La fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, aclaró ayer que si bien hubo la denuncia de la ministra de Justicia, Nilda Copa, tal documento no implicaba que se lleve a cabo una intervención policial.

“De que sí se ha presentado la denuncia, sí se presentó, Esta autoridad ha dispuesto de que se ponga en conocimiento del fiscal asignado. Se ha presentado el sábado, el lunes se ha providenciado y dentro de las 24 horas se ha remitido a la fiscal”, manifestó Yañíquez a los periodistas. La fiscal de Distrito manifestó que la denuncia emitida por la ministra de Justicia; el viceministro de Justicia, Nelson Cox, y dos funcionarios del Ministerio de Gobierno no fue una base para realizar un requerimiento fiscal, el cual instruya una intervención policial a los indígenas que marchaban en defensa del Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (TIPNIS). Asimismo, manifestó que de acuerdo con las normas vigentes, la Policía puede actuar sin necesidad de una orden fiscal. El artículo 252 de la Constitución Política del Estado (CPE) indica que “las fuerzas de la Policía boliviana dependen de la Presidenta o Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno?”. Anoche, el presidente Evo Morales aseveró que la intervención policial “no fue una instrucción del Presidente, ni de las autoridades. Jamás instruimos (algo así) contra los hermanos indígenas”, manifestó en conferencia de prensa en Palacio. Yañíquez aseveró que las facultades de la Policía están en la Constitución Política del Estado. “Entonces, tendría que actuar dentro de este marco”. En la querella presentada ante la Fiscalía se lee que quienes presentan el documento legal son Copa, Cox y “Denis Rodas, jefe de la Unidad de Gestión Jurídica, y Fernando Rivera, asesor legal de Asuntos Jurídicos, ambos del Ministerio de Gobierno, con poder extendido mediante testimonio del 13 de septiembre otorgado por el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti”.