez, haberse consolidado la pacificación.

Ese decreto eximía a los militares de responsabilidad penal por su accionar en los operativos para restablecer el orden, además dejaba en claro que debían actuar de forma proporcional al ataque o violencia que combatían. Desde el Gobierno se cuestionó que la CIDH haya enviado una misión cuando en 14 años del gobierno de Morales no lo hizo pese a denuncias de violación de derechos humanos.

“Lo que cuestiono es que me parece raro que en los últimos 14 años la CIDH no haya venido al país cuando le pedimos que lo haga", sostuvo el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.

Como consecuencia de los hechos de violencia desatados después de las elecciones del 20 de octubre, la Fiscalía abrió 368 casos concentrados, en su mayoría, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. De ese total, 87 están con detención preventiva, 192 con medidas sustitutivas y 89 están en libertad, mientras que 29 personas perdieron la vida en ese periodo de violencia.