“El ex ministro de Gobierno no puede ser excluido de responsabilidad, especialmente si la serie de acciones violentas por parte de efectivos policiales contra los indígenas se mantuvo durante más de doce horas sin que las autoridades, ni Llorenti, hayan tomado ninguna acción para detenerla”, declaró Rolando Villena.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, hizo conocer su preocupación por la exclusión definitiva del exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, en el caso Chaparina. Anunció además que se realizará un análisis a fondo sobre la decisión que tomó la Fiscalía de Distrito de La Paz. “Realizaremos un análisis exhaustivo de la decisión del Ministerio Público y de todo el proceso que derivó en esta decisión y emitiremos una posición definitiva señalando, si fuera preciso, las acciones que se podrían tomar en el marco de la ley y de nuestras competencias”, anunció este jueves en contacto con un grupo de periodistas. Según una nota de prensa de la Defensoría del Pueblo, Villena indicó que existe preocupación por esta decisión, “la cual parecería estar motivada por razones que ‘se apartan del principio de justicia y podría generar uno de los episodios más contradictorios en el proceso de construcción del Estado Plurinacional, al que debemos cimentar sobre la base de la igualdad y el respeto a los derechos humanos y donde no puede haber cabida para la impunidad ni la protección a los poderosos’”. La autoridad manifestó además que la Defensoría del Pueblo mantiene la posición expresada en su informe sobre la VIII Marcha por el TIPNIS en el que se concluyó que se encontraron indicios de vulneración de los derechos de los indígenas que participaron en esa movilización en 2011. “El ex ministro de Gobierno no puede ser excluido de responsabilidad, especialmente si la serie de acciones violentas por parte de efectivos policiales contra los indígenas se mantuvo durante más de doce horas sin que las autoridades, ni Llorenti, hayan tomado ninguna acción para detenerla”, remarcó. El informe de la Defensoría del Pueblo, que fue presentado en noviembre de 2011, a dos meses de ocurrida la intervención policial en Chaparina, señala además que hubo una serie de “tratos crueles, inhumanos y degradantes" e incluso, según los testimonios recogidos de los marchistas, “actos de tortura”.