Bolivia está entre los cuatro países de la región que incorporó la figura penal del feminicidio en el ordenamiento jurídico y en segundo lugar en número de tipificaciones de formas de violencia contra la mujer, según el informe anual del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL. En cuatro países prevén condenas de cadena perpetua.

La ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, aprobada en marzo de 2013, incorporó el delito de feminicidio con una condena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto contra los autores. Hasta el momento ya fueron condenadas dos personas bajo la nueva figura penal para combatir la violencia contra la mujer.

El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) establece que en la legislación de Chile, Perú y Ecuador también está incluido el femicidio o feminicidio, mientras que en Argentina, Colombia y Venezuela han fijado una “agravación para el homicidio” en estos casos. Incluyento a América Latina el Caribe suben a 11 los países con esa tipificación.

La ley de marzo también incorpora la identificación de 16 formas de violencia contra la mujer, entre ellas la violencia física, psicológica, mediática, simbólica, contra la dignidad, la honra y el nombre, sexual, patrimonial y económica. De acuerdo al informe, solo Venezuela cuenta con una mayor tipificación de violencia: 20.

En Argentina la condena es “prisión o reclusión perpetua”, en Chile “presidio mayor en grado máximo a presidio perpetuo calificado”, en Colombia presidio de 33,3 a 50 años, en Ecuador prisión de 22 a 26 años, en Perú “prisión de 15 años a cadena perpetua”, en Venezuela presidio de 28 a 30 años y en Bolivia cárcel de 30 años sin derecho a indulto.

“La promoción de las reformas penales se vincula con la necesidad de contar con mejores  herramientas para la sanción de los  femicidios, en virtud de una situación generalizada de impunidad

que resulta lesiva, no solo del derecho de reparación de las víctimas colaterales, sino también del estado  de derecho en una sociedad democrática”, prevé el documento.