El feminicidio deja 536 huérfanos desde 2020, 44 de ellos en 2026
La cifra refleja las consecuencias del feminicidio más allá de la muerte de las víctimas. El reglamento de la Ley 1680 establece medidas de protección y asistencia económica para las hijas e hijos que quedan sin sus madres.
Imagen: Una marcha en contra de la violencia hacia la mujer. OPINIÓN
11 de octubre de 2026
REDACCIÓN
El feminicidio no termina con la muerte de una mujer. Deja familias destrozadas, padres que esperan a sus hijas, hijos que crecen sin sus madres y hogares marcados por una ausencia irreparable.
Desde 2020 hasta julio de 2026, la Fiscalía General del Estado registró 536 niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos a causa del feminicidio en Bolivia. De ese total, 308 son hombres y 219 mujeres. En nueve casos, el registro no consigna el sexo.
El desglose anual reporta 69 huérfanos en 2020, 79 en 2021, 93 en 2022, 87 en 2023, 87 en 2024, 77 en 2025 y 44 en lo que va de 2026. Estas cifras reflejan las consecuencias del feminicidio más allá de la muerte de las víctimas y la necesidad de garantizar protección a sus hijos.
Sin embargo, los registros podrían no reflejar todos los casos. La falta de identificación o de información sobre algunos niños y adolescentes puede dejar fuera a otras víctimas indirectas de la violencia feminicida.
Ante esta realidad, el Gobierno aprobó el reglamento de la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y otros delitos contra la vida. La normativa permitirá implementar un registro nacional para identificar a esta población y facilitar el acceso a medidas de protección y asistencia.
El reglamento establece un bono mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional, que representa 660 bolivianos. El beneficio está dirigido a menores de 18 años y puede extenderse hasta los 25 si continúan sus estudios. También contempla a personas con discapacidad que estén impedidas de trabajar.
La norma incluye atención gratuita en servicios de salud, inscripción inmediata al sistema educativo y prioridad para acceder a becas universitarias y de institutos. Además, establece que las niñas y los niños menores de cinco años reciban un paquete alimentario mensual equivalente al 20% del subsidio de lactancia.
El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades desarrollará el registro nacional en coordinación con los gobiernos departamentales. Su implementación permitirá identificar a los beneficiarios y avanzar en la aplicación de las medidas previstas por ley.
La aprobación del reglamento abre el camino para que los hijos de las víctimas accedan a asistencia económica y servicios básicos. El desafío será llegar a quienes necesitan protección y garantizar que la pérdida de sus madres no los deje también sin respaldo institucional.
