El saneamiento y la titulación de TCO no terminan de zanjar los líos de propiedad por la presión de ganaderos y campesinos

Un grupo de indígenas tsimane’, armado con motosierras, intenta abrir una brecha de al menos un kilómetro de largo y 100 metros de ancho en medio del monte. Lo hace para desviar parte de las aguas del río Maniqui ante el potencial riesgo de que la fuerza del caudal se “coma” su territorio ancestral, ubicado en la comunidad beniana Arenales. Cada centímetro es valioso. Pero sus predios no solo son amenazados por la crecida del torrente, sino también por ganaderos y campesinos interesados en las áreas de pastoreo y de explotación de los recursos naturales. El saneamiento y la titulación ejecutoriada de la tierra a favor de estos indígenas no garantiza el respeto pleno a su propiedad y su acceso a la tierra. Allí, la Justicia tiene cuentas pendientes con ellos. Arenales es una de las 130 comunidades afincadas en el municipio de San Borja, en la provincia José Ballivián; la mayoría dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tsimane’. Como varios, el poblado se asienta en orillas del Maniqui, que es su principal canal de comunicación dentro del departamento, a falta de carreteras. Esa ubicación geográfica es un punto en contra para los tsimane’ a la hora de cuidar la extensión de su territorio, ya que cada año las lluvias hacen crecer el caudal que anega y devora parte de sus tierras, sembradíos y viviendas. Su TCO comprende al menos 420.000 hectáreas. Sus antepasados fueron difíciles de colonizar y utilizaban la hechicería para enfermar a los conquistadores que llegaron desde España y que los identificaban como “chamanes”, término del que se desprendería después el origen de su nombre actual, relata Cándido Nery, presidente del Gran Consejo, en su oficina que hace de sede y sitio de acogida para los dirigentes y nativos que deciden salir a la ciudad de San Borja. De aquellos años, siglos de ocupación del Nuevo Mundo, ahora los tsimane’ alegan ser víctimas de una “nueva invasión”. Al menos 300 familias campesinas, divididas en cinco comarcas, llegaron a asentarse en la TCO. Lograron desalojarlos en 2012 mediante negociaciones, pero después el campesinado se instaló en territorios fiscales colindantes al suelo indígena y que comprenden 86.000 hectáreas. Nery detalla que miembros de su etnia solicitaron hacerse de esos predios porque en ese espacio figuran comunidades originarias. “Hemos hecho un acuerdo con campesinos e interculturales (colonos) para que se respete esa área en demanda, una delimitación inicial que no fue cumplida, y ahora ellos están encima de nuestras comunidades. No somos de la violencia, pero si nos atropellan vamos a defender nuestro territorio dejado por nuestros ancestros”, advierte el originario de Tacuaral del Mato en una muestra de que la titulación no garantiza el derecho pleno, que el acceso a tierras tropieza con intereses de terceros y que antes de ir a la Justicia, estos indígenas prefieren resolver los conflictos a partir de negociaciones y decisiones asumidas por sus integrantes. La figura de las TCO (denominadas desde 2010 Territorios Indígenas Originario Campesinos (TIOC)) tiene como antecedente la primera marcha indígena que partió desde la ciudad de Trinidad, el 15 de agosto de 1990, bajo la consigna “Por la Dignidad y el Territorio”. Llegó a La Paz el 17 de septiembre e inició un proceso de reconocimiento de tierras a favor de comunidades de las denominadas tierras bajas; convirtió a los indígenas en sujetos plenos de derecho. Pese a que han pasado 24 años desde aquella histórica caminata, ese proceso de reconocimiento aún continúa. Las tierras en litigio son aptas para el pastoreo del ganado y poseen recursos naturales como la madera, factores que generan disputas. Tanto los tsimane’ como los sirionós, canichanas, moxeño-ignacianos, moxeño-trinitarios, movimas y yuracarés están dedicados a la recolección, caza, agricultura de subsistencia y en pequeña magnitud a la ganadería. Son parte de los 18 pueblos indígenas que habitan suelo beniano. Los miembros de estas etnias ya no son como sus antepasados, pues tienen acceso a la educación y a distracciones como la televisión. Algunos viven entre el pasado y la modernidad. Por ejemplo, en las aldeas de Ibiato y San Pedro Nuevo, a 70 y 45 kilómetros de la capital Trinidad, respectivamente, en la provincia Cercado, los lugareños tienen viviendas construidas con ladrillos y calaminas, aunque también usan troncos y jatatas, hojas con las que hacen los techos y parte de las paredes.Informe La Razón visitó esos pueblos para conocer los potenciales conflictos por tierras y las dificultades para acceder a la Justicia. La TCO Ibiato (municipio de Trinidad), donde habitan al menos 320 familias sirionós divididas en las comunidades Ibiato (que significa “loma alta” en la lengua nativa) y Pata de Águila, tiene consolidadas 52.000 hectáreas. Allí radica Natanael Jacinto Sosa, joven dirigente y presidente del Consejo Indígena Sirionó. En la sala de su casa, sin muros, al aire libre y a vista de todos quienes caminan por el lugar, Sosa se sienta en una vieja silla y rememora que no es fácil garantizar la tierra para su pueblo, porque aún persiste la vulneración de derechos propietarios. Cuenta que hace un mes resolvieron un litigio de hace diez años y que involucraba a 200 hectáreas, sin intervención de la Justicia y apelando a la conciliación interna. Según el representante, el problema surgió cuando un conocido ganadero y exsenador (Wálter G.) amplió su propiedad amparado en un acuerdo rubricado con un exdirigente que fue acusado de recibir Bs 21.000 a cambio de las tierras. “Antes, los caciques han estudiado hasta quinto básico, la gente se aprovechaba de ello”, cuestiona, mientras responde al saludo de dos pobladores que retornan de una jornada de cacería: uno de ellos porta una escopeta y el otro carga en su espalda el cuerpo de un taitetú, chancho de monte (Tayassu tajacu). Enfrentamiento. “El problema de invasión (del territorio) es cada año, más que todo con los campesinos y ganaderos. Nosotros mismos como dueños hemos hecho prevalecer nuestros derechos. Defenderemos lo que es nuestro. A veces no denunciamos porque decimos para qué, no van a hacer nada”, señala el dirigente tras recordar que un reciente enfrentamiento con campesinos terminó restando 350 hectáreas a su territorio consolidado. En aquel conflicto, los sirionós tuvieron que resignar sus derechos y llegar a un pacto con los ocupantes de sus predios para dividirse 700 hectáreas en mitades iguales y así evitar mayor discordia. Quienes avalaron el acuerdo, que no tuvo compensación, fueron a la Fiscalía, autoridades departamentales, la regional de la Defensoría del Pueblo y la organización no gubernamental Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS). No es todo. El dirigente agrega que la TCO enfrenta otro lío similar con un ganadero (Eduardo R.) por 300 hectáreas, a quien convocarán para conminarlo a que abandone los espacios en pugna. “Primero hacemos (el desalojo) por las buenas, previa conciliación en el Consejo Indígena; si no se puede, acudimos a la Justicia, al INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) y al juez agrario”. La Constitución Política reconoce 18 derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, entre ellos la titulación colectiva de tierras y territorios, la libre determinación y territorialidad, “la gestión territorial indígena autónoma, y el uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros”.