Muertes bajo custodia estatal: el silencioso circuito de la impunidad
Entre 2016 y 2024, 58 personas fallecieron en recintos policiales, mientras que en las cárceles se registraron más de 500 muertes entre 2019 y 2024. Detrás de estas cifras aparecen versiones de suicidio, violencia, fallas forenses y procesos que no siempre logran establecer responsabilidades.
Brújula Digital|28|09|26|
Luis Fernando Cantoral*
Martín Poma Quispe, un chofer de minibús de 58 años, rozó levemente el farol trasero de un automóvil en Mallasilla, La Paz. Pese a que el daño no superaba los 500 bolivianos y el vehículo fue retenido en el garaje de la Estación Policial (EPI) de Calacoto, los custodios encerraron a Poma. Cuando sus hijos acudieron con el dinero, la contraparte y su abogado exigieron retener además sus teléfonos celulares como “garantía”. Rechazaron firmar el acuerdo. Ante la negativa, la suboficial de turno y los custodios mantuvieron retenido al conductor.
Luis Fernando Benitez, un albañil de 30 años y padre de dos niños, retornaba de un paseo familiar en Bermejo, Tarija, en el vehículo de su padre. Una patrulla policial lo interceptó por una denuncia de su expareja por un saldo pendiente de asistencia familiar. Fue ingresado a la carceleta del Comando Policial de Bermejo bajo estricta incomunicación hasta que pague. Una vez encerrados, los aprehendidos quedaron atrapados en una “zona gris” sin supervisión independiente.
Al cuarto día de detención, por supuesto mal comportamiento, Benitez fue enmanillado al arco de metal de la cancha del recinto, al aire libre, y dejado ahí hasta pasado el mediodía bajo un sol abrasador. Pidió agua, se la negaron. Intentó arrastrar el arco hacia la sombra y una policía le roció gas en la cara, otro lo golpeó con su tolete hasta romperlo. Por la noche, fue agredido con palazos en la cabeza por otro efectivo. Fue llevado a las 11 de la noche al fondo de la cancha, con la ayuda de dos efectivos de Interpol. Apagaron las luces y ejecutaron una golpiza masiva mientras la víctima balbuceaba pidiendo ayuda. Su retención por una deuda civil terminó con su fallecimiento.
En la EPI de Calacoto, Gabriela Poma encontró a su padre desesperado pidiendo salir. Mientras gestionaba su liberación, la policía la convocó aduciendo que el chofer “se puso mal”. Los familiares hallaron a Poma en su celda sobre un sillón y sin signos vitales, mientras policías aplicaban alcohol en su rostro para reanimarlo. La versión oficial fue que se había “suicidado con su corbata”, pero la autopsia reveló que Poma presentaba múltiples costillas fracturadas en vida, hematomas en los pies y células epiteliales ajenas bajo sus uñas. El surco en su garganta indicaba un material delgado. Su corbata de trabajo, con la que supuestamente se ahorcó, yacía intacta en la guantera de su minibús.
Ante el colapso de los detenidos, la Policía “actuó”. En Calacoto, según la denuncia de la familia, el capitán Molina se negó a usar la patrulla parada en la puerta para trasladar a Martín Poma, diciendo que ya venía bomberos para hacerlo, obligando a sus hijas —una de ellas embarazada— a cargar el cuerpo inerte en su auto particular hasta el hospital, donde ingresó sin vida.
En Bermejo, los custodios trasladaron clandestinamente a Benitez en camilla al Hospital Virgen de Chaguaya a la una de la madrugada aquejado de intensos dolores, ocultando el hecho a la familia hasta que el representante de la Defensoría del Pueblo los alertó a las ocho de la mañana. El primer certificado de la médico forense Mabel Villalpando otorgó insólitamente 15 días de impedimento a un paciente con muerte cerebral, mientras el director de la carceleta, Heriberto Colmena Quispe, firmó un informe atribuyendo las lesiones a un “ataque de epilepsia” y posteriormente a una “autolesión por consumo de drogas”.
La autopsia constató tres costillas fracturadas, golpes brutales por todo el cuerpo, el corazón desplazado por impactos torácicos y hemorragias sangrantes en la masa cerebral.
58 personas muertas en recintos policiales
Los casos de Poma y Benitez son una muestra de la dimensión del problema. En Bolivia, ingresar a una celda policial o carcelaria puede transformarse en una condena de muerte sin juicio. Entre 2016 y 2024, el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas del Ministerio de Gobierno, con datos de la Policía Boliviana, contabilizó 58 personas fallecidas en recintos policiales. La mayoría tenía entre 17 y 30 años. La ausencia de datos judiciales no permitió establecer las causas de todas las muertes ni a sus responsables.
Esta investigación de ANF, con el apoyo de IPYS y AECID, en alianza con Erbol, Acceso Investigativo, Brújula Digital y La Palabra del Beni, documentó 34 casos de muertes ocurridas entre 2010 y 2026, identificados mediante la revisión de publicaciones periodísticas y documentos institucionales, así como información proporcionada por fuentes cercanas a la Fiscalía Departamental de La Paz y datos contenidos en un informe de 2024 de la Fiscalía General del Estado. En la mayoría de los casos revisados, las muertes ocurrieron en circunstancias que evidencian situaciones de violencia, abusos o posibles vulneraciones de derechos.
Datos de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo, en su rol de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), informó para esta investigación que atendió, entre 2021 y 2025, 12 casos críticos de vulneración en celdas policiales: nueve muertes bajo custodia y tres casos de tortura.
Identificó que las muertes en celdas policiales responden a factores estructurales, sanitarios y de violencia: atención médica tardía, agravamiento de enfermedades, uso excesivo de la fuerza, posibles ejecuciones encubiertas como suicidios y presuntos actos de tortura o malos tratos. Señala que la Policía Boliviana no cuenta con protocolos específicos para prevenir muertes bajo custodia, lo que se suma a la falta de registros homogéneos y a la debilidad de los controles internos.
El quebrantamiento del deber de garante del Estado se articula mediante un circuito de impunidad: detenciones arbitrarias, uso de tortura en calabozos, precariedad material extrema en las celdas, distorsión pericial en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la autoinvestigación policial y el bloqueo deliberado de causas judiciales.
Detrás de los barrotes de las comisarías y los pabellones penitenciarios no se gesta un mero inventario de accidentes trágicos o decisiones personales de los internos. De acuerdo con la información recabada para esta investigación, las muertes bajo custodia estatal en Bolivia son el síntoma de un patrón de violencia e indefensión institucionalizadas.
Los “suicidios” y la manipulación pericial
La calificación apresurada de una muerte bajo custodia como “suicidio”, señala Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, funciona como coartada institucional para cerrar de oficio los expedientes, sin embargo, la hipótesis del suicidio “no exime al Estado de su responsabilidad por omisión en el deber de protección”.
Sostiene que la etiqueta de “suicidio” se utiliza para encubrir la violencia de organizaciones criminales, en caso de centros penitenciarios, o palizas de los propios custodios, en celdas policiales, descartando maltratos si no hay marcas externas visibles, lo que contraviene el Protocolo de Minnesota, que establece que toda muerte bajo custodia del Estado se presume potencialmente ilícita.
Casos inverosímiles
El historial boliviano exhibe casos inverosímiles que no pueden sostenerse razonablemente como explicación. En 2014, el empresario Arturo Cuba apareció colgado con las manos atadas hacia atrás en el baño de la fuerza anticrimen (FELCC) de La Paz tras ser aprehendido por disputas de contratos del programa “Evo Cumple”. La Policía sostuvo que se ahorcó con los cordones de sus zapatos.
Su abogado, William Sánchez, cuestiona lo ocurrido. “Se habría amarrado las manos hacia la espalda para luego colgarse. No lo creo. Además, teníamos informes de que lo subieron, horas antes, al tercer piso de la Policía y de ahí bajó en otras condiciones”. La fiscalía, luego de una pericia forense a los cordones, determinó que fue suicidio al encontrar ADN de Cuba en los mismos.
En la cárcel de Chonchocoro, en febrero de 2023, Víctor Montevilla y César Aduviri aparecieron colgados de la viga del techo del taller de hojalatería con las manos y pies atados. Pese a que la mamá de Aduviri denunció que su hijo era víctima de extorsión y fue amenazado de muerte, la fiscalía apuntó a explorar el estado de ánimo de ambos internos con la hipótesis de homicidio—suicidio. El fiscal sostuvo que, al no identificar al autor material ni contar con elementos suficientes para una imputación formal, correspondía rechazar el caso.
Andrés Gautier, psicoterapeuta del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), señala que en casos documentados en La Paz y Cochabamba, la versión policial de “suicidio por colgamiento”, ratificada por la fiscalía, resultaba físicamente improbable por la mecánica de los hechos. A su juicio, calificar estas muertes como suicidios responde a una “voluntad de encubrimiento” institucional que protege la imagen policial y evita investigar a los responsables.
En 2015, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por varias muertes, presuntamente por ahorcamiento, que no habrían sido prevenidas. En un caso, la víctima tenía las manos atadas a la espalda; en otro, el supuesto suicidio ocurrió frente a otros detenidos y a pocos metros de los guardias.
Silencio oficial
ANF pidió al viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, el descargo sobre los casos de muertes bajo custodia en instancias policiales y qué medidas concretas implementarán para evitar más muertes, entre otras preguntas. El viceministro derivó la consulta al Comando General de la Policía, que, entre varias argumentaciones, le respondió que “no corresponde” el otorgamiento de información al tener carácter de reserva.
Este medio buscó el descargo de manera directa con Paredes que respondió: “solo el ministro hace declaraciones”. ANF envió cinco preguntas al ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo por medio de su jefe de comunicación, pero hasta la publicación de este reportaje no recibió respuesta.
El IDIF en la mira
Las fallas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) profundizan el problema. Ernesto Málaga, psiquiatra y especialista en medicina legal, señala que el servicio médico forense en Bolivia adolece de graves falencias metodológicas y de un déficit estructural de independencia técnica. Su principal distorsión radica en depender orgánicamente del Ministerio Público y no del Ministerio de Salud, lo que somete la labor pericial a presiones jurídicas en lugar de ajustarse al rigor del método científico.
El especialista señala que el error primario se comete en el levantamiento de cadáveres, ejecutado por policías criminalistas sin la presencia de un médico legista capacitado, perdiendo indicios fisiopatológicos e histológicos irrecuperables. Además, se vulneran los protocolos al no examinar el cuerpo in situ, envolverlo en frazadas contaminadas y trasladarlo de forma precaria.
Esta precariedad fue documentada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) al evaluar el desempeño del IDIF en la crisis política de 2019. Ramiro Orías, abogado y especialista en Derechos Humanos, rememora que el informe señala que “nada de lo que investigó el IDIF podía ser llevado a juicio de forma sólida porque no se cumple la cadena de custodia ni hay reactivos de laboratorio”.
A este cuadro se añade el desuso de estándares como el Protocolo de Minnesota, para investigar muertes potencialmente ilícitas, y el Protocolo de Estambul, para casos de torturas. David Inca, defensor y activista de Derechos Humanos, afirma que tanto las Reglas de Mandela como los protocolos de Minnesota y Estambul son tratados por policías y fiscales como simples referencias no obligatorias.
Versión del IDIF
El IDIF, en respuesta a una solicitud de información, señaló por escrito que “cuando las características del caso lo requieren, se consideran estándares internacionales reconocidos”, como los protocolos de Minnesota y Estambul. Su función en muertes bajo custodia “es aportar elementos científicos y técnicos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos”. Sobre la independencia, afirmó que “el IDIF goza de autonomía funcional” y que las conclusiones forenses deben responder “a los hallazgos obtenidos y a los procedimientos científicos aplicables”, sin condicionamientos por la identidad o condición de los involucrados.
La autoinvestigación
No obstante, el nudo ciego de la impunidad reside en la investigación policial. David Inca explica que existe una paradoja legal en la que la ley encomienda a la misma Policía investigar a sus miembros. Debido a la estricta estructura de grados y jerarquías, “un oficial investigador o un perito de menor rango difícilmente formulará una imputación ni señalará como responsable a su comandante de turno”.
“Internamente prima una doctrina que busca proteger la imagen de la institución por encima de la vida y la dignidad del individuo, derivando en un encubrimiento mutuo”, señala Inca.
Yolanda Herrera advierte que, en estos casos, “los procesos se demoran y terminan quedando en el olvido”, forzando que la familia de la víctima tenga que presionar o buscar pruebas para evitar el archivo de la causa.
Los organismos internacionales han advertido sobre Bolivia durante años respecto a violencia, deficiencias de prevención, atención médica insuficiente y, especialmente, la necesidad de investigaciones independientes y eficaces para determinar cómo y por qué mueren las personas bajo control estatal.
El negocio de la sobrevivencia carcelaria
Si las comisarías son la puerta de entrada a la tortura, el sistema penitenciario representa el colapso absoluto de la garantía estatal: hacinamiento y sobrepoblación extrema, déficit crítico de salud, omisión de auxilio médico y desnutrición, estigmatización y deshumanización, y encubrimiento de muertes violentas, son algunos de los factores que coadyuvan a la crisis de esta situación.
El diputado Marcelo Solís, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, grafica el colapso tras la visita a varios recintos. “En San Sebastián hombres (Cochabamba), una infraestructura proyectada para 300 personas alberga a 1.178 reos que duermen en pasillos, cocinas, baños y techos. En San Sebastián Mujeres, un espacio para 80 cobija a 335, conviviendo niños con enfermas de cáncer o VIH. Este hacinamiento vuelve incontrolable la seguridad”, dice.
Muertes violentas
Este escenario provocó que las muertes violentas en cárceles pasaran de 15 en 2025 a 17 fallecimientos violentos solo entre enero y julio de 2026. Además, existen únicamente 64 médicos en todo el sistema, equivalente a un médico por cada 510 reclusos, imposibilitando los exámenes médicos de ingreso.
Según el informe de seguimiento a la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, el 53,91% de los 32.677 privados de libertad en las 43 cárceles del país se halla en prisión preventiva sin sentencia. El excedente de sobrepoblación promedio nacional supera el 109%.
En este escenario, que se agudiza cada año, los casos de muertes bajo custodia estatal en centros penitenciarios, entre 2019 a 2024, por causas como enfermedad, agresiones y suicidios, se acercan a los 600. En 2024, de 139 personas fallecidas, 96 (69%) estaban por detención preventiva: 93 hombres y tres mujeres.
La Defensoría del Pueblo señala que el hacinamiento y sobrepoblación extrema por el uso excesivo y predominante de la detención preventiva debilita el control de la seguridad interna, derivando en incidentes violentos, riñas y el uso de armas de fuego que causan muertes violentas.
Para Yolanda Herrera, la ausencia de una política penitenciaria permite que mafias controlen las cárceles mediante “alquileres” de celdas y “seguros de vida” bajo amenaza. “El que tiene plata vive con comodidades; la gente empobrecida queda sometida a la desnutrición y a ser agredida hasta morir por no pagar una cuota”, afirma.
Ramiro Orías identifica que el detenido es tratado, por la sociedad y el Estado, como “desechable”, que ha perdido todos sus derechos, normalizando los decesos en prisión. El débil control estatal también facilita el ingreso de armas y fortalece el autogobierno carcelario.
Para este reportaje se envió una solicitud de información al director general de Régimen Penitenciario, coronel Daniel Mérida, sin obtener respuesta hasta el momento de la publicación.
En América Latina, Bolivia aún no alcanza los niveles de mortalidad violenta registrados en países como Ecuador o Venezuela. Sin embargo, sus indicadores evidencian un deterioro de la capacidad estatal para garantizar la vida bajo custodia y muestran un cambio en el patrón de mortalidad: decesos antes vinculados principalmente a enfermedades conviven ahora con un incremento sostenido de muertes violentas.
La arquitectura judicial del encubrimiento
Cuando la violencia deviene en muerte, el Ministerio Público articula un muro de contención procesal caracterizado por la dilación, el extravío de expedientes y la recalificación de delitos, señalan los especialistas y abogados de las víctimas.
En el caso del interno José Luis Choque, ocurrido en el penal de San Pedro en diciembre de 2016, tras formalizarse la querella por asesinato, el acceso al expediente fue bloqueado. Su abogado, Guillermo Llacsa, denuncia que jamás se le quiso prestar el cuaderno de investigaciones. “Pasaron los días para aburrirnos y el caso quedó en el olvido. Lo hicieron desaparecer por completo porque jamás nos notificaron con ningún acto conclusivo”.
En el caso de Martín Poma, la inspección ocular fue suspendida seis veces consecutivas y la fiscalía retiró del proceso penal al capitán Molina y a la suboficial Tancara, dejando la causa contra dos custodios subalternos.
En Bermejo, durante el juicio por Luis Fernando Benitez, la fiscalía omitió incorporar al cuaderno procesal un disco compacto con 300 fotografías de la autopsia. Cuando la familia solicitó una metapericia forense para aclarar las contradicciones del certificado inicial, el juzgado rechazó el pedido alegando que “el CD no existía en el expediente” y negó la declaración del perito legista.
Se observa además la rebaja del tipo penal de los tribunales y fiscalías. Pese a que la familia Benitez querelló por asesinato dada la tortura prolongada en tres fases, el tribunal modificó el delito. El abogado defensor Elehin Velásquez explica que el tribunal señaló que “no existía la intención de quitarle la vida” y bajó el tipo penal a “vejaciones y torturas”, fijando 10 años para dos policías y 5 años para el que uso el tolete. Sin embargo, dice, “amarrar a alguien al sol y rematarlo a oscuras es una agresión letal previsible". El director de la carceleta, Heriberto Colmena Quispe, fue absuelto de toda culpa penal, y en la vía disciplinaria policial solo recibió dos meses de suspensión.
Silencio en el Ministerio Público
ANF solicitó a la Fiscalía General del Estado información sobre las muertes bajo custodia, casos resueltos, niveles de impunidad y garantías de independencia en las investigaciones, pero no recibió respuesta. También pidió datos a la Fiscalía Departamental de La Paz sobre los casos de esta jurisdicción. Hasta el cierre de esta publicación, tampoco respondió, pese a comprometerse en reiteradas ocasiones a hacerlo.
A este comportamiento jurídico se suma el amedrentamiento a los querellantes. En el caso de Martín Poma, la Policía intentó incriminar a su hija Gabriela por las lesiones de su padre. “Pretendían hacer creer al juez que yo, en cuatro minutos, le había fracturado múltiples costillas a patadas a mi papá para librarse ellos. Lo único que buscan es infundir miedo”, denuncia. En Bermejo, familiares fueron amenazados con procesos por “manejo de documentación falsa” y advertidos de que ingresar a la carceleta para buscar testigos “cometerían un delito y voltearían el caso a favor de los policías”.
Finalmente, el juzgamiento se desarrolla bajo una marcada asimetría procesal. Rosaura Benitez recuerda: “Nosotros solo podíamos pagar un abogado. En cambio, cada policía se presentó con dos o tres abogados; eran más de diez abogados del lado policial, hacían callar a nuestro representante. Nos veíamos solos, porque la Procuraduría brilló por su ausencia”.
Las secuelas del desamparo
Las secuelas humanas tras una muerte bajo custodia son devastadoras e irreparables. En Bermejo, la familia Benitez aun lleva un nudo en el pecho. El trauma del juicio mermó sobre todo la salud de los padres.
"Mi mamá está mal. Tememos por su vida porque ha estado en cada audiencia escuchando cómo ocurrieron las torturas; vamos al cementerio a llorar sin entender por qué ocurrió esto", relata Rosaura.
Luis Fernando era el penúltimo de cinco hermanos y vivía con sus padres junto a su esposa e hijo de dos años de ese segundo matrimonio. Asistía a su padre que requiere de muletas para desplazarse.
La familia apeló la sentencia y también los condenados que, por los años de prisión y el tiempo transcurrido, ya han comenzado a tramitar su salida de la cárcel bajo la detención domiciliaria.
Andrés Gautier advierte que negar la verdad altera el duelo: “El ser humano tiene derecho a saber qué pasó. Enfrentarse a un cadáver sin que el relato coincida con las marcas genera una duda que afecta toda la vida”. A ello se suman la falta de reparación y apoyo psicológico público, y las amenazas que llevan a algunas familias a guardar silencio y desistir de sus denuncias.
Proyecto de ley sin avance
En el ámbito normativo, el proyecto de la Ley Integral contra la Tortura —que establece la obligatoriedad de los Protocolos de Minnesota y Estambul, la protección a denunciantes y la investigación independiente— ha permanecido congelado en la Cámara de Diputados. David Inca denuncia que “en la Comisión de Derechos Humanos nos dijeron formalmente que no tenían tiempo para abordar el tema por la coyuntura política”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Marcelo Solís, confirma la reposición de la propuesta. “Reconocemos el problema estructural. Hemos pedido la reposición de la Ley Integral contra la Tortura para adecuar la legislación a los protocolos de Minnesota y Estambul. Asimismo, es urgente que el Ministerio Público administre un Registro Público Unificado de Personas Fallecidas bajo Custodia para transparentar las causas reales de cada deceso”.
Gautier define los módulos policiales como “zonas grises”, donde no se convoca de inmediato a médicos legistas independientes para evaluar a los detenidos, pese a que las primeras horas son de mayor riesgo de tortura. A ello se suma la ausencia de protocolos de evaluación psicológica para detectar descompensaciones emocionales o estados presuicidas, advierte la psicóloga forense Guiomar Bejarano.
De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado sobre casos de muerte bajo custodia —en comisarías y cárceles— en respuesta solicitada en 2024 por la Defensoría del Pueblo, de 16 casos reportados por las fiscalías departamentales, solo 3 tuvieron sentencia. En ocho casos la causa de la muerte se investigó por suicidio, en cuatro por pelea entre reos, dos por homicidio, uno por asesinato y otro —un militar— por asfixia en una unidad naval.
Para romper la inercia de la impunidad, juristas como Ramiro Orías señalan la necesidad de implementar mecanismos internacionales e independientes de investigación.
“Cuando las muertes bajo custodia se convierten en una práctica sistemática, ya no se puede investigar caso a caso mediante la misma policía. Corresponde constituir un mecanismo de expertos internacionales independientes que apliquen el Protocolo de Minnesota, conduzcan investigaciones de oficio sujetas al escrutinio público y garanticen un fondo de reparaciones integrales”.
Medidas planteadas por la Defensoría
La Defensoría del Pueblo plantea medidas urgentes como incorporar las celdas policiales al Régimen Penitenciario; sustituir el actual modelo de comisarías por una nueva Ley de Faltas y Contravenciones; aprobar la Ley Integral contra la Tortura, con evaluación médica obligatoria, acceso irrestricto del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y el registro estadístico; e instalar letreros sobre derechos y asistencia legal en recintos policiales.
Mientras en los despachos judiciales algunos casos continúan cerrándose bajo hipótesis como suicidio o muerte natural, las muertes bajo custodia siguen enfrentando obstáculos para esclarecerse. Las deficiencias en la investigación policial y forense, la falta de registros públicos y la ausencia de mecanismos independientes limitan la posibilidad de establecer responsabilidades.
Para las familias, como las de Martín Poma y Luis Fernando Benitez, el resultado es la incertidumbre y, en muchos casos, la falta de una respuesta efectiva del Estado.
Esta investigación fue financiada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
